La
pregunta es muy sencilla: Sí el mundo necesita un súper-policía.
Sí EE.UU. asumió este papel o sí en
cambio, se comporta como un imperio, como la antigua Roma. Recordemos que Roma
fue el último de esta naturaleza. Este imperio, conquistó y dominó militarmente
y civilmente todo lo que se encontró. Roma
conquistó el mundo para sí. No es el caso de los Estados
Unidos, pero pese a las diferencias históricas, en ocasiones se comporta como tal. Su carta
de vuelo, es su constitución, aprobada después de la revolución que le dio la independencia. El progreso de esta nación fue galopante, rápido, ambicioso,
lleno de logros científicos y tecnológicos, al final termina consolidándose
como potencia económica, militar y social, que cela sus intereses particulares
y quien per se asumió ser guardián de la democracia y los derechos humanos. Este papel, teóricamente
está sustentado en sus enmiendas, que son una proclama a la libertad. Defendiendo supuestamente estos valores, ha intervenido militarmente en grandes conflictos, donde ha resuelto a favor
de la democracia y en contra de los totalitarismo: primera y segunda guerra
mundial; forjó la creación de la ONU, financió el plan de reconstrucción de Europa.
Ahora, muchos hechos en la práctica contradicen
totalmente el talante de esta nación: intervenciones violatorios de los
tratados internacionales: Panamá, Nicaragua, Irán, Afganistán; torturas y
detenciones arbitrarias; conspiraciones como la de Chile; imposición de políticas
comerciales; acceso directo a información secreta y manipulación de la misma
para cuidar sus intereses comerciales y políticos. En estos casos está
descontado que actúa como súper-potencia, sólo se preocupa por sus intereses
particulares e irrespeta sus propios valores y por su puesto a sus pares. Esta
nación está siempre atento en aquellas regiones donde existe riqueza: El medio
oriente por su petróleo; África, por las materias primas y minería a gran
escala; Latinoamérica, recursos naturales, minería y biodiversidad.
Cuáles
son los contrapesos que el mundo le debe anteponer a la súper-potencia. Muchos
y está demostrando en el caso Siria. Esta nación que impone la cultura que
consumimos y en la que vivimos; con las mejores universidades; dueña de la
mayoría de las grandes investigaciones;
que maneja el internet y la red, por lo tanto la información; que generó una
sociedad abierta; una economía global, la cual se ha consolidado en los últimos
veinte años; la apertura comercial y cultural resultado más visible de la globalización. En
este escenario, las redes sociales juegan un papel relevante. Para nadie es un
secreto que a pesar de la presión del
presidente Obama, hasta ahora se ha quedado solo en la locura de intervenir
militarmente a Siria. Las redes sociales, ese mecanismo de red, se han
convertido en un instrumento de lucha inigualable. El mundo nunca ha sido
indiferente a las atrocidades del dictador Sirio, pero es consciente que la
intervención no es el camino y que debe aplicar presiones de tipo diplomático y
económico fuertes. Así lo entendieron los mandatarios del G-20, la mayoría de
aliados y gran parte del mundo democrático. Es paradójico que el presidente
Obama insista en una operación en contra de tantos factores. Siendo nobel de
paz otra debería ser su actitud.
Hoy
he sabido que el presidente Obama aplazó cualquier intervención ante una
propuesta Rusa, que tiene en la mira obligar al dictador Sirio a entregar las
armas químicas. No queda sino esperar como se resuelve la crisis.
Después de una evaluación juiciosa
del orden público en las principales ciudades colombianas, decidí poner en
contexto el problema del poder. La pregunta puntal: Quien manda, en manos
de quien está la autoridad en nuestras capitales. Descifrar esta pregunta,
significa romper el velo sobre los entramados del poder en manos de las bandas
criminales, el contubernio perverso de estas con las autoridades y por su
puesto la situación del ciudadano común, que está en medio de estas dos fuerzas
que lo avasallan.
Las bandas criminales tiene una
génesis, comprenderla bien nos ayudara a entender y descifrar su empoderamiento
actual. Con este nombre se identifica a una serie de organizaciones mafiosas
que operan en Colombia. Esta denominación fue otorgada por el ex presidente
colombiano Álvaro Uribe, frente al fenómeno o reestructuración del crimen
organizado, luego de un proceso de desmovilización de
32 000 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
el fortalecimiento de la implementación de la política de seguridad
democrática y la influencia del narcotráfico. Las bandas criminales
operan en todo el territorio nacional, aunque también mantienen presencia en
otros países como Venezuela y Panamá. Sus aliados estratégicos
son las FARC, ELN, EPL y varios narcotraficantes, debido
a que su principal actividad en principio, fue el control sobre el tráfico de
estupefacientes, ahora existen mecanismos más eficaces, que van desde tributos,
cobros ilegales, la extorsión, el microtráfico y el control de las ollas. También
se tiene indicios sobre los nexos con varias mafias mexicanas, entre las que
figuran el Cártel de Sinaloa, y Los Zetas.
Entre sus accionares se encuentra el
ataque, la extorsión y el secuestro a la población civil y miembros de la
fuerza pública. Otras actividades obedecen al reclutamiento forzado de
menores de edad y el impuesto, una modalidad extorsiva que busca la
intimidación y el desembolso de dinero por parte de comerciantes, empresarios
y, en ciertas ocasiones, a compañías y empresas de diversos sectores.
Después del proceso de Ralito y
la desmovilización promovida en el primer gobierno del Doctor Uribe, de las
Autodefensas Unidas De Colombia, se fueron develando aspectos sustanciales al
interior de estas organizaciones, que ayudaron a descifrar este fenómeno. Desde años atrás, las ciudades estaban bajo control de las bandas
criminales, al principio con organizaciones muy incipientes que nacieron
atendiendo encargos de los varones de la droga hasta lograr estructurarse con
más fortaleza. Con el tiempo, gracias al dinero obtenido por estos favores, crearon
jerarquías de mando, se consolidaron los llamados combos, verdaderos grupos pequeños de
poder, los cuales buscaron ser visibles en la ciudad, ganando reconocimiento, pues ser visible, significa en carta
blanca, ser respetados. En el caso de Medellín la red delincuencial era
reconocida, su entramado era visible. Volvamos al caso de don Berna. Hasta hace
poco, su autoridad estaba por fuera de cualquier duda en Medellín, se había
hecho al control total de Medellín y lo ejercía de manera absoluta.
