Deseo hacer un balance del gobierno del presidente Duque, empezaré con el orden público. Este fue el año de las protestas, la
resistencia social y en respuesta a ello, el de la violación de los derechos humanos por parte de las
fuerzas armas y la policía, de igual manera de la muerte de desmovilizados y
lideres sociales en cifras que apenarían a cualquier país. A cuatro años de la
firma de los acuerdos de la Habana hay avances importantes, pero también un
deterioro del proceso por falta de voluntad política del gobierno.
Es un hecho que después de la firma del acuerdo, nunca se
había dado un numero de desmovilizados de tal magnitud y el solo hecho que se desactivara
el grupo guerrillero más numeroso y antiguo del planeta, es un avance sin
precedentes para la paz en Colombia. En todo caso en el último
año las dificultades han sido muchas. Los grupos delincuenciales, el ELN, las
disidencias de la FARC y las BACRIIM son el mayor problema, ha esto se suma la falta de presencia
del estado en amplias zonas del país.
Hay temas que a través de la JEP han tenido mucho progreso,
en lo que concierne a la reparación de las víctimas, pero es difícil vaticinar
sí se logrará en el proceso obtener la verdad en muchos temas, conocer la
magnitud de las violaciones de derechos humanos y por supuesto la condena a los delitos de lesa
humanidad, así como la reparación directa de las victimas. Otro punto de suma importancia se
refiere a todo lo que tiene que ver con los falsos positivos, que está lejos de
esclarecerse. Está claro que el gobierno va por una vía y las instituciones
creadas por el acuerdo van por otra. El impulso que el actual gobierno le ha
dado a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial
(PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz es vital para la pacificación de
amplias zonas y la incorporación de los desmovilizados, de ello depende el
cambio que este proceso le dé a la paz de Colombia.
La frontera con Venezuela es un albur, no hay control del
estado y la delincuencia común, la prevalencia de los grupos al margen de la ley es lo común,
el pan de cada día. Lo que pasa en el
norte de Santander, Arauca, preocupa por la ausencia total del estado y la
infinidad de asesinatos, extorsión y desplazamiento.
Definitivamente la agenda de los precandidatos a la
presidencia y aspirantes al congreso está llena de responsabilidades al
respecto. El estado de vulnerabilidad de las zonas en conflicto es total, la
inseguridad de los ciudadanos por efecto de la falta de voluntad política del
gobierno es total, a lo que suma el hecho que el gobierno reacciona a los
problemas y no planifica.
Sugiero se lean este articulo que da mucha claridad a este
tema:
https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1945
