LA CRISIS DEL ACUERDO DE LA HABANA EN COLOMBIA

 El partido de gobierno en su intensa campaña en contra del acuerdo de la Habana, la actitud inercial y cómplice del presidente en cabeza del ministro de defensa, en el propósito irrefrenable de hacer trizas el acuerdo de paz, constituyen el aspecto más grave que vive el país, a ello se  suma el asesinato de más de 250 desmovilizados de la FARC y 500 líderes sociales, donde están seriamente comprometidas las fuerzas armadas y el estado colombiano.

El centro democrático en cabeza del doctor Uribe está a la cabeza de una derecha recalcitrante y fascista, ha manipulado con una frialdad y descaro al gobierno en el propósito de acabar los acuerdos, en una estrategia predeterminada y perversa, con objetivos claros para traer de nuevo la guerra a Colombia. Esta actitud tiene resultados nefastos para el país, instaurando una xenofobia en contra de nuestras instituciones y tradición, encarando al país de nuevo al conflicto que tanto nos costó cerrar.

La relación de las fuerzas armadas, carne de cañón en esta guerra y a la que el gobierno manipula, sacrificando a sus generales, la impotencia para traer la paz a vastos sectores abandonados por la FARC, dejan claro que hay más territorio que estado. Es un hecho, no hay oposición, el país está conminado de nuevo a la guerra, sin congreso, además con una corrupción galopante.

Todos los días nos levantamos con noticias de asesinatos de líderes sociales en zonas de conflicto, Asesinados con una frialdad absoluta y que develan la impotencia y la falta de voluntad del gobierno.  En cualquier parte del mundo estos hechos generarían álgidos debates en defensa de la vida, en Colombia curiosamente no pasa nada y lo que es peor, el gobierno sigue como si nada, manipula cifras, para defender con estas la ausencia de gobernabilidad, en medio de una inequidad absoluta.

Es el país en el mundo con más violaciones de derechos humanos, feminicidio, asesinatos. La fuerza pública hasta la fecha ha sido impotente para controlar vastas zonas del país manejada por los carteles de las drogas y los grupos ilegales.  El asesinato de víctimas de la guerra que, por gracia del acuerdo de la Habana, han recobrado sus tierras, refleja a una derecha que no está dispuesta a ceder frente a las obligaciones impuestas por el acuerdo. Gran parte de la tierra de este país ha sido ganada a sangre y fuego por una elite que está en complicidad con las fuerzas del gobierno en contubernio con los paramilitares.

El gobierno no solo tiene el propósito sistemático de hacer trizas el acuerdo, sino que sus ataques a la JET ahora son directos, descarados, tratando que la justicia transicional no cumpla y olvidándose que la verdad se sobrepone a la justicia, se trata de ceder para vencer y armar la memoria histórica.

Se necesita liderazgo y que las fuerzas sociales vivas del país defiendan el acuerdo de paz de la Habana. Es hora que las ONG, la academia, el estudiantado, la clase trabajadora y los partidos realicen esta tarea de manera responsable y rigurosa. Sí no lo hacemos, el gobierno acabará con las esperanzas de un país que realmente necesita cambios.

 

OSCAR ALARCON EL CASO DE UNA INJUSTICIA FLAGRANTE EN MEDELLÍN

 

Don Oscar Roldan, vive en el barrio “Bello Oriente" de Medellín, en una comuna, es un hombre de la tercera edad, trabajador, un patriarca, le da trabajo a más de 25 miembros de su familia, ha sufrido todos los males de este país y pese a ellos ha salido avante con su trabajo, ha padecido el estado de una manera inclemente. Hace treinta años salió de su región por la excesiva violencia y la ausencia del estado en toda la región donde trabajaba. De súbito, por la gracia de una violencia descarnada se convirtió en desplazado, tuvo que salir de sus tierras, engroso esa masa de colombianos sin ningún apoyo buscándole salidas a la vida y a suerte que las encontró. El secreto: Trabajo y perseverancia.

Nunca ha sido acompañado por el estado en ninguna vicisitud adversa, más bien ha tenido que padecer la persecución del mismo de manera injusta. Su historia es singular, porque, como buen colombiano con perseverancia, inteligencia y honestidad, mucho sentido común, montó un depósito y una ferretería con la que ha salido adelante, que no solo le dan mucho trabajo a la zona y particularmente a su familia, sino que ha servido de apoyo a la zona para un desarrollo. La gente de estas comunidades se enfrenta a todo. Primero al estado, quien les cobra a través de matrículas hechizas que no corresponden al principio de reciprocidad, además, sabiendo que estas son posesiones, en zonas vulnerables, por el peligro social, la violencia y la falta de presencia del estado, cada día es una batalla con infinidad de problemas: Falta de vías, ausencia de espacios de recreación y deporte y por su puesto violencia.

Fue sancionado mediante resolución No 2017500009306 de 27 de septiembre del 2017 mediante proceso iniciado por un inspector a una sanción urbanística, injusta desde todo punto de vista, pues el monto fue puesto como si se tratara una construcción de extracto. Algo paradójico, hay más de mil casas y poseedores que tienen una condición igual a la  del señor Oscar, son construcciones hechas a contra natura, producto de una condición particular producto del abandono del estado, en un país que siempre llega tarde. Curiosamente se ensañaron con don Oscar.

Aún así este señor, que fue embargado injustamente, a quien se le cobran intereses moratorios altísimos, ha estado pendiente de la administración para pagar el capital y a la fecha nadie le ha escuchado. Nadie lo atiende, nadie le resuelve, es tratado con total indiferencia.  El artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 establece que las sanciones administrativas están sujetas al principio de proporcionalidad, de manera que la ley restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa y constituye un límite general para cualquier ejercicio que suponga la limitación de los derechos fundamentales.  En concreto, esta Corporación ha sostenido que tratándose del inicio de un proceso por presunto desconocimiento régimen de obras urbanísticas (Ley 388 de 1997 “por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Ley 810 de 2003 “por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”) que surten las Alcaldías Municipales o las Alcaldía Locales, existe el deber de la administración de acompañar al administrado, para que tenga una oportunidad de adecuar su actuación irregular a la legalidad, antes de imponerle una sanción  que seguramente no podrá cancelar debido a sus condiciones de vulnerabilidad y que ocasionará que incluso pierda su vivienda.

No hay ningún acompañamiento, existe sólo una persecución injusta e inexplicable, desde la perspectiva antropológica y sociológica, el trato no atiende a las graves singularidades del caso, el poder ascendente del estado es arrogante, injusto y viola el derecho de defensa de toda una familia. además el estado desconoce la forma en que crecieron estos barrios. Estamos ante una violación flagrante de los derechos humanos.