SOCIALES
Se han
incrementado los asesinatos y masacres en Colombia de manera exponencial, son el
pan de cada día. Estamos perdiendo la juventud en buena parte del país rural,
los campesinos y líderes sociales dentro del proceso de sustitución,
restitución y reparación establecidas después de los acuerdos de la Habana, los
están asesinando de manera inclemente. El gobierno hasta la
fecha no ha podido evitarlas pese a los esfuerzos del presidente. Hay varios
hechos sin discusión que constituyen variables para entender lo que está pasando. El
primero, hay una guerra entre carteles, entre las bandas criminales. Después de la firma de los acuerdos de la Habana, realmente se cerró el problema del
conflicto interno, se acabó la guerra de guerrillas después de 50 años de conflicto.
Hoy solo existen los carteles de la droga en las vastas zonas que dejó la FARC.
Hay una lucha fratricida para controlar los cultivos de la coca y las rutas de
salida al puerto. El acuerdo de la Habana, es hoy ley de la república, con
protocolos en favor de la verdad, esta prevalece sobre
la justicia, para ello se creó la justicia transaccional. El otro hecho a tener en cuenta, al principio del gobierno de Juan Manuel Santos buena parte de la dirigencia
de la FARC, la vieja guardia, aquellos guerrilleros que venían desde el 60,
entendieron que, de no firmar el acuerdo, el narcotráfico que había permeado
gravemente el movimiento, la convertiría en un cartel más, caso en el que se
perderían 50 años de lucha armada y política, grave para ellos desde la
perspectiva histórica. Era inexorable buscar una salida política, muchos de los
líderes se habían convertido en narcotraficantes y disputaban con los carteles
por rutas y cultivos. Firmado el acuerdo, las zonas donde ejercieron poder
quedaron sin control y el gobierno no ha podido ejercer la autoridad en las
mismas.
Después de
los acuerdos de la Habana y la firma de la mismos, la creación de organismos
como la JEP, fondos para financiar el proceso vía presupuesto nacional, constituyen
parte de los efectos de la firma de los acuerdos, el restablecimiento de los
derechos de las comunidades en los terrenos abandonados por el grupo
guerrillero, además el rescate de la memoria desde el centro nacional de la
memoria, para entender qué pasó en este país. Hay un hecho tajante, el gobierno
central fue incapaz de controlar y hacer presencia en vastas zonas dejadas por
la FARC, medio país en carta blanca, las Bacrim estaban y están consolidadas, muy
armadas y ejerciendo autoridad en los territorios. El país rural, los
campesinos y los indígenas, que perdieron sus tierras a sangre y fuego, gracias
a los acuerdos iniciaban un proceso para recuperarlas, volvían a sus tierras,
está descontado que eran poblaciones inermes en medio de las disputas entre los
grandes carteles de la coca que, entre otras cosas nunca aceptaron la
sustitución de cultivos de coca, son un obstáculo para el propósito de su
negocio ilegal, menos la devolución de los terrenos. La entrega de tierras a los indígenas y
antiguos dueños, el proceso de restitución ha sido imposible, pues cuando
llegan los dueños, los campesinos e indígenas que fueron desplazados en la
guerra y por el paramilitarismo hace 20 años, se encuentran con las presiones
de la Bacrim y aparece el gran problema de Colombia desde tiempos inmemorables:
la tierra, la propiedad de la misma, la concentración en pocas manos, una élite
que no está dispuesta a perderla y que no le importan el hecho de haberla
ganado a la fuerza. Para el caso, igualmente el estado es igualmente es incapaz
de imponer la ley.
Imposible escribir
de otra cosa.
ADDENDA: Amanecimos con la muerte de diez personas más en el sur del país (21-09-2020) y el gobierno impotente no da señales de asumir con entereza sus responsabilidades.