Algún día le dijo al alcalde, voy a parar la ciudad y así se hizo, dejó de
funcionar el transporte público, muchos negocios cerraron y de pronto la ciudad
se paró bajo su mandato. Cómo llego a este poder. Llegó a la cima después de
una carrera delictiva de años, nació como correo, se hizo respetar como
sicario, creció junto a los grandes narcotraficantes, hasta convertirse en el
capo, el único, sobra decir que después de muchos sucesos y circunstancias que
convergieron a su empoderamiento. Esto quiere decir que en la ciudad,
la infinidad de grupos delincuenciales, terminaron atendiendo a una
sola voz de mando, la del patrón. Ahora es preciso tener en cuenta el análisis
sociológico de contexto, de lo que pasó en los barrios, en las comunas, zonas
que tienen su propia historia. Las comunas nacieron y crecieron, por efecto de
los recurrentes desplazamientos de campesinos, producto de la violencia de los
años cincuenta, sesenta y setenta, frito de las luchas partidistas. De esta
manera se fueron creando cordones de
pobreza alrededor de las grandes las capitales colombianas. Con el tiempo
adquirieron importancia desde lo
urbano, lo social y para la propia gestión pública, llamase: Ciudad Bolívar,
comunas de Medellín, distrito de agua blanca en Cali. Hoy sería imposible
gobernar cualquiera de estas ciudades sin tener en cuenta estas grandes zonas. Desde
esta perspectiva, resulta evidente que existe un problema social concomitante
con el problema de las Bacrim. Existen responsabilidades directas del estado,
la clase dirigente, sectores gremiales y la sociedad. Cual ha sido la acción
del estado al respecto. Empecemos por las decisiones de carácter policivo. Casi
siempre son de reacción. No hay política criminal. Debemos saber que el estado
y política criminal deberían estar ligados; aunque es evidente que puede haber
muchas políticas criminales dentro de un Estado, en la medida que el poder esté
repartido y en cuanto haya la posibilidad de diferentes movimientos de
expresión. “la política criminal es un mecanismo que distribuye el poder de
criminalización, al usar las leyes, la policía y el proceso para dar solución a
los conflictos sociales. Pero esta política parte de la igualdad en teoría,
porque en la práctica lo que existe es una discriminación, que se manifiesta en
una desigual distribución de la criminalización, entonces en principio debe
propender por redistribuir el poder de criminalización, abarcando todo el
sistema criminal. Ahora la política social y la inversión por muchos años
fueron muy débiles, tuvimos un asistencialismo perverso, paralelo a esto,
vivíamos en medio de una corrupción enquistada en todas las instancias. Fueron
veinticinco años en que esta juventud inerme cayó en manos del narcotráfico y
las bandas. Se han instaurado programas sociales, planes de
cobertura, comedores comunitarios, vivienda de interés social, para atenuar el
problema básico de exclusión, inasistencia alimentaria, falta empleo,
drogadicción, esfuerzos que no alcanzan a solucionar el problema.
Cada ciudad vive su propia viacrucis.
Algunas han logrado ocultar el problema, encubrirlo. Cito el caso de Medellín,
porque su paz, no corresponde al discurso que trata de vendernos su
alcalde. Las bandas están realmente empoderadas. El ciudadano vive cargado
de temores, no importa si está mal, bien, la presencia de las mismas lo
intimida. Vivimos en medio de una red, es una época de premeditación, los
asesinos están convertidos en jueces. Esto quiere decir que hay un historia
social de la delincuencia, no nacieron por generación espontanea. Es imposible
una negociación de paz sin contar con ellas. Sería fatal desconocerlas.
El Diccionario de la Lengua
Española expresa sobre la definición de baldío: “Dicho de la tierra: Que no
está labrada ni adehesada”. “Dicho de un terreno de particulares: Que huelga,
que no se labra”. “Vano, sin motivo ni fundamento”. “Vagabundo, perdido, sin ocupación ni oficio”. “Dicho de
un terreno: Del dominio eminente del Estado, susceptible de apropiación
privada, mediante ocupación acompañada del trabajo, o de la adquisición de
bonos del Estado”.
Cuando se habla de baldíos,
se toca un tema absolutamente histórico en el marco de la propiedad rural, el desarrollo agrícola
en general, los grandes procesos de coloniaje en el siglo XIX y principios del
XX, determinantes en nuestra economía y fundamental para entender el amplio
espectro denominado por los expertos como:
“Desarrollo rural” y los conflictos armados que ha suscitado el universo
de variables que giran en torno a este tema.
Algunas jurisprudencias los
explican mejor que nadie: “Los baldíos
son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes
fiscales adjudicadles, en razón de que la nación los conserva para adjudicarlos
a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley. Se
denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que
forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites
territoriales y carece de otro dueño. Los bienes baldíos son imprescriptibles,
es decir que no son susceptibles de adquirirse en proceso de pertenencia por
prescripción adquisitiva de dominio. Está perfectamente delimitado en nuestro
código civil, desde el siglo XIX”.
Los baldíos están en el
centro de la discusión de la propiedad de la tierra, su distribución, su
explotación y de hecho de los intentos históricos para llevar a cabo una reforma
agraria: Colombia representa en América Latina uno de los casos en donde más
persistentemente en el tiempo se ha declarado, a través de su legislación, la
intención de llevar a cabo una reforma de su estructura agraria a partir de la
redistribución de la tierra. Ya son más de 40 años acumulando legislación y
haciendo poco o mucho esfuerzo fiscal para realizar la tarea. Sin embargo, los
resultados no podrían ser más pobres, si se los juzga a partir de su
contribución al desarrollo del medio rural y la promoción del progreso y el
bienestar material y espiritual de los campesinos.
la Ley 48 de 1882 en su
Artículo 3° establece, en relación con las tierras baldías, que "su
propiedad no prescribe contra la nación, en ningún caso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2519 del Código Civil"; disposición reiterada por
el Artículo 61 de! Código Fiscal, en el cual se prevé que "él dominio de
los baldíos no puede adquirirse por prescripción".
Que según el artículo 44
del Código Fiscal "Son baldíos, y en tal concepto pertenecen al Estado,
los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen
de otro dueño, y los que habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban
volver al dominio del Estado".
Que de conformidad con lo
establecido por el Artículo 65 de la ley 160 de 1994, la propiedad de los
baldíos adjudícables sólo puede adquirirse mediante título traslaticio de
dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, INCODER.
Que con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 65 de la ley 160 de 1994 sólo podrá hacerse
titulación de baldíos previamente ocupados, en tierras con aptitud agropecuaria
que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización
racional de los recursos naturales renovables, a favor de personas naturales,
empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y
condiciones que para cada municipio o región del país señale el Consejo Directivo
del INCODER.
Que los artículos 49, 53 Y
74 de la Ley 160 de 1994, facultan al Gobierno Nacional para reglamentar los
procedimientos administrativos agrarios de clarificación de las tierras desde
el punto de vista de su propiedad, delimitación o deslinde de las tierras de la
Nación, extinción del derecho de dominio privado sobre las tierras incultas y
recuperación de baldíos indebidamente ocupados, dentro del marco establecido
por dicha ley. El decreto 1465 del 10 de julio del 2013, cuyo contenido
establece que los predios adquiridos antes de la entrada en vigencia de la Ley
160 de 1994 no tendrán que acogerse a las limitaciones que establece dicha
norma, pero los negocios realizados posteriormente a ese año sí deberán
limitarse a no superar una unidad agrícola familiar (UAF) cuando se vayan a
destinar a proyectos productivos a gran escala.
