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sábado, abril 23, 2016

LA PROPUESTA INMORAL CONTRA LA LEY DE RESTITUCION DE TIERRAS EN COLOMBIA

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Este párrafo de la ley, constituye una verdadera revolución legislativa, son cincuenta años de rapiña, violencia y desplazamiento, para no hablar del siglo XIX. León Valencia, en su última columna en la “Revista Semana” expone asombrado el exabrupto del procurador, representante de la derecha inmaculada de de este país, del Doctor Álvaro Uribe, del señor José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos, María Fernanda Cabal, parlamentaria y esposa de Lafaurie, quienes de manera  abierta y frentera conspiran contra la ley de restitución de tierras. La semana pasada emprendieron una campaña en su contra sin precedentes, sobra recordar que estos son representantes fieles del país reaccionario, elitista, rentista y fascista, cuya vigencia es indiscutible, pese al oprobio que significa. Estos señores aspiran a una especie de pacto de chicoral, una vuelta atrás, que por su puesto desconocerá los derechos de las víctimas, quienes son los verdaderos dueños de las tierras usurpadas, estas fueron expropiadas a sangre y fuego por el paramilitarismo, aun vigente, siguen asesinando y constriñendo a lo largo de todo el país en un proyecto de limpieza de nunca acabar.
Nuestros conspiradores, no solo han decidido darle duro con comunicados de prensa, escándalos, acusaciones en los medios de comunicación, en un proceso calculado de desprestigio y des-ideologización, sino que empezaron una cruzada en las zonas vulnerables, allí donde se produjeron las peores matanzas, expropiaciones y desplazamientos, su objetivo, crear ambiente en contra de la ley, de los procesos en curso, para reformarla, dejarla letra muerta  “Según Human Rights Watch, al menos 500 reclamantes de tierras en 25 departamentos han denunciado amenazas desde enero de 2012. Con las solicitudes de restitución no sólo están aumentando las amenazas, sino también los nuevos desplazamientos de quienes están reclamando de vuelta sus tierras. “Apenas inician el proceso, comienzan a ser acusados, perseguidos y vigilados. Muchas familias de Montes de María y el alto Magdalena están optando por fraccionarse, con el jefe de familia normalmente quedándose para quedar al frente de tema y el resto yéndose por seguridad. Y en Atlántico estamos viendo llegar muchas de esas familias”, cuenta Bernardo Cuero, el representante del Atlántico en la Mesa Nacional de Víctimas y líder de una organización de desplazados en Malambo”.
La restitución hace parte de la justicia transaccional, para ello existe una unidad de restitución, es el ente administrativo creado para acompañar a la víctima hasta el logro de su objetivo, volver a su tierra, de acuerdo al decreto ira hasta el 2021 y lleva tres años caminando en estos procesos. Es un juez, llamado jueces de restitución, el que determina mediante un proceso la devolución. Son varias poblaciones:
1.- El campesino que se desplazo
2.- El campesino o el finquero o empresario de buena fe que vive y adquirió la tierra sin saber nada sobre su pasado, o en su defecto el testaferro que adquirió en nombre de otro.
3.- También existen comunidades que se asentaron en tierras producto de la dinámica del conflicto.
Lo que trata la ley, es cubrir la multiplicidad de casos para los legítimos destinatarios de esta norma. Los controles son muy estrictos y muchas veces se han utilizado para descalificar sus logros, que a la fecha son muchos. Está demostrado que el 85% de los desplazados vuelve a las tierras.
El tema es complejo, de absoluta importancia, se hace necesario evitar los oportunismos alrededor suyo, ponerle palos a la rueda a su desarrollo es desconocer el punto neurálgico que ha sido el caldo de cultivo de la violencia en los últimos cincuenta años. La responsabilidad de la clase política es muy grande y el país espera que esta, que tanto daño le hace al país, este por fin a la altura de las circunstancias.

Nunca hemos podido superar el cumulo de intereses particulares y el egoísmo que se sobrepone  al destino común, menos encontrar los puntos de convergencia necesarios en toda sociedad civilizada, justa y democrática. El poder en Colombia se ha utilizado para poder, a favor de una clase, de unas sanguijuelas que lo usufructúan descaradamente y que siguen vigentes, con un ítem, cada vez son más sutiles sus relaciones con este.









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