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domingo, septiembre 25, 2016

VOTARE SI AL PLEBICITO EN COLOMBIA


Se van entendiendo algunas razones que explican el conflicto armado colombiano ahora que se han visibilizado las posiciones de un lado u otro a favor del sí o del no a propósito del plebiscito para refrendar los acuerdos de la Habana entre el gobierno y la FARC en Colombia. El grado de pasión y radicalismo es enorme, ni siquiera hay dialogo entre las personas más comunes frente al tema, no se escucha con atención al otro, hay un radicalismo exacerbante, inclusive el lenguaje es oprobioso y cortante. La mayoría de la gente no entiende el conflicto, lo padece, las nuevas generaciones desconocen por completo el contexto del mismo, por una decisión absurda del estado, hace unos años se eliminó la cátedra de historia del currículo de bachillerato, desligaron el pasado de la realidad, es una paradoja en un país como el nuestro.
No acudiré a ninguna posición académica, ni científica, ni política, menos legal, sobre mi voto. Lo explicaré de cara a mis hijos, a su futuro y al compromiso que tenemos los mayores con una generación que no tiene porque repetir nuestros errores, menos heredarlos y por lo tanto le debemos ahorrar los horrores del conflicto armado.
Desde que nacimos como republica no hemos parado de matarnos. Siempre nos llenamos de razones para hacerlo y de manera curiosa las decisiones en este sentido han sido tomadas por una elite que casi nunca padece la guerra a pesar de encender el fuego. No hemos sido un ejemplo para el mundo, en los últimos años la guerra ha fomentado el secuestro, la tortura, el desplazamiento, las desapariciones, la extorción. En vastas zonas reina la posición del más fuerte y el estado no existe. Hay un lenguaje violento incorporado en nuestro inconsciente, muchas de nuestras palabras más comunes tienen esta connotación.
Llega un momento que el bien supremo de la paz se impone a todas las razones que se esgrimen en su contra. He leído el acuerdo y me parece, con sus errores, una agenda que nos permitirá ir construyendo la paz entre todos. Se incluyen en este documento gran parte de los temas prioritarios de Colombia, desde la perspectiva conceptual, este documento es un ejemplo para el mundo, cada palabra responde a propósitos muy puntuales. Pienso que entre el país en general, con un pueblo que en todo caso es muy grande en el buen sentido de la palabra, así lo ha demostrado en momentos muy coyunturales; del estado; los actores del conflicto y la comunidad académica y empresarial, empezaremos a cumplir una bitácora hacía la paz seria y rigurosa, de antemano supongo que no será fácil. 
Mi hija Laura, Mariana, Santiago e Isabella merecen un mejor país. Pienso que si la FARC, nos falla estaríamos como hoy, qué más da, pero si nos cumplen, como así lo creo, trasegaremos por un camino de cambio y esperanzas, de construcción de paz. La puesta es a favor de esta nueva realidad, una oportunidad que el presidente ha liderado con una terquedad providencial.
Leer el acuerdo, que me parece una pieza magistral, donde se contempla la mayoría  de nuestros problemas desde la mirada de las políticas públicas, me ha permitido llenarme de razones a favor de la paz y por lo tanto del SI. Ahí están todos los temas importantes para tener en cuenta a favor de un desarrollo humano acorde con nuestras riquezas naturales, el compromiso de una generación llena de competencias, el cansancio de otra generación que está entendiendo lo absurdo de la violencia y la conciencia de una clase dirigente que por fin asumió que es mejor hacer la paz que la guerra, y por último,  actores del conflicto como la FARC, que entendieron la fase inercial de sus propósitos, lo anacrónico de la lucha armada y la guerra de guerrillas, reconociendo la importancia del momento. Partió en estos diálogos con el compromiso unilateral de renunciar a sus operativos militares, apostando a su visión de país, para terminar vía acuerdo, con el abandono definitivo de las armas a favor del una nueva Colombia, este es un buen comienzo para la paz, si se cumple el acuerdo tal como está concebido. Mercado, estado y democracia serán los temas del pos-conflicto. Nada como darnos una nueva oportunidad. El cambio, debe empezar por cada uno de nosotros, no podemos pedirles a los demás que lo hagan, sino lo hacemos con nuestra actitud y vida. Con toda la felicidad que me embargan los actuales momentos, lleno de ansiedad, votaré el SÍ, en la decisión más histórica de este país.











