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domingo, octubre 11, 2015

POPULISMO MEDIATICO SOBRE LA MATANZA DEL ARO EN COLOMBIA

En Colombia se han producido asesinatos masivos que de manera inexplicable siguen impunes, no uno, sino muchos. Nosotros hemos producido en cincuenta años de guerra, 6 millones de víctimas. La impunidad es oprobiosa y lo peor, los funcionarios públicos, quienes están muy comprometidos,  nunca asumen las responsabilidades pertinentes que le son propias. Nuestra justicia espectáculo y la falta de ética de ciertos personajes, han convertido la búsqueda de la verdad en un rifi-rafa, en un lleve y traiga, como si la justicia fuera  lo menos importante, todas actitudes elusivas. Esta columna de Diana Calderón publicada hoy en el periódico “El país” de España me parece de suma importancia reproducirla en este blog:
El Aro es una población colombiana, un corregimiento antioqueño, en donde el 22 de octubre de 1997, los paramilitares masacraron a 15 campesinos indefensos, y despojaron y desplazaron a más de 700. El gobernador del departamento era Álvaro Uribe Vélez, quien luego fue presidente y ahora senador por el opositor Centro Democrático. El defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle le advirtió al entonces mandatario local que se avecinaba una masacre. Colombia vivía en esos años el más terrible horror del paramilitarismo. Valle fue asesinado un año después.

El Estado colombiano fue condenado por la masacre de El Aro a reparar a las víctimas. El fallo de la Corte Interamericana de 2006 dijo claramente: “...la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de éstos”.

Hasta ahí la presunta responsabilidad del gobernador Uribe por no tomar medidas preventivas no había llegado a los estrados judiciales. Pero en 2013, el magistrado Rubén Darío Cogollo Pinilla, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, se hizo famoso con la frase: “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”. Lo dijo en relación al ex presidente, a quien pidió investigar, durante una audiencia contra siete paramilitares desmovilizados que buscaban obtener los beneficios de la Ley 975, de Justicia y Paz, que impone un máximo de cárcel de 8 años.

Esta semana la Fiscalía informó al país que pidió que se investigue al expresidente Álvaro Uribe por los homicidios de la masacre de El Aro. Y explicó que la Corte Suprema de Justicia deberá analizar las acusaciones que hizo contra el ex mandatario un jefe paramilitar que lleva el alías de Don Berna y quien declaró el pasado 20 de agosto desde su celda en Miami que Uribe había tenido que ver con los hechos.

La Fiscalía pidió que se investigue al expresidente Álvaro Uribe por los homicidios de la masacre de El Aro
Pocos le creyeron al fiscal que su actuar fuera legítimo y acoplado a su función de cabeza del ente investigador. Uribe respondió que era otra infamia de época electoral y que ya estaba acostumbrado. Y no le faltaba razón, días antes cuando aún estaba fresco el anuncio de un acuerdo de justicia para poner fin al conflicto con las FARC en La Habana, el mismo fiscal le había anticipado que el Tribunal Especial de Paz podría investigarlo y juzgarlo. La respuesta del expresidente entonces fue: “tamaña gracia todo un proceso de paz para meterme a mí a la cárcel”.

Una decisión tan profunda, tan importante en el país como cumplir con la ley y la Constitución se ve empañada por el populismo mediático de un funcionario que cada vez que abre la boca deja la impresión de ser un político ansioso de registro noticioso o de una reacción ante sus contradictores. Lo esperable sería que sus decisiones generaran respeto y transmitieran la tranquilidad de que no se están usando los recursos judiciales para castigar o perseguir enemigos.

Lástima grande que una masacre como la del Aro no pueda ser esclarecida hasta sus más profundas consecuencias. Quién anuncia la investigación ha perdido credibilidad y quién se ve afectado por ella se montó en el caballo que le ensillaron desde el otro lado de su espectro y, cómo lo sabe montar magistralmente, logra seguir polarizando y creando ese ambiente en que ya a nadie le sirve la justicia ni ordinaria ni reparadora. Todos se creen con el fuero de la inmunidad para sus enormes pecados.

Y en medio de ese populismo mediático son incapaces de controlar la lengua congresistas que un día aman la paz y otro día gritan a la oposición “ustedes son los nuevos terroristas”. Roy Barreras no tuvo reparo en insultar a la bancada del Centro Democrático sin medir las consecuencias del daño que están haciendo todos los representantes del establecimiento político a la sociedad, a la que luego pedirán que les refrenden los acuerdos de La Habana

Y mientras las lenguas feroces de la institucionalidad vuelven pedazos los esfuerzos por conseguir la paz, las FARC no pueden evitar aprovechar para nuevamente decirle al Gobierno que peca fácilmente por hablar más de la cuenta, improvisar y que miente como ellos lo han hecho sistemáticamente por años.

¿Será posible devolvernos al pasado 23 de septiembre cuando el país se llenó de esperanza con el anuncio de un acuerdo que prometía ponerle fin al conflicto en 6 meses? O por lo menos dígannos la verdad, que lo que anunciaron ese día fue un comunicado y no un acuerdo sobre justicia.

Diana Calderon es directora de informativos y de Hora 20 de Caracol Radio Twitter @dianacalderonf








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