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martes, junio 04, 2013

LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA


Desde el juicio de Núremberg se hace énfasis en las  víctimas de los conflictos armados en el planeta.  Los interrogantes más relevantes por resolver al respecto serían  los siguientes: ¿qué pasará con las personas afectadas por el conflicto armado?, ¿cuál debe ser la responsabilidad del estado en el resarcimiento de los daños? Las victimas quienes resultan ser las más afectadas, los más vulnerables e indudablemente tienen la peor parte,  constituyen la mayor preocupación en los procesos de reparación, pues el conflicto los afecta y afectará indefectiblemente por muchos años. Es un hecho que  muchos daños son irreparables, esto está descontado.
La innegable realidad en la que vive Colombia  obligó  al estado  a establecer una ley que atendiera este capitulo importante, revisar, enrutar, aplicar  políticas y medidas tendientes a ser efectivos los procesos de resarcimiento contemplados en la ley, aquellos derivados de los acuerdos entre el gobierno y los diferentes actores al margen de la ley  y los adquiridos por la misma sociedad a lo largo del mismo u de algunos procesos de resolución vigentes desde el propio corazón de los hechos.
Lo primero legitimar el resarcimiento: El 27 de septiembre, el gobierno nacional, en cabeza del entonces ministro del interior y de justicia, y algunos miembros honorables del senado, en ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 154 y el numeral primero del artículo 200 de la CN, en concordancia con la dispuesto en los artículos 140 y subsiguientes de la ley 5 de 1992, se sancionó la ley  1448 del 2011 conocida como “ley de víctimas y restitución de tierras”.
El primer artículo aprobado es clara en su objeto: La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.
Según la revista “Semana” de Colombia el país tiene cinco millones quinientos mil muertos producto del conflicto armado. Creo sin temor a equivocarme, que son mucho más.  Establece la publicación: a sola escala intimida: “El 11,5 por ciento de la población colombiana ha sufrido directamente por el conflicto armado. Y los delitos padecidos para que a una persona se le considere una víctima son escalofriantes: tortura, violencia sexual, homicidio, desplazamiento forzado, masacre o minas antipersonales. Indemnizar y dar reparación integral a tal cantidad de gente es una tarea que va a poner a prueba las muchas instituciones que la tienen a su cargo y es todo un desafío para el gobierno, los alcaldes y los gobernadores”.
Hoy, no solo se genera violencia desde los actores políticos al margen de la ley, se le suma  el enquistamiento del narcotráfico en las instituciones, en la empresa y en la sociedad en pleno, el fortalecimiento de las bacrim y la delincuencia común.  Esta reparación según la revista  e adelanta en medio del conflicto armado. El año pasado la guerra ocasionó más de 200.000 nuevas víctimas. Restituir 3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas, garantizar que cientos de miles de desplazados retornen en seguridad a sus lugares de origen y reparar individualmente, con indemnizaciones y planes apropiados, a millones de personas, son tareas titánicas y complejas, pero lo son mucho más en cuando los flagelos de la guerra no han culminado. 
Esta reparación se fundamenta en asumir la responsabilidad durante el presente, de los hechos que trasformaron violentamente las condiciones de vida de una población en el pasado, las por esta razón, adquieren un valor absoluto.  La reparación Solo tendrá efectos reales sí se produce integralmente, sino es así, se ahondará más en el conflicto sino en la situación general del 11.1  % de la población Colombiana, que es la que ha sufrido  este flagelo.










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