La corte lo ve desde la
función de la propiedad: “La función
social de la propiedad, a la cual le es inherente una función ecológica,
comporta el deber positivo del legislador en el sentido de que dicha función se
haga real y efectiva, cuando el Estado hace uso del poder de disposición o
manejo de sus bienes públicos. De esta manera, los condicionamientos impuestos
por el legislador relativos al acceso a la propiedad de los bienes baldíos, no
resultan ser una conducta extraña a sus competencias, porque éstas deben estar
dirigidas a lograr los fines que previó el Constituyente en beneficio de los
trabajadores rurales.”
El país vive una discusión,
bastante grave, una situación confusa y difusa en referencia a este tema en los
actuales momentos. La más relevante tiene que ver con una información
suministrada por el representante a la cámara Iván Cepeda, en la que se dice
que la empresa Indupalma habría comprado y acumulado tierras baldías para echar
a andar un proyecto de explotación de caucho en la Orinoquia. En dicho proyecto
tendrían participación accionaria familiares de la ministra de Educación, María
Fernanda Campo en la que se dice que la empresa Indupalma habría comprado y
acumulado tierras baldías para echar a andar un proyecto de explotación de
caucho en la Orinoquia. En dicho proyecto tendrían participación accionaria
familiares de la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Por ejemplo: un
grupo de sociedades anónimas simplificadas (SAS), forma de sociedad utilizada
solamente para adquirir predios de origen baldío en este caso especifico. La
operación se habría realizado en momentos en que Campo era presidenta de la
Cámara de Comercio de Bogotá. “El Estado colombiano ha ejercido una política
dual frente a los habitantes rurales. Por un lado está la mezquindad y la
exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas
de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo
rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a
latifundistas y empresarios”. Los documentos aportados por el representante del
Polo, el doctor Cepeda, dejan ver que la operación de adquisición de tierras se
dio de la siguiente manera: en 1990, el Incora adjudicó 21 predios en diversas
veredas del municipio de Puerto Carreño. Veinte años después, en 2010, una
docena de esos predios fueron adquiridos por un grupo de SAS, personas
naturales y la empresa Indupalma, que acumuló los terrenos para adelantar un
proyecto cauchero. Las SAS fueron constituidas en 2010 y poco tiempo después
compraron las tierras. Una de las coincidencias reveladas por Cepeda es que
todas estas operaciones se legalizaron en la misma notaría, la 44 de Bogotá. De
igual manera, el congresista estableció que existe una relación directa entre
la ministra e Indupalma, a través de Rubén Darío Lizarral de gerente de la empresa y su ex esposo.
Este es apenas un caso de
muchos. Sobra decir que no se trata de tomar medidas por fuera de contexto,
defender al campesino ultranza del
desarrollo general, pues las inversiones grandes y proyectos productivos de
gran envergadura, capacidad empresarial que catalizará ciertas regiones y por
supuesto la producción rural. El otro extremo sería entregarnos a estos pulpos
y apabullar al campesino como está sucediendo en algunos casos. Entonces la
razón, es buscar la equidad desde la ley. Como siempre hemos visto donde se
utiliza la misma, de manera sesgada con él único objetivo de apropiarse de
grandes extensiones. La concentración de la propiedad rural en Colombia es
harta conocida, esto es otro plato fuerte que tratare más adelante.
Está ciudad bella y paradojal, nos
sorprende con fenómenos fuera de serie y personas excepcionales. Vivir en medio
de una modernidad galopante, de anhelos enquistados por sobrevivir, del auge
comercial siempre como reto, las presiones de las TIC, que significan estar
atentos a la innovación y el cambio en medio de signos de violencia y
marginalidad graves, es una apuesta de vida absolutamente diferente a todo lo
que hemos visto. Esto y mucho más es Medellín. Es bella y trágica a la vez. La
exclusión, la droga y la violencia constituyen un trípode que mantiene en vilo
a las instituciones. De igual manera, es orgullosa de su progreso galopante,
llena de vida y muerte en una convivencia inexplicable. Los problemas de las
comunas han obligado al gobierno municipal, crear políticas públicas de
inclusión, grandes parques bibliotecas, planes de cobertura educativa,
trasformaciones urbanas atendiendo a procesos de resocialización,
con presupuestos fijos que garantizan darles continuidad y
permanencia a todos estos programas. La apuesta ha sido muy grande y se traduce
en obras y políticas que son ejemplo para el mundo.
Unísono a este esfuerzo del gobierno, hay personas que nos sorprenden por su
capacidad para crear verdaderos iconos de inclusión, que constituyen una
verdadera revolución y alivio para la ciudad.
Quiero hablar de la CORPORACION
RIVER PLATE DE MEDELLIN. Tiene 800 niños y jóvenes, todos jugando
futbol, entrenando diariamente, con planes anuales previamente diseñados,
compitiendo y formándose como personas, acorde a una ética, unas normas y
propósitos de vida muy claros. Queda claro que patear un balón, va mucho más
allá que los propios roles competitivos que el juego implica, es proyecto
humano, es hacer ciudadanos a carta cabal, es concientizar, es afincar en
el inconsciente colectivo razones sanas para disfrutar y vivir en
comunidad.
Este monumento no nació de ningún
esfuerzo gubernamental, ni político, fue la idea de una familia. Nació en el
barrio AntioquÍa Medellín, donde confluyen todas las violencias, pero
de igual manera, gente luchadora y que ha sabido enfrentarse a las
adversidades, llena de fortalezas inimaginables. Es una síntesis de la
ciudad. Cuando se toca fondo, cuando se ha vivido entre lo peor y la esperanza,
la vida provee personas providenciales, verdaderas potencias, héroes anónimos,
que generan salidas y proyectos de inclusión, que son más efectivos y
prácticos, que muchos programas de carácter institucional. Como el dicho
popular, deme una esperanza y una ventana de salida que yo hago el resto.
El señor Julián Pérez, un antioqueño
raizal, que ha vivido, disfrutado y padecido esta ciudad, de caminar pausado y
con una sabiduría y sentido común extraño en estos tiempos, le dio rueda suelta
a esta idea. Habla incansablemente de los problemas de droga en la juventud. Ha
visto como se muere la juventud entre vicios irracionales, adiciones sin
salida, crueles, duros. Es testigo de pérdidas humanas, sabe que una vez un
muchacho cae en la droga, difícilmente sale de este laberinto mortal. A grandes problemas, soluciones sabias y prácticas. Creó y
convirtió este programa en una actitud, en una solución sin parangón, un
proyecto de vida,junto con su esposa Diana y su hijo Santiago, quienes crearon esta corporación que cumple una labor no solo excepcional, sino revolucionaria.
