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domingo, enero 21, 2018

LAS RUTAS DEL POSCONFLICTO EN COLOMBIA

No se entiende la falta de compromiso de la sociedad en general con respecto a la agenda de la Habana, que de hecho, le deja al país cifras contundentes sobre lo que ha significado el acuerdo con la FARC en materia de vidas humanas,  convivencia pacífica y distensión, donde antes sólo existía violencia e incertidumbre  ahora hay paz. Otra cosa es que el estado no haya asumido la presencia en estas zonas y las bandas criminales, la delincuencia común y ciertos grupos guerrilleros menores estén tratando de consolidarse en las mismas por lo que significan en ingresos y rutas del narcotráfico.
Este año, que es el último del gobierno, pese a la agenda legislativa que blindo los acuerdos, deben tomarse decisiones administrativas que lo consoliden. La última revista de  la  universidad nacional: “Análisis político” en un ensayo denominado “Debilidades institucionales a nivel local. Desafíos de la gestión territorial de paz” señala de manera lúcida aspectos técnicos que deberán tenerse en cuenta para consolidar los acuerdos y crear verdaderos territorios de paz.  El ensayo tiene como propósito: “Las debilidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales, se constituyen en una barrera para el proceso de implementación territorial de las políticas públicas en Colombia. Paralelamente, los territorios más alejados del centro andino han tenido que asumir la administración de recursos de inversión y funcionamiento en contextos de violencia generalizada. Es necesario entonces, para la construcción territorial de escenarios de pos-acuerdo, analizar las problemáticas asociadas a la gestión pública en el marco de la débil capacidad institucional en el nivel local. Este trabajo se elaboró desde un enfoque cualitativo y descriptivo, donde se exponen conceptos y comprensiones relacionadas a las problemáticas que enfrenta la gestión territorial de la paz”[1].
Cuando hablo de que la agenda está lejos de cumplirse no lo hacemos por un prurito, esto no se entiende sino visitando las zonas donde antes se vivía en una violencia inexplicable en pleno siglo XXI.  El ensayo empieza con un acápite técnico define las competencias y la comprensión a priori en este tema: “Para Vanier (2010), el territorio es un espacio de construcción y apropiación social, que representa al mismo tiempo un marco de regulación; un área para la acción estatal y un referente de identidad. Ahora bien, en lo relacionado con la acción estatal, la territorialización, hace referencia a los dispositivos mediante los cuales el Estado cubre todo el territorio y así mismo, a los principios de cohesión interna que rigen al Estado en su relación con la sociedad y con los mercados”. Señala adelante: “En ese sentido, el análisis de la capacidad institucional tanto del Estado como de las administraciones locales para adelantar procesos de territorialización de políticas públicas, es multidimensional e incluye variables tan diversas como la capacidad de las administraciones locales para imponerse frente a los grupos ilegales y adelantar los procesos de gestión administrativa con independencia de intereses particulares”.
Nuestros territorios ( el 75 % del total), aquellos alejados de la zona andina y los centros de poder, de las ciudades que consideramos de manera equivoca como lo único que cuenta para el país en términos de lectura de la realidad, son los beneficiarios de los acuerdos, pero dependen del motor institucional, tanto local como nacional.
El ensayo es contundente: “En ese sentido, las dificultades de la territorialización de la acción pública en Colombia, está relacionada con la diversidad de actores y, por lo tanto, la diversidad de intereses, legales e ilegales, que pueden llegar a influenciar la actividad de las administraciones locales (Duque, 2015). Si se tiene en cuenta esta premisa, se logran identificar algunas características de las interacciones entre diferentes grupos de ciudadanos e instituciones en el nivel local, por ejemplo: “(…) la presencia de corrupción de naturaleza cuasi-sistémica, en algunas instancias y niveles de la administración, ante la inclinación al irrespeto de reglas; la concepción de las instituciones formales como mecanismos manipulables para conseguir fines propios y parcializados, y la acumulación de aprendizaje criminal de distintos grupos ilegales, y alianza, cooperación o subordinación de intereses legales a intereses de índole ilegal o ilegítimos socialmente”[2].
El estado debe enfrentar a la insurgencia que aun se mantiene vigente, no importa lo precaria que sea en apariencia, su papel aun genera mucha perturbación, los grupos ilegales y la propia corrupción y decisiones lentas de la administración local, para no hablar de la administración nacional, que es emblemática.
Es un hecho  que “las administraciones locales constituyen quizás el principal instrumento para concretar la acción estatal en el territorio. Cada administración, a través de un complejo de organismos y conjunto de funcionarios, buscan satisfacer las necesidades de la población en el marco del interés público, cumpliendo con los fines del sistema político”.
Las rutas del pos-conflicto de acuerdo a la agenda firmada,  a los compromisos del estado, deberá cumplirse a cabalidad. La paz definitivamente genera muchos más dividendos que la violencia, la corrupción y la ausencia del estado. La responsabilidad se marca en el curso de la presencia del estado donde la gestión pública local articulada con la administración central y la sociedad civil, constituyen el eje que nos permitirá ir consolidando los laboratorios de paz y convivencia pacífica.
Las  conclusiones del ensayo citado son claras en lo que respecta a los puntos ineludibles que tendrán que tenerse en cuenta: se base en el principio de descentralización y autonomía, desvirtuado por las recientes reformas al Régimen de Transferencias y al Fondo Nacional de Regalías. En ese sentido, es necesario revisar el tema de la asignación de competencias y recursos tanto al poder central, como a las entidades territoriales. Estableciendo con claridad, aquellas que pueden ser compartidas, más allá de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia (Trujillo y Pérez, 2016). Segunda: “implemente el modelo de Estado regional. Actualmente, el nivel central con el apoyo del DNP, acogió el enfoque regional en el Plan Nacional de Desarrollo, conformando regiones para la materialización de políticas estatales. El objetivo de esta decisión, es llevar a cabo acciones en territorios con características más o menos comunes, que permitan superar los desequilibrios territoriales existentes en Colombia”.






[1] Ángel Alberto Tuirán Sarmiento* Luis Fernando Trejos Rosero.
Debilidades institucionales a nivel local. Desafíos de la gestión territorial de paz.

[2] Ibidem

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