Esta columna aparecida
en el periódico “El país” de España, escrito por la periodista colombiana Diana
Calderón, directora del programa hora 20 de Caracol, expresa en todo su contexto y sentido, las dudas que me
despiertan, no solo la posición de una derecha recalcitrante en Colombia, sino
la actitud de funcionarios de la fiscalía y el propio fiscal, sobre los
acuerdos de la Habana y el proceso de paz y sobre todo, sobre sus estructuras, la
JEP, para hablar concretamente de la más vital y la justicia transicional, en
donde prevalece la verdad, por encima de la justicia, sin que se olvide de la
reparación de las víctimas. Colombia es experta en volver atrás, hacer trizas
el acuerdo parece ser una realidad que se comprueba todos los días CESAR HERNANDO BUSTAMANTE
Diana Calderón
Los
periodistas en nuestro único y verdadero papel tenemos que preguntarnos: ¿Se
irá extraditado el exguerrillero Jesús Santrich por entrampamiento?
La democracia debe tener anclajes robustos, suficientes para
soportar el peso del péndulo, los cambios en las preferencias políticas y
electorales y su consecuente ideología. Los gobiernos cambian así como los
hombres y mujeres, de Obama a Trump, de Dilma a Bolsorano, de Bachelet a
Piñera, de Santos a Duque. Sus idearios se visibilizan, las presiones pululan y
las realidades terminan siempre por imponerse para beneficio de las sociedades
cuando el juego de pesos y contrapesos está bien balanceado.
Y sin embargo, las estrategias y sus tácticas para imponer
una forma de pensamiento materializada en políticas públicas implica tener los
ojos bien abiertos y la ética y la moral a prueba de entrampamientos para no
caer en los atajos discursivos y saber anticiparse a cualquier intento
ideológico de izquierda o de derecha que amenace las conquistas alcanzadas en
derechos ciudadanos.
Por eso me ha parecido ideal la aparición de la palabra
"entrampamiento" para reflexionar sobre el momento que vivimos por
estos días en Colombia. La palabrilla anda de boca en boca en forma de debate
jurídico, en la medida en que agentes de la DEA han venido participando en
investigaciones judiciales de la Fiscalía General, especialmente en casos que
terminan por afectar de una y otra manera el funcionamiento del Tribunal que
nació como resultado de los acuerdos de paz con las FARC, la Justicia Especial
para la Paz (JEP), en el preciso momento en que el presidente de la república
deberá tomar la decisión de objetar o no la ley que reglamenta esa
jurisdicción.
Entrampamiento significa entrampar, hacer que otro caiga en
una trampa, es el acto de enredar, de engañar, de inducir casi siempre a la
comisión de un delito o de un mal. El debate se abrió para establecer si el uso
del entrampamiento apareció para deslegitimar la JEP a propósito del actuar de
un corrupto, o para inducir al exguerrillero Jesús Santrich, basado en que su
condición de narcotraficante saldría a flote por encima de su compromiso con el
desarme. En buena hora, la Procuraduría ha determinado que sea la Corte Suprema
la que decida sobre ese caso. Ojalá distinguiendo el castigo que merece el
delincuente sin que implique afectación a la apuesta de la paz.
Pero sirve para hacernos muchas preguntas, porque no solo el
entrampamiento se usa para inducir a ese tipo de delitos. También para enredar,
para confundir y poner a muchos a caminar por las líneas grises que nos separan
de nuestros compromisos éticos en lo profesional y personal.
Los periodistas en nuestro único y verdadero papel tenemos
que preguntarnos entonces: ¿Se irá extraditado Santrich por entrampamiento? ¿Se
está usando el entrampamiento para que el pueblo venezolano compre la ilusión
de ser liberado de la dictadura, cuando la realidad está mostrando que pasará por
etapas que pueden ser aún más dolorosas para la gente?
¿No hay acaso entrampamiento cuando se presenta un proyecto
de ley con fachada de libertad y es precisamente para coartar la libertad de
cátedra? ¿No se esconde detrás de la propuesta tan parecida de Bolsonaro en
Brasil de Escuelas sin partido, el verdadero interés por el adoctrinamiento? O
el de Cuba en su época más aciaga cuando vimos a niños pioneros José Martí
uniformados en el Caribe?
¿Proponer el regreso de ciudadanos armados no plantea un atajo
peligroso que puede terminar por dejarnos a merced de los peores instintos
humanos y la defensa de individualidades económicas? Por la vía de los
importantes debates pero también por entrampamiento, Colombia está dando un
giro a la derecha, coherente con la elección de un gobierno del Centro
Democrático.
La petición del presidente Duque a la Corte Constitucional,
escenario ahora de espacios de discusión fundamentalmente democrático, para
modular una sentencia que condicionó el uso del glifosato, herbicida para
combatir cultivos de coca al cumplimiento de ciertas condiciones y volver a la
reanudación de la aspersión muestra el giro a la derecha en la política
antidrogas y podría terminar por acabar con una apuesta realista y digna como
es la sustitución de cultivos illíticos y la erradicación manual.
Y en medio del debate, una realidad: el aumento de los
cultivos de coca a 171.000 hectáreas en 2017, según las cifras de monitoreo de
Naciones Unidas, Simci. En 2012, esa cifra fue de 60.000 hectáreas.
A qué conclusión debemos llegar, o al menos a qué reflexión
nos deben llevar los siguientes hechos: que en la justicia se use el
entrampamiento, el cambio en la posición de política en la lucha contra las
drogas, un trino del senador expresidente Álvaro Uribe a raíz de una foto de
niños de Montes de María con una pancarta donde está escrito abracemos la JEP:
“Abuso de algunos profesores justifica poner competencia a la educación
pública, que estudiantes puedan ir a la privada, el intento del representante
Edward Rodríguez de poner controles a la libertad de cátedra. Algunos
nombramientos cuestionados, por tratarse de personas con posiciones radicales
frente a temas de paz, como el caso del director del Centro de Memoria
Histórica que no cree en el conflicto y debe construir la narrativa sobre el
mismo. O las medidas sobre dosis mínima o sobre porte y uso de armas.
¿Por tratarse en general de decisiones de un Gobierno de
derecha nos retrocede frente a lo que hoy tenemos en temas de derechos? Y si
fuera de izquierda, ¿las pondríamos en tela de juicio también?