jueves, septiembre 22, 2016

LA CONTROVERSIA SOBRE LA ADOPCIÓN EN COLOMBIA




Es cuestionable que la discusión generada por un grupo de cristianos, que están limitando la adopción a la familia solo a la pareja constituida por un hombre y una mujer, llevándola a norma constitucional a través de una ley en el congreso, sustentada en un referéndum, en contradicción con los últimos pronunciamientos de la corte constitucional, no haya despertado la inquietud de los filósofos de este país, de los pensadores que deberían estar por encima de las posiciones mediáticas y ligeras, de los mismos constitucionalistas, este es el típico ejemplo de la subjetivizacion del poder, impuesto desde la doctrina cristiana, soportado en discursos fundamentalista y excluyentes de carácter religioso, se sobreponen a variables de carácter jurídico, político, filosófico y antropológico, que es imposible dejar de lado en un país que dice llamarse democrático. El debate se ha dado de la peor manera y  se ha reducido solo al marco de los intereses de este grupo religioso, pues nos enfrascamos en la dialéctica de su discurso doctrinario. Este pretende hacer valer su visión desconociendo el derecho de las minorías, en este caso los derechos de las parejas homosexuales, concretamente su derecho a adoptar, desconociendo que el mundo ha cambiado sustancialmente, no por prurito, sino desde el más profundo calado humanístico que no hace distinciones ni discriminaciones y que reconoce una realidad y unos derechos inalienables a estas comunidades.
Sartre habla del interés particular en los procesos de ideologización. Foucault en historia de la sexualidad, realiza un estudio genealógico de la sexualidad desde la perspectiva del poder.Como tantas veces se ha observado, el vocablo “poder” encierra una ambigüedad: puede referirse tanto a la potentia como a la potestas. En la medida en que potentia designa preferentemente una “fuerza” natural, la potencia no puede tener más límite que, como hubiera dicho Spinoza, otra potencia igual o superior. Lo que significa que el imperio de una potencia no puede serlo sino sobre potencias desiguales, inferiores. Al contrario, el poder político parece mejor designado en la acepción de potestas, puesto que la potestad implica necesariamente una limitación que no es (o no es necesariamente) natural. Así, por ejemplo, el estadio hobbesiano de naturaleza sería un puro enfrentamiento de potencias, mientras que el estado social implica el reconocimiento de unas potestades (derechos, libertades) dentro de unos límites y de acuerdo con reglas aceptadas. El soberano de Hobbes ejerce su poder hasta un límite —los confines del espacio público—, más allá del cual no tiene potestad para actuar, legislar ni juzgar. El espacio así exceptuado es el espacio privado, en donde reside la inalienable potencia que, de modo excepcional, no está sometida al poder político”[1]. “Michel Foucault observa que ha llegado a plantear estos tres campos de análisis un poco a ciegas y por fragmentos sucesivos y diferentes al intentar «analizar no los comportamientos ni las ideas, no las sociedades ni sus “ideologías”, sino las problematizaciones a cuyo través el ser se da como poderse y deberse ser pensado y las prácticas a partir de las cuales se forman aquéllas» (Foucault, 1999:14)”[2].
La visión de la doctora Vivian Morales, parte de la doctrina de la fe de su iglesia cristiana, que  considera el homosexualismo contra-natura, de acuerdo a los principios más esenciales de su credo. A ello le agrega marcos teóricos de acuerdo a sus intereses particulares desde la perspectiva de su doctrina, que no es científica, ni responde a estudios antropológicos, sino ideológicos, que son legítimos sino descocnociera los derechos de las minorías, en una sociedad con libertad de cultos, que ha reconocido los derechos de las comunidad LGTB.
La corte constitucional al considerar la tutela suscribió: “La Corte consideró, por un lado, que en cuanto la decisión de la autoridad accionada responde a una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, la misma no puede censurarse por infringir el marco legal aplicable o por hacer una lectura discriminatoria del mismo. Lo primero por cuanto es posible interpretar que, de acuerdo con la ley, sólo las parejas heterosexuales están habilitadas para adoptar a menores de edad, y lo segundo porque, también de acuerdo con la ley, la adopción se orienta a establecer la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza, esto es, a suplir la falta de un padre, o de una madre, o de ambos. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación concluyó que, cuando la autoridad administrativa excluye la posibilidad de la adopción por consentimiento con fundamento en el carácter homosexual de la pareja requirente, vulnera los derechos de todos ellos a la autonomía familiar y a tener una familia, por cuanto se desconoce, sin razón que lo justifique, la existencia de un arreglo familiar en el que el menor, por voluntad de su padre o madre biológicos, comparte la vida con el compañero o compañera del mismo sexo de aquél, y en el que se conforma un vínculo sólido y estable entre ellos, a partir del cual el adulto ha asumido las obligaciones y deberes asociados al vínculo filial”.
Los magistrados que expresaron su salvamento de voto establecieron: “Los Magistrados Sáchica Méndez, Mendoza Martelo y Pretelt Chaljub reafirmaron que en que la decisión de reconocer de manera general esos derechos a las parejas del mismo sexo no es labor del juez constitucional, y mucho menos, de las autoridades administrativas, porque el escenario natural y propicio para ese efecto es el Congreso de la República, en donde hay un sustrato de representación democrática, pues allí tienen asiento los distintos grupos que conforman nuestra sociedad, elegidos por la voluntad popular, lo que permite una deliberación amplia y prolija sobre un asunto tan trascendental como el de los derechos de las parejas del mismo sexo, representación democrática que presenta un déficit en tratándose de esta Corporación, porque si bien sus miembros son electos por el Senado de la República de sendas ternas que conforman el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, no puede compararse con la que tiene el Congreso de la República ni mucho menos con su función deliberativa”. Su posición en apariencia es formal, sobre el trámite. Ahora que se ha aprobado la realización del referéndum en la comisión primera, donde la ley se sometería al escrutinio popular, queda claro que en el caso de los homosexuales quienes son una  minoría, no se guardaría el equilibrio necesario que proteja sus derechos y en cambios se sometería a la dictadura de las mayorías en un país conocido por clerical, rezandero y conservador, pese al marco amplio de nuestros derechos fundamentales que los protegen.
El debate se hace aún con encubrimientos ideológicos, los cristianos que la promueven enfaticen en los derechos constitucionales que los amparan, mas no hablan del fondo de la discusión que tienen que ver con la doctrina que defienden, desconociendo los derechos de una minoría en sus  aspectos fundamentales, los cuales, desde la óptica de la constitución, contemplan la igualdad frente a la ley.  Las palabras de Foucault en “La historia de la sexualidad” resultan precisas para el debate que presenciamos: “Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia conyugal la confisca. Y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y procreadora. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar —reservándose el principio del secreto. Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los padres. El resto no tiene más que esfumarse; la  conveniencia de las actitudes esquiva los cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los discursos. Y el estéril, si insiste y se muestra demasiado, vira a lo anormal: recibirá la condición de tal y deberá pagar las correspondientes sanciones”[3].
Ahí está la discusión abierta, muy a pesar de sus imposturas. Dejusticia en la invitación que le hizo la corte, expuso:
“Para sustentar su tesis destacan cómo para la mayoría de la comunidad científica no existen diferencias significativas entre el desarrollo de los niños criados por parejas heterosexuales y los niños criados por parejas homosexuales, al punto que “no existe en la literatura científica ninguna razón para pensar que los niños o niñas adoptados de forma conjunta o consentida por parejas del mismo sexo tengan desenlaces diferentes que los niños o niñas adoptados por hombres o mujeres solteros o por parejas heterosexuales”. Asimismo, presentan un“análisis de la evidencia más reciente disponible con respecto a los desenlaces médicos, psicológicos y sociales de niños adoptados por parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta las revisiones de literatura y revisiones sistemáticas pertinentes”[11]. Estudio que, según indican, evaluó 1947 publicaciones potencialmente incluibles,  revisiones sistemáticas de alta calidad y análisis primarios publicados en diversos países. Luego de explicar las bases de datos consultadas y la estrategia de búsqueda, la selección de las publicaciones, la metodología y las preguntas de revisión, el concepto extrae las siguientes conclusiones:

“La evidencia científica reporta seguimiento de hijos de parejas del mismo sexo desde hace más de veinte años, incluso de parejas homosexuales que criaron niños y niñas antes de que fuera legal la adopción en varias jurisdicciones. Este es el caso de la cohorte de niños y niñas del estudio de Golombok, que empezó a seguirse desde la década de 1970 en el Reino Unido. A estos estudios se suma evidencia de Estados Unidos y Canadá, conducidos con los más altos estándares de rigurosidad científica. Dichos estudios no reportan ninguna diferencia en el desarrollo psicosocial de niños y niñas criados por parejas homosexuales”[4].
Ahí quedan los puntos más relevantes de una discusión que debemos asumir con entereza. Nadie se puede sustraer a la misma.









[1] Políticas de la intimidad Ensayo sobre la falta de excepciones José Luis Pardo.

[2] La ética en Michel Foucault o de la posibilidad de la resistencia.


[3] Foucault Michel. Historia de la sexualidad. La voluntad de Saber. Siglo veintiuno editores. Pag 17

miércoles, septiembre 21, 2016

AL FINAL DEL TUNEL

Este artículo publicado del excelente escritor Nicaragüense Sergio Ramírez en el “Boomerang literario” del periódico “El país” de España, considere importante traerlo a este blog a propósito del plebiscito que se firma en Colombia refrendando los acuerdos de la Habana, hecho que puede ser el comienzo de un camino de paz y esperanza para un país que aun no ha sido capaz de superar tanta violencia plantada en nuestra cotidianidad, tan cerca, tan dura.
Gracias a Gabriel García Márquez en Colombia las exageraciones se volvieron normales, y por eso no sorprende decir que el país ha vivido una guerra continuada que supera el medio siglo. Si lo pusiéramos en los propios términos gabeanos, sería las guerra de los veinte mil días; y el coronel Aureliano Buendía, que peleó en una más modesta que la historia patria llamada de los mil días, hubiera visto la duración de esta otra con desmedido asombro, igual que el número de víctimas que ha dejado, 260.000 vidas humanas sacrificadas.
No es una guerra sólo entre dos bandos, liberales y conservadores, como la del coronel Aureliano Buendía, sino toda una maraña de escenarios y actores, en la que a lo largo de las décadas han entrado y salido, liberales y conservadores, claro que sí, y ejércitos guerrilleros, unos marxistas ortodoxos, como los de las FARC que ahora va a desarmarse, y otros heterodoxos, y paramilitares y narcotraficantes, en lucha contra las fuerzas militares de un estado que no pocas veces resultó desdibujado y llegó a perder el control de vastas zonas rurales.
En visitas recientes que por motivos de mi oficio literario he hecho a Cali y Bucaramanga, el asunto de los acuerdos de paz no ha faltado en las conversaciones, en los debates, y en las entrevistas de prensa, y lo primero que he dicho a todos es que si yo fuera colombiano votaría por el sí.
Tomé como referencia mi propia experiencia respecto a los acuerdos que pusieron a fin a las guerras que tantas muertes, daños y sufrimientos causaron en la década de los ochenta en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, muertos, desaparecidos, mutilados, desplazados; guerras que de diversas maneras envolvieron también a Honduras y Costa Rica.
Aquellos conflictos fueron solucionados en base a los acuerdos de Esquipulas, firmados por los presidentes centroamericanos, pero aunque cada uno tuvo su propia dinámica y fecha de conclusión, los compromisos alcanzados fueron similares en cuanto a sus bases, e incluían el desarme de las fuerzas insurgentes, su incorporación a la vida civil, y el derecho a organizarse como partidos políticos. Es lo mismo que, con sus propias particularidades, habrá de ocurrir en Colombia: cambiar las balas por los votos.
Quienes antes reclamaban con las armas por cambios estructurales y reivindicaciones sociales y políticas, hoy pueden hacerlo aún desde el gobierno, como en el caso del FMLN de El Salvador, que ha alcanzado ya dos veces la presidencia de la república.
Y la paz se logró en Centroamérica porque no había solución militar al conflicto. Las fuerzas insurgentes, de derecha e izquierda, no podían ser derrotadas por las armas, y como no se trataba de una rendición en la que el vencedor impone sus términos, en la mesa de negociaciones las partes tuvieron que hacer concesiones mutuas.
Más compleja la guerra colombiana que la centroamericana, porque el narcotráfico no había aún metido sus garras tan a fondo en la región como ahora, y por tanto no llegó a financiar ni armar bandos, ni a involucrarlos en el negocio de la coca. En ese caso, la solución se habría complicado hasta extremos impredecibles.
Lo que más se discute en Colombia es el asunto de la impunidad, quiénes pagarán por los delitos cometidos durante la guerra, y quienes no. Sin embargo, los acuerdos no dejan de lado la impunidad total. Establecen un sistema de justicia transicional con penas diferenciadas para delitos confesados y no confesados, y excluye los crímenes de lesa humanidad que son referidos al Estatuto de Roma, es decir, serán juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Un avance, porque al alcanzarse la paz en Centroamérica, la responsabilidad por los crímenes nunca quedó explícita en los acuerdos, ni tampoco se tomó en cuenta a las víctimas ni a sus deudos, como sí ha ocurrido durante el proceso de negociaciones en Colombia. 
Héctor Abad Faciolince, mi amigo escritor que tiene toda la autoridad moral del mundo para hablar de este tema porque su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos, fue asesinado por paramilitares en 1987 en una calle de Medellín, de donde resultó un libro ejemplar, El olvido que seremos, ha escrito en un reciente artículo que termina con una frase lapidaria:
"La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro".
Él votará por el sí.