Doña Diana, su esposa, es una mujer
con los pies en la tierra. Es la mano derecha de su esposo Julián. Proactiva,
ágil, realiza más de cuatro cosas a la vez: entrega uniformes, recibe
matriculas, escucha al niño, recoge el balón, soluciona puntualidades
y mantiene una actitud positiva, nada por grave que sea, la
congestiona.
Santiago es el alma, el programador,
el técnico, la bitácora de este bello proyecto fue creada por él y está
en sus manos. No solo sabe fútbol sino que es su pasión. Pero
atiende a un programa específico en lo futbolístico y en lo administrativo.
Ex jugador del nacional, la cancha es el espacio de su vida y el ciclo
vital donde vibra como nadie.
Sí se miran las cifras de
drogadicción de la niñez y la juventud en esta ciudad, se valora la
dimensión del trabajo de esta familia. Sí todos pensáramos así, otra sería la
realidad. El marco de influencia de un proyecto de esta índole tiene proyección
geométrica y es un icono en materia de salidas reales a un problema
específico.
Muchas empresas pueden hacer
donaciones que le generarían exenciones tributarias de ley. Permitiría
repontecializar un proyecto de esta naturaleza. De muchas maneras se puede en
todo caso ayudar. Estupefacientes, una institución llena de corrupción. Está
llena de lotes en Rionegro Antioquía, que puede entregar en comodato a la
corporación. Las grandes empresas públicas, de la ciudad pueden hacer
contribuciones en dinero y en especie. La alcaldía como en los planes de
cobertura educativa patrocinar becas. Salidas, tantas como se quiera. Debemos
tener la voluntad.
No queda sino dar las gracias. Dentro
de poco, este proyecto que se extiende a más de cuatro sedes, estará en todas
las zonas vulnerables de la ciudad en materia de drogadicción. Esto se llama
sembrar futuro y vida. Ojala permanezca para siempre.
Estamos
muy lejos de tener un manejo civilizado de los conflictos políticos. En
plena apertura del siglo XXI, se suponía que superaríamos los problemas de
violencia gracias a la revolución de las TIC, a los procesos de apertura en
curso, la globalización y la consolidación de la democracia. No ha sido
así. En los últimos meses, Egipto ha vivido una violencia descarnada, el mundo
presenció hace tres días un verdadero baño de sangre, que demuestran cuan
alejados estamos de esta situación ideal. Conocer lo que está en juego en este
país resulta de suma importancia para descifrar el tipo de
confrontaciones de tipo cultural e ideológico, para no decir que religioso que
aun están vigentes.
Algunos aspectos históricos
nos ayudaran a entender mejor estos sucesos. La matriz del conflicto en Egipto
nació del proceso de occidentalización aperturado por Gamal Abdel Nasser,
hombre fuerte del ejército y después presidente del país, quien impulsó cambios
estructurales por encima de los musulmanes que han pretendido implantar un
Estado islámico basado en la sharia y el rechazo a la influencia occidental en
el país. Luego, bajo la presidencia de Anwar Sadat y después, con Hosni
Mubarak, este grupo religioso, vivió a la sombra, aprovechando el descontento
popular con este último para promover la figura de Mohamed Morsi, que tras la
caída de Mubarak, es elegido presidente. Ellos pretenden ser referente de la
vida en Egipto.
Recordemos
que los Hermanos Musulmanes son los islamistas con más tradición y
los que más trabajo han hecho en los sectores desfavorecidos de Egipto, a
través de la asistencia benéfica y trabajos de cooperación en barrios urbanos
con menos acceso a infraestructura. Supieron manejar los hilos de la revolución
egipcia que estalló a comienzos del 2011, y después de la caída de Hosni
Mubarak en febrero del 2011, su representante Mohamed Morsi fue elegido en las
primeras elecciones presidenciales democráticas que celebró el país en su
historia. Es importante tener en cuenta que Mursi y su entonces contendor Ahmed
Shafiq, que representaba el continuismo de Mubarak, eran el representante de
dos antiguos fenómenos del escenario político del país: el militarismo y la
religión. Cuando ganó Mursi se invirtieron los papeles, y los islamistas que
habían estado reprimidos por décadas subieron al poder. Pero esto no cambió
demasiado el status quo. Como Kersten lo anticipó, se mantuvieron los dos
puntos de gravedad sobre los que se soportó el régimen de Mubarak. El pueblo,
después de toda una revolución que pretendía lograr reformas hacia una
democracia de tipo occidental, vio en cambio reemplazar el sable por el
turbante. Egipto, importante recordarlo, tiene una juventud preparada, con los
ojos puestos en lo que pasa en el mundo, actualizada por lo tanto, moderna, que
clama por una apertura real al mundo por encima de los dogmas de la fe y espera
la consolidación de la democracia en su país. Las redes sociales le han servido
de plataforma para defender estas aspiraciones. En contrapeso está el otro
país, islámico, tradicional, dogmatico y que piensa en imponer un estado
religioso, basado en los principios del Corán.
Hace dos
tres días este país conoció uno de los peores hechos violentos: Más de 400
muertos, todos civiles inermes. Recordemos que Durante semanas, decenas de
miles de partidarios de Mohamed Morsi, el derrocado presidente y la Sra.
Hussein, habían anticipado un ataque militar contra su
sit-ins. Construyeron barricadas de sacos de arena, ladrillos y acero. Pusieron
guardias en las entradas. Se reunieron palos y piedras. A pesar de
sus preparados, sabían que el ataque finalmente vendría. El desalojo se hizo a
sangre y fuego. Estados Unidos sabe del papel que juega Egipto en oriente y no
puede mirar con indiferencia lo que pasa en esta parte del mundo. Estamos lejos
de ver una resolución pacífica del conflicto, pero es de esperarse que las
fuerzas en tensión terminen enfrentadas pacíficamente en unas elecciones, esto
depende de muchos factores, esperaremos que suceda de esta manera, pero está
claro que estamos lejos que en buena parte del mundo está lejos de manejar con
algún grado de civilización este tipo de confrontaciones y que además el
problema religioso sigue siendo un eje vital en oriente que occidente no puede
desconocer.
La quiebra de grandes
fondos de inversión en el mundo no sorprende a nadie. Cada cuatro años presenciamos este tsunami con
protagonistas diferentes pero en esencia con el mismo libreto: Desfalcos
masivos utilizando los mismos engaños. Estos se repiten cíclicamente sin que
nada pase. En Colombia, la historia es aún más grave, nos acostumbramos a los mismos pese a los descalabros que produce en el sistema y la desconfianza
que genera: Factor Grup, corredores asociados, interbolsa, el grupo cortes,
DMG, DRF, para citar solo los más visibles. Interbolsa es el último escándalo de
este tipo, comprender a cabalidad que pasó con este corredor de bolsa es de
suma importancias para proveer futuros males.
