No se entiende la falta
de compromiso de la sociedad en general con respecto a la agenda
de la Habana, que de hecho, le deja al país cifras contundentes sobre lo que ha significado el acuerdo con la FARC en materia de vidas humanas, convivencia pacífica y distensión, donde antes sólo existía violencia e incertidumbre ahora hay paz. Otra
cosa es que el estado no haya asumido la presencia en estas zonas y las bandas criminales,
la delincuencia común y ciertos grupos guerrilleros menores estén tratando de
consolidarse en las mismas por lo que significan en ingresos y rutas del narcotráfico.
Este año, que es el
último del gobierno, pese a la agenda legislativa que blindo los acuerdos,
deben tomarse decisiones administrativas que lo consoliden. La última revista
de la
universidad nacional: “Análisis político” en un ensayo denominado “Debilidades
institucionales a nivel local. Desafíos de la gestión territorial de paz”
señala de manera lúcida aspectos técnicos que deberán tenerse en cuenta para
consolidar los acuerdos y crear verdaderos territorios de paz. El ensayo tiene como propósito: “Las
debilidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales, se
constituyen en una barrera para el proceso de implementación territorial de las
políticas públicas en Colombia. Paralelamente, los territorios más alejados del
centro andino han tenido que asumir la administración de recursos de inversión
y funcionamiento en contextos de violencia generalizada. Es necesario entonces,
para la construcción territorial de escenarios de pos-acuerdo, analizar las
problemáticas asociadas a la gestión pública en el marco de la débil capacidad
institucional en el nivel local. Este trabajo se elaboró desde un enfoque
cualitativo y descriptivo, donde se exponen conceptos y comprensiones
relacionadas a las problemáticas que enfrenta la gestión territorial de la paz”[1].
Cuando hablo de que la
agenda está lejos de cumplirse no lo hacemos por un prurito, esto no se
entiende sino visitando las zonas donde antes se vivía en una violencia
inexplicable en pleno siglo XXI. El
ensayo empieza con un acápite técnico define las competencias y la comprensión
a priori en este tema: “Para Vanier (2010), el territorio es un espacio de
construcción y apropiación social, que representa al mismo tiempo un marco de
regulación; un área para la acción estatal y un referente de identidad. Ahora
bien, en lo relacionado con la acción estatal, la territorialización, hace
referencia a los dispositivos mediante los cuales el Estado cubre todo el
territorio y así mismo, a los principios de cohesión interna que rigen al
Estado en su relación con la sociedad y con los mercados”. Señala adelante: “En
ese sentido, el análisis de la capacidad institucional tanto del Estado como de
las administraciones locales para adelantar procesos de territorialización de
políticas públicas, es multidimensional e incluye variables tan diversas como
la capacidad de las administraciones locales para imponerse frente a los grupos
ilegales y adelantar los procesos de gestión administrativa con independencia
de intereses particulares”.
Nuestros territorios (
el 75 % del total), aquellos alejados de la zona andina y los centros de poder,
de las ciudades que consideramos de manera equivoca como lo único que cuenta
para el país en términos de lectura de la realidad, son los beneficiarios de
los acuerdos, pero dependen del motor institucional, tanto local como nacional.
El ensayo es
contundente: “En ese sentido, las dificultades de la territorialización de la
acción pública en Colombia, está relacionada con la diversidad de actores y,
por lo tanto, la diversidad de intereses, legales e ilegales, que pueden llegar
a influenciar la actividad de las administraciones locales (Duque, 2015). Si se
tiene en cuenta esta premisa, se logran identificar algunas características de
las interacciones entre diferentes grupos de ciudadanos e instituciones en el
nivel local, por ejemplo: “(…) la presencia de corrupción de naturaleza
cuasi-sistémica, en algunas instancias y niveles de la administración, ante la
inclinación al irrespeto de reglas; la concepción de las instituciones formales
como mecanismos manipulables para conseguir fines propios y parcializados, y la
acumulación de aprendizaje criminal de distintos grupos ilegales, y alianza,
cooperación o subordinación de intereses legales a intereses de índole ilegal o
ilegítimos socialmente”[2].
El estado debe
enfrentar a la insurgencia que aun se mantiene vigente, no importa lo precaria
que sea en apariencia, su papel aun genera mucha perturbación, los grupos
ilegales y la propia corrupción y decisiones lentas de la administración local,
para no hablar de la administración nacional, que es emblemática.
Es un hecho que “las administraciones locales constituyen
quizás el principal instrumento para concretar la acción estatal en el
territorio. Cada administración, a través de un complejo de organismos y
conjunto de funcionarios, buscan satisfacer las necesidades de la población en
el marco del interés público, cumpliendo con los fines del sistema político”.
Las rutas del
pos-conflicto de acuerdo a la agenda firmada, a los compromisos del estado, deberá cumplirse
a cabalidad. La paz definitivamente genera muchos más dividendos que la
violencia, la corrupción y la ausencia del estado. La responsabilidad se marca
en el curso de la presencia del estado donde la gestión pública local articulada
con la administración central y la sociedad civil, constituyen el eje que nos
permitirá ir consolidando los laboratorios de paz y convivencia pacífica.
Las conclusiones del ensayo citado son claras en
lo que respecta a los puntos ineludibles que tendrán que tenerse en cuenta: se
base en el principio de descentralización y autonomía, desvirtuado por las
recientes reformas al Régimen de Transferencias y al Fondo Nacional de
Regalías. En ese sentido, es necesario revisar el tema de la asignación de
competencias y recursos tanto al poder central, como a las entidades territoriales.
Estableciendo con claridad, aquellas que pueden ser compartidas, más allá de
los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia (Trujillo y
Pérez, 2016). Segunda: “implemente el modelo de Estado regional. Actualmente,
el nivel central con el apoyo del DNP, acogió el enfoque regional en el Plan
Nacional de Desarrollo, conformando regiones para la materialización de
políticas estatales. El objetivo de esta decisión, es llevar a cabo acciones en
territorios con características más o menos comunes, que permitan superar los
desequilibrios territoriales existentes en Colombia”.
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