sábado, septiembre 17, 2016

ANÁLISIS DEL TEXTO DEL ACUERDO DE LA HABANA PERIÓDICO EL COLOMBIANO

Elkin Uribe realizó un trabajo de pedagogía sobre el acuerdo de la Habana, aprovechando el realizado por el periódico “El Colombiano”. Siempre he dicho que cuando alguien hace la tarea bien no queda otro camino que aceptar la contribución, más cuando este proceso no ha podido sustraerse de la violencia verbal y los apasionamientos propios de nuestro país.
Elkin
1. PUNTO UNO: HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO

Por María Victoria Correa | publicado el 04 de septiembre de 2016
Infografía
LO QUE PEDÍA EL GOBIERNO
La apuesta del Gobierno Nacional es buscar una transformación total e integral del campo colombiano. Por esa razón, más allá del acceso y uso de la tierra, el cierre de la frontera agrícola; la apuesta estatal está concentrada en que a los habitantes del campo se les garantice un buen vivir al tener acceso a recursos como el agua, la energía, las vías, la educación y la salud. Se le suma un plan de vías terciarias y garantizar conexión a internet. Además, el Gobierno logró incluir una propuesta que desde los expertos será maratónica y es la actualización del catastro y la formalización de la tierra. También quedó incluida mejorar la comercialización.
LO QUE PEDÍAN LAS FARC
La guerrilla de las Farc llegó a la mesa defendiendo lo que ellos han llamado los derechos de los campesinos. Entre sus propuestas estaba la prohibición de la participación extranjera en el campo colombiano, planteando, entre otras cosas, los efectos de los tratados de libre comercio al agro. También plantearon la limitación del uso de la tierra para la gran minería y apoyaron la creación de un Fondo de Tierras para dotar a campesinos que carezcan de ellas. Además pidieron garantizar un mínimo vital y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas. Para la guerrilla de las Farc fue clave la soberanía alimentaria a través, por ejemplo, del comercio justo.
FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA RURAL INTEGRAL
El Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita y dispondrá de tres millones de hectáreas en los primeros 10 años de su creación. Estas tierras provendrán de la extinción de dominio, la recuperación de baldíos, la actualización de la reserva forestal, tierras inexpropiadas, expropiadas y donadas. Además, el Gobierno se comprometió a entregar un subsidio para la compra de tierra en las zonas priorizadas y las personas que resulten beneficiarias de estos subsidios serán aquellas que tengan vocación agraria. De igual forma formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y Zonas de Reserva Campesina. Se pondrá a disposición planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos.
ANÁLISIS A FAVOR
Liliana Duica
Consultora, candidata a doctora en Antropología-U. Los Andes
El punto agrario está diseñado sobre promesas preexistentes. Lo que ha pasado es que buena parte de los fondos preexistentes de tierra que tiene el Gobierno han funcionado de manera no óptima. Con esto claro, se hacen todas las propuestas que quedan en el Acuerdo y esto puede ser una falencia estructural en la implementación porque ya hay rezagos. El fondo se basa en tierras y no hay certeza para poder disponer de ellas.
ANÁLISIS EN CONTRA
José Félix Lafaurie
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
El Incora fue un instrumento del Gobierno para hacer una reforma agraria a través de mecanismos de expropiación y adquisición de predios de pequeños propietarios y logró entregar 1.461.000 hectáreas. Hoy se pretende entregar 3 millones de hectáreas. Eso es una cantidad importante de tierra que tendrá que ser adquirida por el Estado a través de la extinción administrativa de dominio por afectación ambiental y este punto nos preocupa.

Comentario de canticoprimaveral: no solamente les preocupa a ustedes, también al pueblo colombiano. Pero si al negociar con un grupo insurgente grande, no hacemos la tarea, cuando podemos llegar fácilmente a estas tierras, entonces cuándo lo vamos a hacer. Esa extinción administrativa se debe hacer por muchas razones, mencionemos tan sólo una: Ociosidad de la tierra, cuando debería estar cultivada para producir riqueza y no valorización.

MODERNIZACIÓN CATASTRO RURAL
Se creará un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario. En ese sentido, habrá un Sistema General de Información Catastral que en un plazo máximo de 7 años concrete la actualización del catastro rural y se tendrá que ejecutar en el marco de la autonomía municipal. Este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas. Según el Acuerdo, contará con información desagregada por sexo/género y etnia. Además, se adecuará la normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial. Se aplicará el principio: el que más tiene, más paga. El propósito de mejorar el sistema, dice el Acuerdo, apunta a dar seguridad jurídica y social en la propiedad rural.
ANÁLISIS A FAVOR
Liliana Duica:
Consultora, candidata a doctora en Antropología-U. Los Andes
Este es un propósito muy bueno. Igual es una apuesta en la que ya venía trabajando el Gobierno con la misión rural del Departamento Nacional de Planeación, DNP. En este sentido, no es nuevo. Ya tiene adelantos por parte del Igac que ha hecho un esfuerzo en priorizar las zonas y se viene trabajando antes de la Ley de Víctimas, es decir, antes de 2011. Este es un esfuerzo de Estado y considero que es positivo que se reitere, aunque es un tema que puede tener algunos rezagos porque ya se viene trabajando.
ANÁLISIS EN CONTRA
José Félix Lafaurie 
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
Esto ya se ha venido haciendo. No es cierto lo que se dice que no se paga impuestos. En 2002, el catastro rural sumaba 31 billones de pesos, hoy ese catastro suma 157 billones de pesos. Hay zonas del país que están pagando un impuesto predial muy alto y claro, hay otras zonas en donde es necesario la formalización de la propiedad y al mismo tiempo la formación del catastro. Bienvenido. Soy de los que cree que hay que buscar siempre mecanismos que eviten el conflicto en el uso de los suelos en función de su vocación.

Comentario de canticoprimaveral: Por qué dicen que análisis en contra. No, aquí el concepto es más de fondo, hay que democratizar la tenencia de la tierra en manos trabajadoras; y por lo tanto, cuando la tierra se está trabajando y hay producción de riqueza, debe haber pago de impuestos, para poder sostener la política agraria democratizada.

PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL
El Gobierno desarrollará, en un plazo no mayor a dos años, un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola, con el fin de actualizar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial. También se comprometió a realizar la estructuración de planes para el desarrollo de las comunidades que están o colindan en las áreas de manejo ambiental especial, con el fin de que contribuyan con el cierre de la frontera agrícola. En las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se priorizará el acceso a la tierra para los campesinos. Apoyará los planes de desarrollo de estas zonas. Además, la constitución de las ZRC estará acompañada de la formalización de la propiedad.
ANÁLISIS A FAVOR
Liliana Duica
Consultora, candidata a doctora en Antropología-U. Los Andes
La creación de las ZRC no es nueva, de hecho su marco legal está en la Ley 160 de 1994. Desde esa época se están desarrollando procesos que han sido frenados por algunas administraciones por la coincidencia que hay entre esas zonas y la presencia de algunos grupos armados. Este es uno de los temas al que más le han apostado las Farc para priorizar la pequeña propiedad. Hay que ver si el interés es mantener la pequeña propiedad para las zonas de amortiguamiento o que sirva para fortalecer al ahora movimiento político.
ANÁLISIS EN CONTRA
José Félix Lafaurie 
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
Estas son tierras que eventualmente se les van a dar a las Farc. Hay que recordar que la ley segunda de 1957 estableció 54 millones de hectáreas de zonas boscosas, ¿qué ha sucedido a lo largo de estos 60 años? El país ha venido ampliando su frontera como consecuencia de las colonizaciones desordenadas que se han hecho. Se puede comprobar hoy que en las zonas donde estaba la coca y las Farc, son las que terminaron devastadas forestalmente y ahora se van a sustraer de la ley para entregárselas a los que están ahí.

Comentario de canticoprimaveral: Bien por el comentario. ¡Claro! hubo que devastar zonas para siembra en ese caso específico de financiación de otro ejército, el de la Farc, para cultivos “rentables” en este caso de coca, porque no hay una política nacional gubernamental para llegar a estos sitios, como lo dice Liliana Duica la presencia de grupos armados, que no dejan llegar a esas zonas; pero sí establecemos una política gubernamental en donde el campo es primero y su tenencia es democratizada, no puede haber otro camino sino la ampliación de las fronteras rurales, cortapisadas por la ley gubernamental, que pondrán orden a su tenencia, mantenimiento y explotación.

DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES
Con el fin de superar la pobreza y la desigualdad, en el Acuerdo se propone que, en una fase de transición de 10 años, se logre erradicar la pobreza extrema en el país y la pobreza rural en un 50 %. Algunas de las acciones para lograr esto es la implementación de un Plan Nacional de Vías Terciarias con el cual se estimulará la economía local. También se hará la recuperación de la infraestructura de riego y la promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua. Además, para garantizar una vida digna de los campesinos, el Gobierno Nacional implementará un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad Rural, en los que se ampliará la cobertura eléctrica y la instalación de la infraestructura para garantizar el acceso a internet.
ANÁLISIS A FAVOR
Liliana Duica
Consultora, candidata a doctora en Antropología-U. Los Andes
Este es un punto que existe en el marco normativo colombiano. De hecho, si se mira la Ley 160 de 1994 cuando se refiere a baldíos, lo que dice es que la adjudicación de baldíos se hará para que esto sea una llave de acceso a bienes y servicios complementarios. Eso aún no ha pasado porque no hay vías, no hay agua, no hay energía. No puede haber desarrollo agropecuario si no hay vías, sino hay acueductos. Que en el Acuerdo se reitere este tipo de cosas es positivo, la pregunta que tengo es cómo se va a hacer y con qué recursos.
ANÁLISIS EN CONTRA
José Félix Lafaurie
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
En el año de 1991 la Constitución estableció tres artículos: 64, 65 y 66. Más o menos tienen los mismos 14 planes nacionales que están en el Acuerdo. ¿Por qué no se han hecho? No se había negociado con las Farc. A mí me parece un contrasentido que lo que hemos pedido los gremios a lo largo de los últimos 40 años, que son los bienes públicos para el campo, ahora, como resultado de una negociación con unos criminales, el Estado colombiano ahora sí se preocupe de 14 millones de colombianos que viven en la marginalidad.

Comentario de canticoprimaveral: Excúseme doctor José Félix, no es que se esté tomando como punto de partida la negociación con unos “criminales” lo pongo entre comillas, porque usted no puede tratar así a quienes no están de acuerdo con las políticas gubernamentales excluyentes; o sino dígame usted, por qué los gremios no han dejado hacer una verdadera reforma agraria. No me haga hablar, que lo que ustedes han peleado es su propia riqueza y no la democratización de la tenencia, mantenimiento y explotación de las tierras, en las verdaderas manos de quienes las trabajan. También tenga en cuenta como dice nuevamente su colega Liliana Duica: dificultad en segurodad para llegar a las zonas.

Cuando usted logra sacar de contexto el grupo insurgente más grande, lo que tiene que hacer es pactar con los otros grupos procesos de paz, para poder llegar a todos los sitios colombianos y manifestar la presencia gubernamental que se verterá en desarrollo agrario integral con todos sus servicios públicos a bordo; tanto para la tierra, como para la persona que la tiene.