Acceder a grandes flujos
de capital por vía de ofertas de rendimiento altos basados en productos
en el mercado bursátil y en negocios de inversión directa es el deporte
nacional. Estos fondos están perfectamente camuflados desde lo legal, lo que
les permite especular en negocios de bolsa a corto y mediano tiempo e invertir
en activos y operaciones por fuera de su objeto empresarial, con el fin de
obtener ganancias exorbitantes, ejemplo: los repos y el caso Fabricato, los que catapultarán las ganancias a favor, no
de los inversionista, sino de los dueños de los fondos.
Como funcionó interbolsa,
cual es su entramado. Empecemos por el principio.
Que es interbolsa. Fue una
empresa comisionista de bolsa del mercado bursátil colombiano. Hasta hace poco
la mayor corredora con el 32 % del mercado total y la que por su peso especifico
en el mercado manejaba los títulos de deuda pública del estado. Curiosamente era
la única firma en el top 5 que no tenía una matriz bancaria.
El conglomerado tiene 23
empresas vinculadas, entre ellas Interbolsa Sociedad Administradora de Activos
-SAI-, la empresa de crédito hipotecario ACERCASA y la empresa de aviación
Easyfly. "Estas sociedades se encuentran operando en cinco jurisdicciones:
Colombia, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo".
Al 31 de octubre de este año, InterBolsa S.A., reportó activos por 323 millones
de dólares, pasivos por 165,6 millones de dólares y un patrimonio de 157,5
millones de dólares.. Según el súper-intendente de sociedades, la radiografía
actual de sus activos es la siguiente: “el Grupo Interbolsa administraba cerca
de $9 billones. Se estima que el dinero en riesgo no supera los $700.000 millones.
Es una cifra que no supera 10% de lo manejado por la firma, esto quiere decir
que más de 90% de los recursos administrados por la comisionista están a salvo.
El problema se reduce a una cifra que, si bien es importante, en el grueso de
la operación, es menor”.
Quienes son los dueños
actuales: Hoy el dueño mayoritario de
InterBolsa es Víctor Maldonado, familia y asociados, con el 30 por ciento; los
exempleados de Inversionistas de Colombia tienen el 15 por ciento; Rodrigo
Jaramillo y familia el 15 por ciento; y Juan Carlos Ortiz el 2,8 por ciento. El
resto está repartido entre diversos inversionistas. Paradójicamente Ortiz, el
más controvertido de los socios no ha tenido ninguna participación en esta
última etapa.
Por qué intervinieron a
interbolsa? El problema de liquidez de la empresa y el incumplimiento de sus obligaciones, hubo un
préstamo de $ 20.0000 millones de pesos que no pudo ser atendido y que obligó a
las autoridades del gobierno al cierre de la comisionista. Tenía problemas de
liquidez y no de insolvencia, son dos cosas diferentes, es importante tener en
cuenta este aspecto. A partir de este momento se fueron conociendo las perlas del negocio y empiezan a aparecer uno a uno, los manejos
espurios del grupo: desvío de dinero de clientes y su utilización para negocios
propios de la firma, operaciones por cuenta propia por encima de lo
establecido, la realización de operaciones carrusel por fuera de la bolsa,
registro de operaciones sin el conocimiento ni consentimiento de sus clientes y
la realización de operaciones de registro con entidades no vigiladas por la
Superintendencia Bancaria. Se encontró en las dos primeras semanas de
intervención 64 acreencias vencidas, detrás de las cuales vienen muchas más.
Estas tendrán que ser cubiertas con un patrimonio que, al menos en libros, no
parece muy alto. "Registraba en esa fecha un pasivo externo por 255.000
millones de pesos y un patrimonio que alcanza la suma de 59.000 millones",
se lee en uno de los informes oficiales, que concluye que la sociedad "no
está en capacidad de atender sus obligaciones actuales ni futuras". “Las
demandas son otro factor grave que incidió sobre su colapso. Contra la sociedad
cursan 22 procesos: 11 judiciales, 2 ordinarios laborales, una acción popular,
3 ordinarios, 2 administrativos, una nulidad, un restablecimiento del
patrimonio y un laudo arbitral a la fecha de la intervención, hoy deben ser
muchas. A estas se suman las denuncias penales instauradas en los últimos siete
meses contra sus administradores y principales socios. Y si bien hay un
importante rubro de cuentas por cobrar (casi 90.000 millones de pesos), el 80
por ciento pareciera irrecuperable.
Una de ellas, por 86.000
millones de pesos, está a cargo de Alejandro Corridori y de otras compañías del
italiano, respaldadas solo con pagarés y sin garantías reales. Corridori era el
cliente estrella de la comisionista y, a su vez, el mismo que la llevó a su
iliquidez a través de los llamados 'repos' de Fabricato. Además, en criterio de
la Súper, el grupo tuvo una gran pérdida al haber cedido, sin ninguna
contraprestación, las carteras administradas por su Sociedad Administradora de
Inversiones (SAI), "generando pérdida total de valor en la empresa y su
consecuente repercusión en los estados financieros de Interbolsa S. A.".
A ese panorama se une el desinterés
de los accionistas en el futuro de la empresa, hecho que se observó en la
asistencia a las dos últimas asambleas, cuyo quórum osciló entre el 10 y el 38
por ciento.
Hoy, ningún directivo
quiere dar razón de qué fue lo que realmente pasó en Interbolsa S. A.
El negocio que generó su
muerte fue el de los repos de fabricato, entendamos la figura: Se trata de
operaciones de venta con pacto de recompra, en la cual un inversionista —que
necesita liquidez— transfiere o cede a otro temporalmente la propiedad (banco o
persona natural) un determinado paquete de acciones de una empresa a cambio de
una suma de dinero. Es algo así como empeñar o dejar como garantía esos papeles
a corto plazo (de 1 a 30 días), en el caso de interbolsa se hicieron sobre el
ofrecimiento de una ganancia futura de mercado basadas en cálculos mentirosos,
suponer que las acciones subirían o valdrían el doble o más en el futuro. Al
vencerse el plazo, quien otorgó el préstamo, se compromete a devolver las
acciones, tras recibir la totalidad del dinero del crédito, incluidos los
intereses pactados o las ganancias ofrecidas. Usualmente las firmas
comisionistas actúan como intermediarias en este tipo de transacciones al
brindar asesoría a sus clientes sobre los riesgos, ventajas y desventajas. Ese
tipo de operaciones —que llevan muchos años en el mercado bursátil— son
permitidas y las pueden ejecutar personas naturales o jurídicas, siempre y
cuando se ofrezcan las garantías del caso para la transacción. Generalmente la
garantía exigible en ‘repos’ es el 30% del valor del paquete de títulos, bonos,
etc. Por ejemplo, si una persona posee $100 millones en acciones de una
compañía, puede obtener un préstamo hasta por $70 millones sobre las mismas,
para invertir este dinero en más acciones u otros activos. l riesgo o futuro de
la operación ‘repo’ está atado al comportamiento o a la volatilidad del precio
de la acción.
Por eso, a la hora de
acudir a esta operación quien va a prestar dinero sobre acciones analiza la
bursatilidad de los títulos en bolsa.
La Bolsa de Valores de
Colombia aplica una regulación mediante la cual clasifica los títulos de
acuerdo a su evolución y rentabilidad. De allí se deduce cuáles son los más
rentables y susceptibles para operaciones ‘repo’.
“Si tomamos una acción muy
líquida y tiene adecuada cobertura, no hay problema en que el monto de repos
sea importante. El problema es que la acción no tenga liquidez”, explica Daniel
Jiménez, presidente de Correval.
A juicio de analistas como
el economista Eduardo Sarmiento, el excesivo uso de ‘repos’ por parte de
Interbolsa para apostarle a grandes volúmenes de acciones de la textilera
antioqueña Fabricato fue lo que provocó la crisis.
Aunque el título de
Fabricato había sufrido un salto de $29 a $90 (350%) entre el 2011 y lo corrido
del 2012, el mercado desconfió de ese extraño comportamiento lo que generó que
Interbolsa no pudiera financiarse más por medio de esta operación.
Al derrumbarse este
negocio, muchos inversionistas que confiaron su dinero en la comisionista
comenzaron a tramitar su devolución. Allí la firma entró en crisis de liquidez.
Esa iliquidez se hizo
patente cuando Interbolsa no pudo pagar un crédito de $20.000 millones al BBVA
que estaba apalancado con ‘repos’.
A partir de este momento
empezaron a descubrirse uno a uno las operaciones fraudulentas hechas a través
del corredor de bolsa y que hoy son la comidilla en Colombia. Sobra decir que
estamos esperando que empresa remplace a esta y dentro de cinco años la historia
será la misma con protagonistas nuevos, siempre nos ha pasado desde hace
treinta años cuando colapso el Banco Nacional, para no citar escándalos
anteriores.
A
muchos de los críticos de las conversaciones de la Habana se les olvida que en
cincuenta años de confrontación armada el país registra los índices más altos
de víctimas de que se tenga conocimiento en el mundo, un desplazamiento
perverso y nefasto, muerte indiscriminada, desolación y pobreza en grandes zonas. El presidente es consciente de
lo difícil del proceso, de los riesgos políticos que el mismo implica y de lo
escabroso de la agenda que se desarrolla en la isla caribeña, de igual manera
sabe cómo los enemigos del mismo no descansaran hasta verlo frustrado. Las
conversaciones están sometidas a todo tipo de presiones, a la terquedad de un
grupo insurgente que aún no acepta su anacronismo y a las posiciones
intransigentes de un derecha implacable que solo ve la salida armada como
posibilidad real. El tema de la participación política constituye uno de
los ejes más importantes en estos diálogos y es un hecho que del mismo depende buena
parte del existo de este proceso.
Las
conversaciones de paz, centradas en el tema de la participación política en
este momento, se cumplen de acuerdo a la bitácora diseñada por las partes.
“Ambas partes continuaron avanzando en la discusión del segundo punto de la
agenda sobre participación política, señaló un comunicado conjunto, leído a la
prensa por el miembro de las FARC Andrés Paris en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, sede de las negociaciones. Durante el ciclo, el más
corto desde que comenzaron las negociaciones en noviembre de 2012, cada parte
presentó su visión general sobre participación política, iniciando con el tema
de garantías para el ejercicio de la oposición, como un elemento
esencial para la construcción de un acuerdo final, dice el comunicado. El
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
"intercambiaron propuestas sobre derechos y garantías para el ejercicio de
la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos
que surjan luego de la firma del acuerdo de paz”.
No
es buena la situación económica del país y está claro que los grandes proyectos
del país no arrancan. La delincuencia común
y las Bacrim están desbordadas lo que no deja de ser un obstáculo más a los diálogos
y caldo de cultivo para los opositores.
Lo bueno, la agenda legislativa en materia de paz se cumplió con todo
rigor, el congreso fue absolutamente responsable en esta materia y el gobierno
tiene los instrumentos jurídicos que le permitirán cumplir con los acuerdos. Las
partes deben entender que estas conversaciones generaran una plataforma que
permitirá la inclusión del grupo subversivo y la reparación de los daños a las víctimas
del conflicto en un proceso largo y engorroso, que compromete a todo el país,
esto en carta blanca quiere decir que no todos los temas se deberán resolver en
la Habana. Lo expreso porque hay una
terquedad perversa y un atavismo nefasto en algunas posiciones tanto de la FARC como del
gobierno que no se explican y realmente son un palo en la rueda.
La
popularidad del presidente está en su peor momento. Son más los opositores y contradictores de la
agenda de la Habana que las personas que
entienden de su importancia de estos acuerdos y lo necesario que tengan éxito.
Vivimos una especie de escepticismo generalizado, como sí cincuenta años de
violencia nos hubiesen acostumbrado a esta atípica convivencia con la violencia
que nos impide entender a carta
a cabal lo que está en juego en la Habana. Ahora que estoy leyendo todo sobre
el líder Mandela comprendo la grandeza de su espíritu. Lo cito, porque el
presidente Juan Manuel ha hecho una apuesta muy grande y sabe los sacrificios
políticos que el proceso implica. Los diálogos deben asumirse y desarrollarse bajo esta lupa
y confiamos en que el primer mandatario no ceda en este propósito frente a la
escalada que viene haciendo la oposición de derecha, alborotada por razones que
todos conocemos y que tienen que ver con la propiedad rural, los poderes
enquistados en un siglo de violencia y las próximas elecciones que definirán el
futuro del país. Esperemos que el gobierno tenga la sabiduría para sacar la
agenda de la Habana adelante.
Colombia
lleva cincuenta años de conflicto armado, que constituyen una verdadera tragedia.
Las consecuencias de la misma vistas en
este informe, con un análisis contextual completo, cifras e inventario de
daños, constituyen un aporte a la reconstrucción histórica del conflicto. El
informe fue dirigido por el investigador de la universidad nacional Gonzalo Sánchez,
esta comisión se creó dentro del marco de la ley de justicia y paz. El objetivo
del trabajo es rescatar la memoria del conflicto necesario para reparar,
recomponer, perdonar y sembrar porvenir dentro de los marcos de inclusión,
equidad y oportunidades. Hoy de manera oficial se lo entregan al
presidente. He querido traer el prólogo
del mismo para que mis lectores conozcan de manera directa. Se darán los link
donde está completo el mismo.
EL MAL SUFRIDO DEBE INSCRIBIRSE EN LA MEMORIA
COLECTIVA, PERO PARA DAR
El
mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva
oportunidad al porvenir
Tzvetan Todorov
Colombia tiene una larga
historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a
ella, una de cuyas más notorias manifestaciones en las últimas dos décadas ha
sido la creciente movilización por la memoria. Rompiendo todos los cánones de
los países en conflicto, la confrontación armada en este país discurre en
paralelo con una creciente confrontación de memorias y reclamos públicos de justicia y reparación.
