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viernes, febrero 22, 2013

LA VIOLENCIA URBANA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN


El vil asesinato de dos menores en la ciudad de Medellín, quienes fueron encontrados con signos de tortura hace tres días, el cierre de los colegios de la comunidad de Robledo por presiones de los grupos armados y la tensión permanente de varias zonas por los enfrentamientos entre combos y bandas, mantienen la ciudad en vilo y reflejan la impotencia de las instituciones frente al  problema de la violencia, que definitivamente  se salió de madre.
El problema es absolutamente grave  y requiere verdaderas políticas de resocialización, inclusión y de acción inmediata donde aflore el concepto de autoridad por encima de la intimidación reinante, frente a un fenómeno que no ha podido ser entendido a cabalidad y que nace como consecuencias de las asimetrías sociales de los últimos cincuenta años, las secuelas del narcotráfico, el paramilitarismo, la violencia política y el desplazamiento.
El fortalecimiento de las Bacrim es consecuencia de los procesos de re-inserción fallidos con el paramilitarismo, después de los acuerdos de Ralito, que terminaron con la extradición de   las cabezas de mando. Estos señores tenían un control total sobre las bandas criminales en las principales ciudades. Al dejarlas acéfalas, súbitamente se generaron disputas entre los mandos medios, quienes hoy luchan por tomarse el control dejado por los capos. A esto se suma la multiplicación  de pequeñas bandas, producto de la impotencia del estado.
Los lideres paramilitares, el proyecto de imponer un estado fascista con la ayuda del narcotraficante,  los enfrentamientos contra la guerrilla, las alianzas con la clase política que les llevó a tener mayorías en el congreso y un número importante de alcaldías y gobernaciones, se consolidaron gracias a la permisividad del estado o su complicidad. Las consecuencias directas se tradujeron en batallas a granel contra los grupos guerrilleros, masacres, asesinatos, expropiaciones, durante casi  una década. Estos fueron años convulsionados, se vivió en medio de tensiones sociales y el país se hizo el de la vista corta pensando que las acciones solo eran contra la guerrilla. Hoy sabemos que no fue así y la verdad fue que estos grupos se estaban tomando el país a sangre y fuego. Las consecuencias están a la vista y sólo basta ver la acción de los jueces para entenderlo. Hay en este momento más de cincuenta congresistas en la cárcel, alcaldes, lideres regionales y políticos de todas los partidos, para no hablar de connotados personajes de la élite  Esto quiere decir que se involucraron en semejante oprobio, sirios y troyanos y realmente son pocos los que se salvan de este fenómeno tan penoso de nuestra historia. Esta sopa se cosió gracias a factores como el narcotráfico, el paramilitarismo para-estatal, la corrupción y la proclividad al dinero fácil. Es un hecho, desde esta perspectiva, que el problema requiere un análisis juicioso y es preciso evitar visiones  corto-plasistas.
Para entenderlo a cabalidad es preciso remontarse a seis décadas atrás. El desplazamiento producido por la violencia partidista después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, las luchas fratricidas entre el partido liberal y el conservador, la exclusión política del frente nacional, los cordones de pobreza y marginalidad creados en casi todas las ciudades por el desplazamiento de familias enteras huyendo de la violencia,  la inequidad y las asimetrías sociales fueron caldo de cultivo de estas bandas.  A esto se suma el fortalecimiento del narcotráfico y con él, la proliferación de opciones de vida delictivas e ilegales, que le permitieron a la juventud  acceder a la fantasía y engaño del dinero fácil. En este juego les tocó la peor tarea: El sicariato, la extorsión y el control territorial.
La delincuencia y las Bacrim deben ser estudiadas desde los presupuestos de las ciencias sociales, el derecho y las experiencias acumuladas sobre conflictos y comunidades marginales.  Entendemos que el tratamiento policivo es de suma importancia por la gravedad de los hechos, pero es pertinente hacer una mirada juiciosa de este fenómeno complejo desde donde se le mire. Medellín y el Departamento de Antioquia  han realizado esfuerzos muy grandes al respecto, está descontado que no han sido suficientes. Pero por razones que desconozco no se atiende el problema principal, que es volver a rescatar el respeto y la autoridad.  Hablando con una agente de policía, quien padece la calle, nos resumió la situación con una frase lapidaria: Señor, nos dejamos coger ventaja, así de simple.
En la ciudad de Medellín se construyeron bibliotecas, colegios, se crearon verdaderas políticas públicas de inclusión, se generaron mecanismos de financiación para el fomento de empresas familiares para atacar el problema de manutención, se atiende el problema del desplazamiento con programas específicos para este flagelo y se ha logrado que la ciudad tenga unos niveles de educación y cobertura  altos, aún así, la violencia se ha incrementado y las disputas y balaceras entre bandas son el pan de cada día. Pero todos estos esfuerzos, no han eliminado el problema de la idealización de la juventud por estas formas de vida. En esto ha jugado un papel preponderante la televisión, que ha lanzado series que revivieron la historia del narcotráfico y han servido de base para el fortalecimiento de estas idealizaciones macabras. La juventud a escogido este camino, lo ha idealizado y poco le importan los peligros que el mismo acarrea. Pa las que sea, dicen los parseros.
La ciudadanía no contribuye para nada. El problema es de valores desde donde se le mire. Estas bandas que tienen entre sus actividades el cobro y la extorsión son utilizadas por el comercio y los ciudadanos de a pie de manera corriente para recoger cartera, arreglar las pequeñas deudas, como si ello no implicara un incentivo al delito. Se volvió corriente decir: si no me paga entrego la deuda. Esto quiere decir que la dará  a los grupos ilegales quienes  harán el cobro a presión.
Las bandas ejercen control territorial, cobran tributos a través de las vacunas, ejercen jurisdicción en los conflictos barriales y controlan el comercio. Son un para-estado. Las instituciones deben asumir el problema con la voluntad férrea de atacarlo en sus raíces y  generar políticas de largo plazo, pues es imposible remedir semejante problema en  corto tiempo, realmente esto requiere una verdadera política de inclusión desde el municipio y sus instituciones, con énfasis en lo social, donde es necesario el apoyo total de la nación, dentro de un proceso de resocialización y erradicación de malas prácticas e implementación de valores y principios, políticas que se van tomar décadas, pero que deben emprenderse cuanto antes. No es fácil, pero el reto es una necesidad a voces.


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