Es definitivo, hay más
territorio que estado. El gobierno y las autoridades municipales y nacionales
podrán dar muchas interpretaciones sobre el penoso caso de los asesinatos de
los profesionales en Antioquia, hasta ahora ninguna nos satisface, quienes, no solo eran jóvenes instruidos,
comprometidos, sino ajenos al cumulo de intereses y luchas de poder encriptados
en la región, problemas que están lejos de ser descifrados, es un hecho, no hay control de parte de las autoridades, lo sucedido refleja al final la incapacidad del estado para tener una presencia efectiva, no ha podido garantizar la vida, bienes y honra de los habitantes de la zona.
Los
ataques que cobraron la vida de tres geólogos de Continental Gold no son hechos
aislados, sino que obedecen a la lucha de los grupos armados ilegales por no
perder su dominio en la zona. Esta mina subterránea, en Antioquia, tendría una
producción de más de 253.000 onzas anuales, hay informales que se niegan a
dejar el usufructo de las mismas, grupos paramilitares con intereses perversos
y con algún posicionamiento, antiguos militantes de la FARC, que ahora simplemente
son bandas criminales, entre otras cosas debemos dejar de llamarlos disidentes y grupos ilegales de
todo tipo empoderadas en la zona y dispuestas a demostrar su capacidad con sucesos como los ocurridos.
Laura Alejandra Flórez
Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez, fueron
vilmente asesinados, aún tratamos de entender lo sucedido, Colombia está lejos de tener una convivencia civilizada y pacífica.
El gremio minero señala
que “la Minería Bien Hecha es un sector
comprometido con el derecho a la vida y bienestar de la comunidad minera,
rechazamos toda forma de violencia y reiteramos nuestro compromiso con la legalidad
como fundamento del desarrollo social para las regiones”.
Recordemos que a Continental
Gold, la empresa minera canadiense en el sitio conocido como El Calvario,
municipio de Buriticá, hace apenas dos semanas, dos de sus ingenieros tuvieron un atentado, falleciendo uno de
ellos, identificado como Óscar Alarcón de 27 años, proveniente de Belén,
Boyacá. Su compañero Jorge Armando Tarra, de 35 años, quedó herido y trasladado
al hospital de Medellín, se encuentra en recuperación.
Quedan abiertos varios
interrogantes de suma importancia. Cómo le garantizamos a un inversionista
extranjero unos mínimos que le permitan continuar con sus objetivos?, tener alguna confianza en el
marco de una actividad específica, por lo menos tener la garantía de poder desarrollar su actividad en paz. Lo que está demostrado es que el estado no está en capacidad de controlar la crisis social latente de la zona nacida del empoderamiento
de grupos ilegales, no tiene la capacidad para hacer presencia y sentar
autoridad en territorios muy ricos, donde existe una inequidad social
y pobreza inexplicable frente a la riqueza del subsuelo. Las inquietudes quedan expuestas. El estado debe por lo menos capturar a los culpables, sería imperdonable no hacerlo.
