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miércoles, septiembre 30, 2015

LOS ACUERDOS DE LA HABANA LLEGAN A UN PUNTO DE NO RETORNO

He tomado buena información de la página del periódico “El tiempo” con el único fin de dejar en claro las definiciones de lo acordado en la Habana entre las partes y los mecanismos de aplicación de los mismos, de su implementación, por la importancia que tienen para Colombia.

Hay consenso en todos los niveles, incluso para la oposición radical al proceso, que lo ocurrido la semana pasada en la Habana constituye el hecho político más importante en los últimos 50 años en Colombia,
Se firmó  entre el Gobierno y la FARC el sistema de justicia que se aplicará al acuerdo final, el cual constituye una herramienta para cualquier conflicto de este tipo, con el atributo que se extiende a todos los reincorporados en igual situación: Un modelo de justicia transaccional, la creación de una jurisdicción especial que se encargará de juzgarlos; quedó delineado que pasará con los delitos de lesa humanidad y como se pagarán las penas al respecto; se establecieron los tiempos límites de las penas, quedando claro que el eje incorporado en el proceso es la búsqueda la verdad y el resarcimiento de las víctimas; este será el  grado cero que nos permitirá comenzar la reinserción, los mecanismos de ratificación y la implementación de los acuerdos.
“Sobre la base de proporcionar la máxima compensación a las víctimas del conflicto armado, cumplir los estándares de la justicia internacional y, al tiempo, facilitar la dejación de armas de las Farc, el acuerdo sobre justicia que hicieron público el Gobierno y esta guerrilla incluye, en primer lugar, una restricción efectiva de libertad para los autores de delitos atroces, pero en condiciones especiales. Estas todavía no se han definido.
el acuerdo integra un componente de justicia restaurativa. Se traducirá, por ejemplo, en el trabajo de los guerrilleros en el desminado humanitario y la sustitución de cultivos ilícitos.

Para hacer efectivo el acuerdo sobre justicia se crea una Jurisdicción Especial para la Paz, cuya misión, como dice textualmente el acuerdo, es “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y contribuir al logro de una paz estable y duradera”.

Esta instancia, integrada por magistrados colombianos y que podría tener una participación minoritaria de extranjeros, tendrá salas de justicias y un tribunal. Investigarán, juzgarán e impondrán las sanciones a los autores de los crímenes graves.

El punto de partida de la restricción de la libertad son mínimo 5 años y máximo 8, pero con variaciones que dependerán de si la persona investigada admite su responsabilidad de manera temprana o más tarde, repara las víctimas y se compromete a no repetir sus actuaciones.

Está claro que las Farc pueden acceder a este sistema de justicia cuando dejen las armas. Esto, según el acuerdo divulgado, “deberá comenzar a más tardar 60 días después de la firma del acuerdo final de paz”.

La Jurisdicción Especial para la Paz también tendrá competencia sobre agentes del Estado y otros responsables directos o indirectos del conflicto armado, como financiadores o colaboradores de los grupos armados ilegales.

Finalmente, por supuesto, para recibir el tratamiento especial penal, el investigado deberá participar en las medidas de justicia transicional. En primer lugar tendrá que acudir a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ya fue acordada, y en segundo lugar tendrá que reparar.

Los puntos del acuerdo

1. Tribunal especial para juzgar a los autores de delitos graves

Este tribunal, junto con unas salas de justicia, conformará la Jurisdicción Especial para la Paz acordada por el Gobierno y las Farc para que investigue, juzgue y condene a los autores de delitos graves. Aquí entran los de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra graves.

Esta jurisdicción deberá concentrarse en los casos más graves y representativos del conflicto armado. Los magistrados serán elegidos por Gobierno y Farc.

2. Amnistía para delitos políticos y conexos, tras el fin de hostilidades

Llegado el momento habrá una ley de amnistía para los guerrilleros que solo pueden ser acusados de rebelión y de delitos que se consideren conexos al alzamiento en armas. Este es un punto todavía por definir.

En todo caso, como queda claro, ningún responsable de delito atroz, de lesa humanidad o crimen de guerra grave elegido por el tribunal para investigación será cubierto por la amnistía (perdón y olvido) o el indulto (perdón de la pena). Entre otras cosas, porque en las leyes internacionales las amnistías y los indultos para delitos graves están proscritos. Por otro lado, se trata de dar satisfacción a las víctimas.