La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino
como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta
militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer
sobre muchas víctimas. La memoria es una expresión de rebeldía frente a la
violencia y la impunidad. Se ha convertido en un instrumento para asumir o
confrontar el conflicto, o para ventilarlo en la escena pública. Ahora bien, al
aceptar que la movilización social por la memoria en Colombia es un fenómeno existente,
es preciso también constatar su desarrollo desigual en el plano político,
normativo y judicial. Regiones, tipos de víctimas, niveles de organización, capacidad
de acceso a recursos económicos son factores que cuentan en la definición de
los límites o posibilidades de la proyección y sostenibilidad de las prácticas
e iniciativas de memoria que hoy pululan en el país. En todo caso, es gracias a
todo este auge memorialístico que hay en Colombia una nueva conciencia del
pasado, especialmente de aquel forjado en la vivencia del conflicto.
El conflicto y la
memoria —lo muestra con creces la experiencia colombiana no son elementos
necesariamente secuenciales del acontecer político-social, sino rasgos
simultáneos de una sociedad largamente fracturada.
ENTRE
LA INVISIBILIDAD Y EL RECONOCIMIENTO
Colombia apenas comienza a
esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. Aunque sin duda la mayoría de
nuestros compatriotas se sienten habitualmente interpelados por diferentes
manifestaciones del conflicto armado, pocos tienen una conciencia clara de sus
alcances, de sus impactos y de sus mecanismos de reproducción. Muchos quieren
seguir viendo en la violencia actual una simple expresión delincuencial o de bandolerismo,
y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro
orden político y social.
El carácter invasivo de la
violencia y su larga duración han actuado paradójicamente en detrimento del
reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus lógicas
específicas, así como de sus víctimas. Su apremiante presencia ha llevado
incluso a subestimar los problemas políticos y sociales que subyacen a su
origen. Por eso a menudo la solución se piensa en términos simplistas del todo
o nada, que se traducen o bien en la pretensión totalitaria de exterminar al
adversario, o bien en la ilusión de acabar con la violencia sin cambiar nada en
la sociedad. Una lectura del conflicto en clave política mantiene las puertas
abiertas para su transformación y eventual superación, lo mismo que para
reconocer, reparar y dignificar a las víctimas resultantes de la confrontación
armada.
En este contexto, es un
acontecimiento reciente la emergencia de las víctimas en la escena social y en
los ámbitos institucionales y normativos. Tierra, verdad y reparación
constituyen, en efecto, la trilogía básica de la Ley de Víctimas que inauguró
un nuevo modo de abordar el conflicto en el Estado colombiano. Durante décadas,
las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra,
fueron vagamente reconocidas bajo el rótulo genérico de la población civil o,
peor aún, bajo el descriptor peyorativo de “daños colaterales”. Desde esta
perspectiva, fueron consideradas como un efecto residual de la guerra y no como
el núcleo de las regulaciones de esta.
La polarización minó el
campo de la solidaridad con ellas, incluso las movilizaciones ciudadanas contra
modalidades de alto impacto, como el secuestro y la desaparición forzada, se
inscribieron en esta lógica dominante en el campo político. Las víctimas
particularmente del paramilitarismo fueron puestas muchas veces bajo el lente
de la sospecha, se establecieron en general jerarquías oprobiosas según el
victimario, que tuvieron como correlato la eficacia o la desidia institucional,
la movilización o la pasividad social.
¿A quiénes concierne la
guerra? En la visión kantiana, el daño que se hace a una víctima es un daño que
se le inflige a toda la humanidad. De allí el compromiso axiológico de
protección a las víctimas, consagrado en las normas internacionales de Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. No obstante, pareciera que en
los hechos se requiere la condición de parte directamente afectada, interesada,
para que el tema de las responsabilidades frente al conflicto desencadene la acción
colectiva. Por ello, aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares
de víctimas, representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a su entorno
y a sus intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre
el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del
campesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y
tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio
de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la
violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de
la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no
de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción
de estabilidad política y económica.
La construcción de memorias
emblemáticas de la violencia y de sus resistencias puede y debe realizarse
tanto desde los centros como desde la periferia del país. Tanto desde los
liderazgos nacionales y los liderazgos enraizados en las regiones, como desde
los pobladores comunes y corrientes. La democratización de una sociedad
fracturada por la guerra pasa por la incorporación, de manera protagónica, de
los anónimos y de los olvidados a las luchas y eventualmente a los beneficios
de las políticas por la memoria.
Es indispensable desplegar
una mirada que sobrepase la contemplación o el reconocimiento pasivo del
sufrimiento de las víctimas y que lo comprenda como resultante de actores y
procesos sociales y políticos también identificables, frente a los cuales es
preciso reaccionar. Ante el dolor de los demás, la indignación es importante
pero insuficiente. Reconocer, visibilizar, dignificar y humanizar a las
víctimas son compromisos inherentes al derecho a la verdad y a la reparación, y
al deber de memoria del Estado frente a ellas.
La memoria de las víctimas
es diversa en sus expresiones, en sus contenidos y en sus usos. Hay memorias confinadas
al ámbito privado, en algunos casos de manera forzosa y en otras por elección,
pero hay memorias militantes, convertidas a menudo en resistencias. En todas
subyace una conciencia del agravio, pero sus sentidos responden por lo menos a
dos muy diferentes tipos de apuestas de futuro. Para unos, la respuesta al agravio
es una propuesta de sustitución del orden, es decir, la búsqueda de la
supresión o transformación de las condiciones que llevaron a que pasara lo que
pasó: es una memoria transformadora. Pero hay también memorias sin futuro, que
toman la forma extrema de la venganza, la cual a fuerza de repetirse niega su
posible superación. La venganza pensada en un escenario de odios colectivos
acumulados equivale a un programa negativo: el exterminio de los reales o
supuestos agresores. En efecto, la venganza parte de la negación de la
controversia y de la posibilidad de coexistir con el adversario. Es la negación
radical de la democracia.
