Hace treinta
años Colombia puso en vigencia una nueva constitución, la que actualmente nos
rige, después de ser aprobada por una constituyente de origen popular, en un
procedimiento especial, acudiendo al poder emanado del constituyente primario y
que permitió, después de sendas discusiones que tomaron 149 días, crear un
corpus normativo de la cual emanan las normas rectoras del estado, cuyos ejes
fueron la inclusión, la prelación de los derechos y un revolcón jurídico y
político que trasformó un anquilosado sistema que había regido al país por más
de cien años.
Es una
constitución garantista, estableció el derecho de tutela que ha constituido una verdadera revolución en
términos de proteger sumariamente y prevalentemente los derechos fundamentales;
se creó la corte constitucional; la defensoría del pueblo; la fiscalía, los
derechos de participación y la revocatoria directa. Es la primera constitución
nacida del consenso, pluralista, reconoce a los indígenas en todos sus derechos
y establece la paz como derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. “Sin
duda alguna, la labor de la Asamblea Nacional Constituyente fue titánica:
estructurar de la forma más clara y sencilla, pero completa posible, el inicio
y fin de la República de Colombia; una lectura de lo que es para la época
actual y sus fines esenciales que sustentan la existencia misma de la Nación
para el desarrollo de los individuos que en ella habitan”.
Las fuerzas y
movimientos políticos que participaron en la asamblea reflejan el país
pluralista que participó de manera directa: Partido liberal, alianza democrática-M19,
movimiento de salvación nacional, partido social conservador, movimiento de unión
cristiana, unión patriótica y movimientos indígenas. A estos movimientos se les une en las
discusi0ones y documentos de base, la academia, las ONG y grupos de
intelectuales diversos.
La
constitución nació de la famosa séptima papeleta[1],
con la anuencia del presidente Virgilio Barco y durante el periodo del presidente
Cesar Gaviria. El movimiento estudiantil, que reflejaba al país, se levantó contra la imposición del crimen, la ilegalidad,
la falta de legitimidad de las instituciones desde un consenso que convocó a
las fuerzas vivas en un propósito político de cambio que, incluyó a la
iglesia, a los partidos políticos tradicionales, a los indígenas y a exguerrilleros,
para no hablar de otros movimientos y a la academia que fue fundamental en este
proceso.
Sobra decir
que han sido muchos los embates de la clase política tradicional y de los
gobiernos de turno para cortarle las alas a muchos derechos, entre ellos el de
tutela. Al poder no le gustan los
contrapesos y los evita hasta el exceso. Hasta ahora lleva 55 reformas. El último acto oprobioso en esta materia fue realizado por el actual presidente, consitió en expedir un decreto con fuerza de ley en el cual establece que las tutelas contra el ejecutivo sólo serían revisadas por el consejo de estado, lo que constituye un exabrupto.
No ha sido
tarea fácil cuidar de la constitución y de hecho se han aprobado normas en
contra de la voluntad del constituyente primario, algunas muy regresivas. Estamos
muy lejos de conseguir la paz y de hecho falta mucho camino por recorrer.
Nuestro deber, cuidar una constitución que es referente en el mundo en materia
de derechos y garantías. Como siempre en nuestro atribulado país, hacer cumplir
la ley es muy difícil, pues muchas normas se quedan en el papel. Tenemos una
excelente carta de navegación y de nosotros depende su estricto cumplimiento.
[1] Luego de este fracaso constitucional y ante el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 se conformó el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”, Luego de sendos fracasos para reformar la constitución, todos antes del gobierno de Virgilio Barco, el país manifestaría la urgencia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Un movimiento estudiantil propuso la incorporación de una “séptima papeleta” en las elecciones del 11 de marzo de 1990, que consistía en una especie de consulta popular informal, donde se consultaría si se estaba de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cambiar la Constitución vigente. Nunca fueron escrutadas dichas papeletas porque no había mandato legal para hacerlo, pero ante el apoyo de la propuesta, el gobierno de Barco decidió promulgar el Decreto 927 al amparo de las potestades del estado de sitio. En dicho decreto se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente con base en la decisión adoptada en la “séptima papeleta” y en la situación de violencia y
narcoterrorismo que vivía el país.