3. Restricción de libertad y trabajos para las comunidades, los dos componentes de la sanción a máximos responsables

Siempre y cuando los autores de los delitos graves investigados por la Jurisdicción Especial para La Paz reconozcan su responsabilidad, tendrán una sanción que incluye dos componentes: uno de restricción de libertad y otro de trabajos, obras y actividades que contribuyan a la reparación de las víctimas. Un ejemplo de esto, como ha dicho EL TIEMPO, es la participación de los guerrilleros juzgados en la construcción de infraestructura para las comunidades.

4. El tribunal podrá actuar sobre máximos responsables de las Farc, agentes del Estado y otros que hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado.

Como es obvio, la Jurisdicción Especial para la Paz actuará sobre los máximos responsables de crímenes graves dentro de las Farc, pero también sobre los agentes del Estado involucrados en delitos “cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”.
Incluso, tendrá competencia sobre otros responsables de la guerra que ha vivido Colombia. Actuará, según dice el acuerdo hecho público ayer, “respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”. En este sentido, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz alcanza a quienes no han combatido, pero que, por ejemplo, han financiado grupos armados ilegales, como los paramilitares.

5. Decir verdad, reparar y no repetir, condiciones para trato especial

Ni los guerrilleros de las Farc, ni los otros responsables de delitos graves, incluidos agentes estatales, podrán acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz si no se comprometen a contar la verdad sobre su participación en el conflicto armado. Como dice el acuerdo sobre justicia anunciado ayer desde La Habana, esto se aplica a quienes participaron directa e indirectamente en la guerra.

Así serán las penas diferenciadas

De 5 a 8 años de restricción de la libertad. Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves. La restricción debe permitir el cumplimiento de los trabajos de reparación como el desminado y la sustitución de cultivos.

De 5 a 8 años en una cárcel ordinaria. Para quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, siempre que sea antes de la sentencia.

Hasta 20 años en una cárcel ordinaria. Para quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz.

Situación de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y no sean amnistiados o indultados ni juzgados por el Tribunal para la Paz será definida.

Estos casos serán definidos también por la Jurisdicción especial para la Paz.

En todos los casos las sanciones se graduarán de acuerdo con el nivel de participación determinante del investigado.

Militares condenados podrían bajar penas

Varios aspectos claves del cuarto acuerdo de la Mesa de La Habana deberán ser definidos en diferentes escenarios. En todo caso, como lo reiteró ayer el presidente Juan Manuel Santos, los colombianos irán a las urnas para refrendar lo pactado con las Farc.

¿Quiénes estarían en la órbita de la nueva jurisdicción de Justicia Especial para la paz?

El acuerdo establece que serían “quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, de manera diferenciada, equitativa, equilibrada, simultánea y simétrica, incluyendo a los miembros de las Farc, los agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados, entre otros”. El fiscal Eduardo Montealegre dijo ayer que las Farc serían responsables de unos 38.000 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, por los que están investigados en este momento 16.000 de sus miembros, incluido todo el secretariado de esa guerrilla. La competencia de la nueva justicia sobre los agentes del Estado y sobre los civiles se anticipa como uno de los puntos más álgidos en los próximos meses. El acuerdo establece que las ONG de Derechos Humanos tendrán iniciativa para promover el inicio de procesos en la nueva jurisdiccción de paz.

¿Habrá amnistía e indulto amplios para guerrilleros?

Sí. Según el acuerdo, se tramitará una amnistía (se borran procesos en curso) o indulto (perdón de condenas) “por delitos políticos y conexos”. El alcance de la conexidad del delito político, eventualmente sobre el narcotráfico, será llevado al Congreso a través de una ley.

¿Cuáles serán los requisitos para acceder a las penas alternativas?

En el caso de los guerrilleros que primero dejen las armas, como requisito infaltable. A quien reincida, dijo el presidente Santos, “le caerá todo el peso de la ley”. Como ocurrió en Justicia y Paz con los paramilitares, el que no confiese recibirá condenas de hasta de 20 años e irá a cárceles comunes. Y el que confiese, pero tarde, tendrá pena alternativa mas no reclusión especial.

¿Los militares condenados podrían acogerse a la nueva jurisdicción y a las penas alternativas?