ACCESO A VIVIENDA, AGUA POTABLE, SALUD Y EDUCACIÓN
Se propone el Plan Nacional de Salud Rural para la dotación de equipos y la disponibilidad de personal calificado. Incluye la creación de un modelo especial de salud pública para las zonas rurales. Se creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural a través del cual se garantizará la gratuidad de la educación preescolar, básica y media. Se mejorará la infraestructura rural y habrá acceso a tecnologías de información, también se ampliará la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. Implementarán el Plan Nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, garantizando el acceso a agua potable. Se otorgarán subsidios para la construcción y el mejoramiento de vivienda en los cuales se priorizará a la población en pobreza extrema.
ANÁLISIS A FAVOR
Liliana Duica
Consultora, candidata a doctora en Antropología-U. Los Andes
Considero que es positivo que este tipo de puntos queden en el Acuerdo, que estén apalancados. Hoy en día los municipios no tienen los recursos para poder invertir, por ejemplo, en vías porque una sola vía cuesta el presupuesto de educación. Los alcaldes siempre están pensando en sus años de gobierno y no están pensando en dotar de infraestructura básica planes estatales, cuando el Gobierno no les está dando contrapartidas. Si esto llega a desarrollarse podría ser exitoso, pero yo no veo el cómo muy claro. Hay una buena intención, pero, insisto, no veo el cómo.
ANÁLISIS EN CONTRA
José Félix Lafaurie
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
Esto es lo mismo, son los 14 planes. Ojalá que todo esto se haga, ojalá, yo lo dudo. Y lo dudo porque no lo han hecho en 26 años y con el respaldo de la Constitución que también lo pedía. Nosotros llevamos pidiendo todo esto desde hace dos décadas y le insisto, ahora con una negociación de criminales dizque, le van a dar eso al campo. ¡Falso! Sería bueno preguntar qué ha hecho el Ministerio de Agricultura en los últimos cuatro años con los recursos que se han dado para vivienda rural, en qué manos terminaron, cuál es el impacto de eso.

Comentario de canticoprimaveral: Es un punto maravilloso. Yo nuevamente le digo Doctor Lafaurie, no se dirija despectivamente a su contrincante, aquellos que están peleando por la mejoría de la zona rural. La inseguridad en las zonas, no ha permitido que llegue el estado hasta allí; pero, haga que la planeación nacional vuelva el desarrollo rural una política gubernamental, y todos los alcaldes, deben ponerse a disposición de cumplirlas; cuando es política nacional, debe estar protegida con los recursos económicos, para poderla realizar. Entonces el alcalde de turno, simplemente se acoge, a una política continua avalada por el Congreso de la República quien es el que aprueba el presupuesto nacional.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Quedó establecido que el Gobierno creará el Plan para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, que tendrá en cuenta la promoción de las asociaciones solidarias que administren los centros de acopio y promocionen los productos. Se cofinanciarán dichos centros para la producción alimentaria de la economía campesina. Con el fin de fomentar la producción local se diseñará e implementará un mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades institucionales. Se creará el Plan de protección social para darles garantía a los trabajadores rurales, e incentivar campañas para la erradicación del trabajo infantil y la creación de un sistema móvil de inspección en las áreas rurales que les permita a los trabajadores exigir sus derechos.
ANÁLISIS A FAVOR
Liliana Duica
Consultora, candidata a doctora en Antropología-U. Los Andes
Este es un tema muy bueno, mucho. Por ejemplo, las plazas de mercado y la unión de los productores con los compradores ha sido uno de los grandes rezagos que ha tenido la productividad. Los modelos de los pequeños no funcionan si no están apalancados con una gran infraestructura. Por eso, es que los modelos de mono cultivo funcionan mucho más en la lógica de desarrollo rural porque tienen toda la cadena de provisión de bienes y servicios y de mercadeo inscrita, mientras los pequeños productores no. Esta es una deuda histórica que también está prevista en nuestra normatividad.
ANÁLISIS EN CONTRA
José Félix Lafaurie 
Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
¡Por favor! Claro que hay que hacer grandes esfuerzos en materia de asociatividad y en comercialización. Al pobre campesino que produce se le compra a unos valores vergonzosos, frente a lo que paga el gran consumidor en las ciudades. Los explotan en todas las cadenas de comercialización informales. Ojalá lo hagan. Lo que yo reprocho es que este país se urbanizó con una mirada sesgada sobre el sector rural y ahora viene y se da cuenta de una cantidad de inequidades que se tiene en el sector rural. Yo recorro el campo y me doy cuenta de todas las limitaciones.

Comentario de canticoprimaveral: En este punto se observa la bondad de las conversaciones de paz. También debe ser una política de gobierno, el manejo de la cadena productiva y comercializadora de la zona rural. Entidades debidamente apalancadas por el gobierno, harán de puente entre el productor y el comercio, para que los precios no se castiguen al vaivén de los compradores y/o vendedores en el caso de los insumos.

Aquí se observa, que es menester llegar a un acuerdo entre lo urbano y lo rural, para que el desarrollo sea uniforme.

2.     ANÁLISIS PUNTO DOS: PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA Y OPOSICIÓN
por Oscar Andrés Sánchez A. | publicado el 05 de septiembre de 2016
Infografía
LO QUE QUERÍA EL GOBIERNO
En julio del año pasado el presidente Juan Manuel Santos dijo que cuando las Farc depusieran las armas no iban a tener curules “gratis” en el Congreso, sino que se las tenía que ganar en campaña. Luego, en julio de este año el ritmo de la negociación cambió dicha condición, pues en opinión del propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo “pensar en un proceso de paz sin participación en política no tiene ningún sentido”, hecho que finalmente se dio en el acuerdo pactado.
Durante la negociación en La Habana, el Gobierno también se opuso a la eliminación del umbral electoral para que los partidos tengan personería jurídica.
Lea aquí: 
LO QUE QUERÍAN LAS FARC
Las Farc solicitaron desde el inicio reemplazar la Cámara de Representantes por una cámara territorial, con el objetivo de que las regiones apartadas y olvidadas del país tuvieran una mayor participación, con circunscripciones territoriales, cada una con cuatro representantes y otros veinte con criterios poblacionales y especiales.
Aparte de esto pedían una circunscripción especial de paz transitoria, para garantizar la participación y financiamiento de los movimientos que surjan de las Farc. De igual forma en el proceso de conversaciones solicitaron financiación del Gobierno para darles vida a los movimientos y partidos políticos que surjan al final del conflicto.
REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL CONGRESO
Una vez las Farc entreguen las armas, el Gobierno hará un reforma para garantizar la representación política del nuevo partido en el Congreso. Aunque este tema se desarrolla en el punto 3 del Acuerdo Final, tiene que ver con una clara participación política. Es una fórmula transitoria que garantizará, por dos periodos, a partir del 20 de julio de 2018, cinco curules en la Cámara y cinco en el Senado. El nuevo partido participará en la contienda electoral, pero si no obtienen los votos suficientes, tienen asegurada esa representatividad. Podrán inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición. Mientras tanto las Farc tendrán tres voceros en Cámara y tres en Senado con voz pero sin voto, además, de manera transitoria un delegado con voz pero sin voto en el CNE.
Análisis
John Fredy Bedoya Marulanda, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Es un punto acertado, ya que se está garantizando desactivar algunas de las causas objetivas de la guerra: la exclusión política. Dará garantías para que las Farc hagan su tránsito al ejercicio político ordinario, además de darle participación en construir las condiciones para desactivar el conflicto (no armado) entre el Estado y otros sectores de la sociedad.
Análisis
Andrés Felipe Bernal Blanco
Escuela de Política y R.I de la Universidad Sergio Arboleda
El ingreso garantizado de las Farc a la política puede generar problemas de representatividad frente a los demás partidos que han tenido que enfrentarse al juego democrático. Entrarán al Congreso como el único partido seguro para los próximos dos periodos, bajo una amnistía que permitirá a los autores de delitos de lesa humanidad ser elegidos.

