Hay una corriente
política y de pensamiento, viene dando lora con el tema, niega que Colombia
haya tenido algún tipo de conflicto armado y en cambio asegura que, el país ha padecido un terrorismo camuflado con muchas formas de violencia, la delincuencia es uno de sus ejes, borrando de plumazo cincuenta o más años de nuestra historia
política.
Carlos Miguel Ortiz
Sarmiento en un trabajo realizado para una revista de la Universidad Nacional
Expresa: “LA "VIOLENCIA" ES UN TÉRMINO que en el habla cotidiana de
los colombianos, como sabemos, se fue convirtiendo en el nombre de una época
extendida desde la mitad del decenio de los años 40 hasta la mitad de los 60,
cuando se extinguieron las últimas organizaciones armadas vinculadas de alguna forma
a los dos partidos contendores, liberal y conservador. En la memoria de los
colombianos que, adultos o niños, vivieron esos años en la mayoría de las
regiones, la etapa de "La Violencia" divide en dos tanto la historia
del país y de sus terruños como la de sus propias familias y sus mismas vidas”.
Nuestra violencia, el conflicto, es producto de gobiernos excluyentes, de falta de equidad y de la concentración del
poder por una elite miope. Añade el autor: “Sin embargo, con el ocaso de la
confrontación cruenta entre las colectividades liberal y conservadora no cesó
enteramente la modalidad de la violencia en el ejercicio de la política (siguió
existiendo confrontación armada entre gobiernos y grupos armados planteados
como "revolucionarios"). La historia de violencia o, mejor, la
historia de "lo violento" se prolonga más allá de la época conocida
como "La Violencia"”.
Una revista e la
universidad Javeriana en una de sus publicaciones sobre el conflicto en su
presentación aclara: “Ad portas de cumplir cuatro años de la expedición de la
ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz−, que se creó como un instrumento
jurídico −único en el mundo− encaminado a lograr la reconciliación nacional y a
facilitar los procesos de paz, en el que se estipularon medidas para que
miembros de grupos armados ilegales se desmovilizaran individual o
colectivamente y lograran acceder a los beneficios de una pena alternativa, que
oscila entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad, sin
desproteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, es necesario hacer un alto en el camino y evaluar los impactos que
esta ley ha tenido en relación con las dinámicas que el conflicto colombiano
afronta desde hace más de cuatro décadas”
Desde hace muchos años venimos estudiando y legislando sobre el conflicto. Existe en este gobierno la intención no solo de hacer trizas lo acuerdos de la
Habana, sino de borrar el pasado; de volver, según ellos a escribir la
historia, no buscando la verdad sino más bien tratando de hacer olvidar una
historia que para bien de las generaciones que viene deberíamos conservar,
contar y tratar de llegar a la verdad, con el único fin de no repetirla,
suficiente son más seis millones de víctimas,
más de 250.000 personas muertas y 100.00 desaparecidos, para no hablar de las
masacres y por su puesto los actos terroristas.
Quiero traer a colación
de nuevo a nuestro autor con el ánimo de ser enfático en las perspectivas, en
la óptica: “Con la intensificación del uso de la violencia en la resolución de conflictos
de distinta índole y la proliferación de poderes armados en Colombia durante
los decenios de 1980 y 1990, "lo violento" sigue siendo un tema
acuciante, ya no necesariamente ligado con exclusividad al ejercicio de la
política, al menos en el sentido clásico de Estado, sistema, partidos. La
multiplicidad de actores sociales que recurren a lo violento ha llevado a los
investigadores, sean historiadores o demás científicos sociales, a hablar, ya
no de "La Violencia", sino de muchas violencias que se cruzan en
muchas direcciones”.
Habría de nuevo que
volver a estudiar, los más de mil libros que existen sobre nuestro conflicto,
es un buen ejercicio, para evitar borrar con un solo decreto nuestra trágica
historia.