Sí. Los nuevos tribunales cobijan todos los casos relacionados con “los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos”. Este aparte es significativo porque asegura que los miembros de las Farc ya condenados puedan acogerse a las penas alternativas, pero abre la misma posibilidad para altos miembros de la Fuerza Pública que han sido condenados hasta a 35 años por omisión u acción en casos de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Una vez más, la verdad plena sobre lo que hicieron en la guerra será el pasaporte a ese beneficio”.
“Las conversaciones entre el gobierno colombiano y los grupos armados insurgentes con miras a acabar el conflicto armado entre las partes han sido varias. Desde la presidencia de Belisario Betancur ha existido acercamientos firmes con las guerrillas colombianas e, incluso, en 1989, se desmovilizó la guerrilla del M-19. La última hasta el momento había sido en San Vicente del Caguán, durante la fallida zona de despeje en la presidencia de Andrés Pastrana. En la presidencia de Juan Manuel Santos se reiniciaron los diálogos con las Farc”. Con la excepcion de la actual, todas colapsaron, por razones que no cabe traer a cuento ahora. El acuerdo al que el Gobierno y las Farc llegaron este miércoles en materia de justicia marca un hito trascendental en los diálogos con esa guerrilla en La Habana, pues aunque no es el último punto de la agenda, sí deja una ruta clara para que ese grupo ilegal acepte y asuma su responsabilidad por los crímenes que ha cometido y a su vez avance en la dejación de las armas. A continuación, un repaso por los asuntos esenciales de los otros temas que a lo largo de los últimos tres años se han acordado en Cuba.

DESARROLLO AGRARIO

Habrá un fondo para democratizar el acceso a las tierras que saldrá de las extinciones de dominio contra narcos y otros grupos ilegales, de la recuperación de baldíos del Estado de los que se habían apropiado algunas personas, de hectáreas que quedarán luego de la delimitación de la reserva forestal, de algunas inexplotadas y, en casos extremos, de la expropiación con indemnización. En el punto agrario lo grueso del acuerdo con las Farc es este fondo de tierras, un censo de la propiedad rural para que se pague lo justo por propiedades que hoy tienen prediales irrisorios y la inversión en infraestructura, salud, educación y vivienda en el campo, con el fin de acortar la brecha entre las zonas rurales y urbanas del país.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Habrá curules especiales y transitorias en la Cámara de Representantes para las zonas de conflicto y se mantendrá la personería jurídica de movimientos que no alcancen el umbral electoral, con el fin de que los que nazcan tras el proceso de paz tengan tiempo para darse a conocer. Por supuesto, son fundamentales en este punto las garantías para la oposición, que deben quedar consagradas en un estatuto, y las garantías de seguridad. Precisamente, uno de los detalles a la hora de poner en práctica el acuerdo sobre participación política tiene que ver con la seguridad de las personas que la ejerzan o incursionen en ella a partir del acuerdo de paz, lo que, como es obvio, incluye a las Farc desarmadas. Además del esquema de protección personal, se acordó que ciudadanos de las regiones donde los dirigentes hagan política “coadyuven” en la prestación de la seguridad. “Será a través de un sistema integral de seguridad manejado por el Estado”, explicó De la Calle cuando se dieron a conocer los textos completos de los acuerdos para despejar dudas de quienes suponen que será manejado por exguerrilleros.

DROGAS ILÍCITAS

Uno de los detalles principales en este punto tiene que ver con la manutención de los cultivadores y recolectores de hoja de coca durante la transición a los cultivos legales. Según lo consignado en el acuerdo, la guerrilla propone que sea por dos años y el Gobierno, por seis meses. Independientemente de lo que definan, “se tiene que dar de comer a los que sustituyen mientras establecen cultivos de pancoger”, afirmó De la Calle. Ante las dudas de muchos, el jefe de los negociadores del Gobierno afirmó que “todo lo pactado con las Farc es conveniente para el país, incluso si no hay proceso de paz”. Explicó que los acuerdos no están hechos para esta guerrilla, sino para los colombianos, pues lo que pase explícitamente con los miembros de las Farc será tema del tercer punto de la agenda y último de la negociación, que es el fin del conflicto. En últimas, serán los hechos de las Farc desarmadas los que definan hasta dónde llegarán los beneficios.

En la agenda del proceso de paz aún quedan por discutir los puntos de víctimas (aunque el acuerdo de justicia ya contempla la participación de ellas al momento de establecer castigos para los victimarios), la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos y el fin del conflicto.








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