Degradación y
responsabilidad
Las guerras pueden destruir
o transformar las sociedades, pero ellas también se transforman por exigencias
internas o por variaciones inesperadas de los contextos que propiciaron su
desencadenamiento. Esa distancia entre el origen y la dinámica presente de una
guerra la plasmó con un símil muy elocuente para la Guerra de los Mil Días el
General Benjamín Herrera, uno de sus protagonistas: “las guerras en su curso van
siendo alimentadas y sostenidas por nuevos reclamos o nuevas injusticias distintas
de aquellas que las hacen germinar, al modo que los ríos llevan ya en su
desembocadura muchísimas más ondas que aquellas con que salieron de su fuente1 Pocos
dudarían hoy que el conflicto armado interno en Colombia desbordó en su
dinámica el enfrentamiento entre los actores armados. Así lo pone de presente
la altísima proporción de civiles afectado y, en general, el ostensible
envilecimiento de las modalidades bélicas. De hecho, de manera progresiva,
especialmente desde mediados de la década de los noventa, la población inerme
fue predominantemente vinculada a los proyectos armados no por la vía del
consentimiento o la adhesión social, sino por la de la coerción o la
victimización, a tal punto que algunos analistas han definido esta dinámica
como guerra contra la sociedad o guerra por población interpuesta.2 a violencia
contra la población civil en el conflicto armado interno se ha distinguido por
la sucesión cotidiana de eventos de pequeña escala 1. Citado en Gonzalo Sánchez
y Mario Aguilera (Editores), Memoria de un país en Guerra: Los Mil Días
1899-1902, Editorial Planeta, Bogotá, 2001, p.23 2. Ver Daniel Pecaut, Guerra
contra la Sociedad, Editorial Planeta, Bogotá, 2001. Y EricLair,
“Reflexiones acerca del terror en los escenarios de guerra interna “, en
Revista De Estudios Sociales, No. 15, junio 2003, pp. 88-108 (asesinatos
selectivos, desapariciones forzosas, masacres con menos de seis víctimas,
secuestros, violencia sexual, minas antipersonal) dentro de una estrategia de
guerra que deliberadamente apuesta por asegurar el control a nivel local, pero
reduciendo la visibilidad de su accionar en el ámbito nacional. En efecto, los
actores armados se valieron tanto de la dosificación de la violencia como de la
dosificación de la sevicia, esta última en particular en el caso de los
paramilitares como recurso para aterrorizar y someter a las poblaciones. Esta
dinámica, que constituyó el grueso de la violencia vivida en las regiones, fue
escasamente visible en el plano nacional, lo que muestra la eficacia del
cálculo inicial de los perpetradores de eludir la responsabilidad de sus
fechorías frente a la opinión pública y frente a la acción judicial.
Desentrañar las lógicas de
la violencia contra la población civil es desentrañar también lógicas más
amplias de la guerra: el control de territorios y el despojo de tierras, el
dominio político electoral de una zona, la apropiación de recursos legales o
ilegales. La victimización de las comunidades ha sido un objetivo en sí mismo,
pero también ha sido parte de designios criminales más amplios de los actores
de la guerra.
¿Pluralismo y disenso:
amenaza o riqueza?
La confrontación armada
contemporánea exacerbó particularidades de la tradición política nacional, en
especial el sectarismo, que tuvo su máxima expresión en la guerra sucia.
Ciertamente en Colombia ha predominado una concepción de la política en la cual
el disenso o la oposición son vistos antes que como elementos constitutivos de
la comunidad política, como amenazas a la integridad de esta o a la concepción
de orden dominante en cada momento. Se trata de la persistencia de una cultura política
que no ha logrado superar la exclusión ni mucho menos integrar la diferencia de
forma activa en la lucha por el poder. En su lugar hay una tentación latente al
pensamiento único o al dogmatismo, que limita con la violencia o la alimenta.
Es bajo esta perspectiva que el campo político integró como rasgo distintivo de
sus dinámicas la eliminación del adversario o del disidente. Ese ha sido lo que
podría llamarse el programa perverso de la guerra sucia. El sectarismo de la
política se extiende a las armas y el sectarismo de las armas se proyecta en la
política.
Son males que vienen de muy
atrás. Los procesos de ampliación democrática en el plano institucional que se
iniciaron desde los años ochenta no marcharon a la par de la democratización
social. En efecto, el acomodamiento de viejos poderes, la instrumentalización
de la vía política y la cooptación del Estado por parte de los actores armados ilegales
de uno y otro signo torpedearon los esfuerzos de democratización emergentes.
En esta dirección,
democratización sin democracia o “Estado de Derecho sin democracia”, en
términos de J.Habermas,3 resultan adecuados descriptores para el proceso, antes
que la afirmación de un pulso insoluble entre ampliación democrática y
profundización de la violencia, como a menudo se ha sugerido.
La democratización social y
política sigue siendo una realidad inconclusa. Los procesos de reinserción que
han tenido lugar no han sido del todo exitosos. En muchos sectores de la
sociedad persiste el estigma o señalamiento sobre quienes han abandonado las
armas. En estos casos, el pasado de violencia es explotado por muchos para
reproducir y azuzar el conflicto en el presente, poniendo en riesgo una
reintegración verdadera a la comunidad política y la posibilidad misma de
transformación del contendor armado en contradictor político que es la
sustancia de un proceso de paz
Las memorias y el provenir
Este informe da
cumplimiento al mandato legal (Ley 975 de Justicia y Paz) de elaborar un relato
sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales. En su
desarrollo, el Grupo de Memoria Histórica —adscrito primero a la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación – cnrr- y ahora parte del Centro
Nacional de Memoria Histórica – cnmh— se propuso dar respuesta a este
requerimiento desde la 3. Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión
pública (México: Ediciones Gustavo Gili, 1994), 11. consideración de los
actores armados ilegales no solo como aparatos de guerra, sino especialmente
como productos sociales y políticos del devenir de nuestra configuración
histórica como país.
A la luz de las
consideraciones expuestas, el relato aquí plasmado intenta romper con las
visiones reductoras de la violencia que condensan en coordenadas morales (los
buenos y los villanos) la complejidad de lo que hemos vivido. La larga
trayectoria del conflicto y las transformaciones de sus actores, junto a las
transformaciones sociales e institucionales, clausuran toda pretensión de un
relato mono causal que reduzca la continuidad de la violencia o su solución a
la sola acción de los perpetradores o a un ejercicio de condena moral. La sociedad
ha sido víctima pero también ha sido partícipe en la confrontación: la
anuencia, el silencio, el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de
reflexión colectiva.
No obstante, esta extensión
de responsabilidades a la sociedad no supone la dilución en un “todos somos
culpables” de las responsabilidades concretas y diferenciadas en el
desencadenamiento y desarrollo del conflicto. La reconciliación o el
reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión, el
ocultamiento y el olvido, sino solo sobre el esclarecimiento. Se trata de un
requerimiento político y ético que nos compete a todos.
Este informe no es una
narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro
presente. Es un relato que se aparta explícitamente, por convicción y por
mandato legal, de la idea de una memoria oficial del conflicto armado. Lejos de
pretender erigirse en un corpus de verdades cerradas, quiere ser elemento de
reflexión para un debate social y político abierto. El país está pendiente de
construir una memoria legítima, que no consensuada, en la cual se incorporen
explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas y sus
responsabilidades, y, además, se reconozca a las víctimas.
El informe es un momento,
una voz, en la concurrida audiencia de los diálogos de memoria que se han
venido realizando en las últimas décadas. Es el “¡Basta ya!” de una sociedad
agobiada por su pasado, pero esperanzada
en su porvenir.
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