Comentario de canticoprimaveral: El transito a un cambio de medio, debe ser ambientado, para que no haya tropiezo en la nueva forma de convivir. La Farc y todo grupo alzado en armas, siempre ha buscado una participación en política; como también lo han buscado, otros que no nos hemos sublevado, pues es de aplicación de las personas, ser representantes de algo.

sábado, septiembre 03, 2016

YA NO ME SIENTO VÍCTIMA

Transcribo esta columna del escritor colombiano Hector Abad Facio Lince aparecida en " El país" de España, por considerarla de suma importancia dado las circunstancias especiales de Colombia.
El autor de ‘El olvido que seremos’, sobre el asesinato de su padre a manos de los paramilitares, se enfrenta al acuerdo de paz desde su historia familiar y convencido de votar 'sí'
Yo he entendido la historia reciente de mi país no a través de ninguna teoría, sino a través de las historias familiares. Cuando uno tiene una familia numerosa, la ficción es casi innecesaria: en una familia grande, todas las cosas han ocurrido alguna vez. Esas historias me permiten reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que pasa en Colombia, para luego tomar una decisión que es política, pero también vital, porque no está dictada por la ideología, sino por la imaginación: trato de pensar de qué manera podríamos vivir mejor, sin matarnos tanto, con menos sufrimiento, con más tranquilidad.
Para explicar por qué celebro y estoy tan feliz con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, voy a intentar reflexionar con ustedes a partir, otra vez, de una historia familiar.
Nunca sentí ninguna simpatía por las FARC. El esposo de una de mis hermanas, Federico Uribe (sin parentesco con el expresidente de Colombia), fue secuestrado dos veces por la guerrilla. La primera vez lo secuestró el Frente 36 de las FARC, hace 28 años, cuando él tenía 35. Once años después, otro grupo lo volvió a secuestrar; los muchachos que lo vigilaban en la montaña eran tan jóvenes que le decían “abuelo” a un hombre de 46. Federico no era, ni es, una persona rica. Tal vez tenía el apellido equivocado. Tampoco era pobre y no sería extraño que los muy pobres lo vieran como muy rico.

Mi cuñado (ahora excuñado, porque en todas las familias hay divorcios) tenía y tiene 120 vacas lecheras en un pueblo a 2.600 metros de altitud en el oriente de Antioquia. Después de un mes secuestrado y de pagar la “cuota inicial” del rescate para que lo soltaran, tuvo que seguir pagando lo que faltaba, en cómodas mensualidades, durante 36 meses más. La guerrilla, tan amable, le dio tres años de plazo para pagar. Ustedes preguntarán: ¿y por qué no acudía a la policía, al Ejército, a las autoridades del pueblo? Él les contestaría: “Permítanme una sonrisa”. En las zonas rurales de Colombia el Estado no existía; hay partes donde no existe todavía; cuanto más lejos esté la tierra de las ciudades principales, menos Estado hay. Si Federico no pagaba las cuotas, tampoco podía sacar la leche de la finca, y de eso vivía. Si no pagaba las cuotas, lo podían matar en la misma lechería. Si no pagaba las cuotas, le podían secuestrar a uno de sus hijos, mis sobrinos. En fin, en ausencia de un Estado que controlara el territorio y defendiera a los ciudadanos, no había otra que pagar. O hacer lo que hicieron otros finqueros: vincularse a un grupo paramilitar que los protegiera a cambio de una cuota mensual parecida. Federico Uribe no era de esos que se complacían en ver matar, y los paramilitares mataban sin preguntar. Además, los paramilitares habían matado a su suegro, a mi papá, y no era el caso de aliarse con otros asesinos.
Federico —acabo de llamarlo para preguntarle— va a votar no en el plebiscito sobre la paz. “Yo no estoy en contra de la paz”, me dijo, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel. Mientras me tuvieron secuestrado mataron a dos”. Yo lo entiendo, lo aprecio y no lo considero un enemigo de la paz, así no esté de acuerdo con él. No me siento con autoridad para juzgarlo y tiene todo el derecho de votar por el no. Pero, aunque lo entiendo, espero que él también me entienda a mí ahora que escribo que voy a votar por el sí. Entiendo su posición sobre la impunidad. Creo tener derecho, sin embargo, a decir que no me importa que no les den cárcel a los de las FARC, pues cuando el presidente Uribe hizo la paz con los paramilitares escribí un artículo en el que sostuve que no me interesaba que los asesinos de mi padre pasaran ni un día en la sombra. Que contaran la verdad, y listo: que los liberaran, que se murieran de viejos. Si no me creen, aquí pueden ver ese artículo, publicado en la revista Semana en julio de 2004:
De los 28.000 paramilitares que aceptaron desmovilizarse durante el Gobierno de Uribe, tan solo un puñado de ellos pagaron cárcel, y no porque el presidente lo quisiera, sino porque la Corte Constitucional lo obligó. Su proyecto inicial ofrecía impunidad total. El texto del Acuerdo de Ralito (el sometimiento de los paramilitares) nunca nos lo mostraron; a las víctimas de los paramilitares no nos llevaron a la zona de los diálogos para decirles en la cara el dolor que nos habían causado y para darles la bienvenida a la vida civil, como en mi familia hubiéramos querido hacer; tampoco se sometió el acuerdo con ellos a un plebiscito. Esto no es un reclamo, sino una comparación. Santos ha publicado el texto (larguísimo, farragoso, pero útil, del Acuerdo de La Habana); llevó a las conversaciones a grupos de víctimas (incluso a mí me invitaron, pero no quise ir, pues no me siento víctima ya); y ahora lo somete al veredicto del pueblo.

