A las decisiones
politiqueras y emocionales de los ministros que promueven un estado carcelero, pues todo lo piensan arreglar
con ordenes de captura, sin tener en cuenta la capacidad del sistema que no aguanta un preso más; se le suma la enjundia del ministro de defensa, de querer meter a la
cárcel a las personas que ocultan sus caras en las protestas y manifestaciones a través de un pasa
montañas, como si fueran delincuentes y por el solo hecho de llevarlas puestas,
cómo si en este país durante muchos años, incluso en gobiernos resientes no se
haya torturado, macartizado, señalado y asesinado a los líderes de izquierda
que no conesten con la aplanadora de derecha de los gobiernos de turno.
La norma permitiría dictar
penas de tres a cinco años de cárcel “a quienes, movidos por la indignación que
genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías o hayan estado cerca de
las protestas y los pasados paros” que han tenido lugar en Colombia.
El gobierno no puede por un
lado abrir las puertas para la negociación del conflicto armado, donde las
garantías de la protesta social son de absoluta importancia y por el otro
coartarlas con leyes como la presentada por el ministro. Este tipo de
incoherencias garrafales le hacen mucho daño al gobierno. Sus críticos alientan
este tipo de asimetrías que les permitan el fracaso no solamente de los
acuerdos sino del propio gobierno del doctor Santos.
Al presidente se le
perdonaría todo si logra un acuerdo con la FARC, se sienta a la mesa con el
ELN, lo refrendada a través de un referéndum, crea las políticas contra el
narcotráfico y genera una política de estado contra las Bacrim que incluya el
dialogo o la oportunidad de concertar con el gobierno su reinserción a la
sociedad y el abandono de la delincuencia, pues estos micro-poderes enquistados
en las ciudades constituye el mayor problema que tendrá que enfrentar el
gobierno.
Al congreso le va a tocar
poner al ministro en su puesto y señalarle las incoherencias al interior del
texto con la política del estado. Señores, todo se arregla con cárcel en este
país.
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