Si en el caso de los asesinos de mi padre yo estaba de acuerdo con un pacto de impunidad, con la única condición de que los paramilitares contaran la verdad y dejaran de matar, creo tener autoridad moral para decir que también estoy de acuerdo con el Acuerdo de Paz con las FARC, los secuestradores de mi cuñado. En el caso de las FARC, también acepto una alta dosis de impunidad a cambio de verdad. Tengan en cuenta además que por delitos atroces, entre los cuales se incluye el secuestro, no es cierto que en este acuerdo haya impunidad total. Los responsables pagarán hasta ocho años (si lo confiesan todo antes de que empiece el juicio) de “restricción efectiva de la libertad”, no en una cárcel corriente, sino en condiciones que el Tribunal Especial para la Paz decidirá. Y si la confesión ocurre durante el juicio, esos ocho años los pasarán en una cárcel normal. Y si no confiesan y son derrotados en juicio, la pena será de 20 años en cárceles del Estado.
No estoy de acuerdo con él. Le comprendo y admiro. Pero esto es lo mejor que el Gobierno pudo lograr tras cuatro años de negociación
Así que no estoy de acuerdo con mi excuñado, a quien comprendo y admiro y sigo queriendo igual, en que se haya firmado un acuerdo de impunidad total. Fue un acuerdo muy generoso con las FARC, sin duda, y ojalá la guerrilla hubiera aceptado pasar siquiera dos años en la cárcel, que es a lo que aspira Federico. Pero esto fue lo mejor que el Gobierno pudo lograr, tras cuatro años de duras negociaciones, con una guerrilla que no estaba completamente derrotada.
Cuando escribo para España, o cuando hablo con españoles, algunos esgrimen el ejemplo de ETA para decirme que el Estado no puede ser condescendiente con los terroristas ni puede perdonar. No creo que los casos se parezcan ni se puedan comparar. Las FARC nacieron en un país violento, muy desigual y muy injusto, lo que no las justifica, pero sí explica en parte su furor. La guerrilla de las FARC llegó a tener 20.000 hombres en uniforme; llegó a tomarse la capital del departamento (Estado) del Vaupés, Mitú. Ejerció control y dominio (como un Estado alternativo que impartía “justicia” y resolvía líos domésticos) en amplios territorios rurales.
Las FARC han sido una guerrilla despiadada, sanguinaria, sin duda. Una guerrilla que cree firmemente y con fanatismo mesiánico en la última religión del siglo XX, el comunismo marxista leninista. En la lucha armada, en su ideología, en sus actos de terror, creo que la guerrilla se equivocó de un modo atroz. Pero en más de medio siglo de desafío al Estado no ha podido ser derrotada por las armas. Colombia tiene el presupuesto de seguridad más alto de América Latina; tiene el Ejército más numeroso; gastamos en armamento lo que no nos gastamos en salud o educación. Tuvo un presidente, Álvaro Uribe, cuya mayor obsesión durante ocho años fue exterminar a la guerrilla que había matado a su padre. La debilitó mucho, las FARC quedaron en menos de 10.000 efectivos, pero tampoco la pudo derrotar. Su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, llegó al poder y, al verla debilitada, les volvió a ofrecer lo que todos los presidentes anteriores (incluyendo a Uribe) les habían ofrecido: unas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y Santos acaba de conseguir lo que ninguno de los presidentes anteriores consiguió: que las FARC se plegaran a dejar las armas y aceptaran convertirse en un partido político con garantías de seguridad e incluso con una mínima representación en el Congreso en las próximas elecciones.
En todas las familias hay uno que otro envidioso; se sienten celos aun entre los hermanos. Por eso entiendo tan bien, por eso me parece tan comprensible, tan humano, que los dos presidentes anteriores (Pastrana y Uribe) sientan celos porque Santos haya logrado lo que ellos buscaron sin conseguir. Se entiende también que quieran adoptar para su envidia una máscara más noble, la máscara de la “impunidad”. Pero estoy seguro de que, si ellos estuvieran en el poder, ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta. Un presidente mucho más viejo, casi centenario, lúcido, ya curado de espantos y mucho más allá del bien y del mal, Belisario Betancur, un presidente que estuvo a punto de firmar la paz con la guerrilla hace 30 años, pero que fue saboteado por la extrema derecha (mezcla de paramilitares, terratenientes y una franja del Ejército) mediante el exterminio de líderes de izquierda y de todo un partido político, la Unión Patriótica, este viejo presidente, en cambio, conservador y católico, votará por el sí. También Gaviria y Samper harán campaña por el sí.
Termino: las historias familiares, que son como una novela real, me han obligado a sentir y me han enseñado a pensar mucho sobre el sufrimiento, sobre la justicia y la impotencia, sobre la humillación y la rabia, sobre la venganza y el perdón. Escribir la injusticia que se cometió con mi padre, el asesinato de un hombre bueno, me curó de la necesidad de aspirar a ver en la realidad la representación de la justicia (una cárcel para los asesinos). De alguna manera yo siento que pude hacer justicia contando la historia tal como fue. Seguramente si mi cuñado hubiera podido contar la historia de su secuestro, como lo hicieron Ingrid Betancourt o Clara Rojas, ahora estaría más tranquilo y en el mismo grupo de ellas, el grupo de los que apoyamos el sí. Es por eso que ahora que he contado la historia de Federico, y ahora que he explicado mi posición para un periódico español, yo le preguntaría a mi excuñado lo siguiente: ¿no es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro.