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miércoles, septiembre 21, 2005

ARAUCA ENTRE PLOMO Y LA INTIMIDACION



ARAUCA ENTRE PLOMO Y LA INTIMIDACION

Mi hermano desarrollaba antes del secuestro sus actividades en el Dpto. de Arauca, como vive esta región, porque tiene una situación tan atípica, responder estas preguntas talvez nos ayude a dilucidar nuestra tragedia. El departamento nororiental de Arauca está situado cerca de la cordillera oriental de los Andes. Tiene unos 265.000 habitantes y abarca 23.000 kilómetros cuadrados. Se compone de siete municipios: Arauca, Arauquita, y Saravena, en el norte del departamento, y Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, en el sur. Este departamento, que hace frontera con Venezuela, consta de tres subregiones geográficas: la cordillera de los Andes, el piedemonte y la sabana. Sus recursos petrolíferos están situados sobre todo en el límite entre el piedemonte y la sabana.

Arauca cuenta con una reducida población indígena que se compone, entre otros, de U’was y guahibos. La región fue colonizada por primera vez por inmigrantes en la década de 1950, cuando llegaron hasta allí familias que buscaban refugio frente a "La Violencia" de otras zonas de Colombia. La segunda oleada colonizadora significativa se produjo tras el descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1980, cuando más familias se trasladaron al departamento en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida.

Aunque la mayoría de los cultivos de coca se concentran en el sur del país, Arauca ha presenciado recientemente un aumento de las plantaciones ilegales. Según la Defensoría del Pueblo, y citando fuentes militares, el cultivo de coca aumentó de 978 a 12.000 hectáreas en el periodo 2000-2001, aunque, según la policía, el aumento ha sido mucho más modesto, de las 978 hectáreas del año 2000 a 2.749 en el 2001.

Los grupos de guerrilla surgieron en la década de 1950, durante "La Violencia". En ese periodo, grupos armados vinculados a los partidos Liberal y comunista se vieron obligados a replegarse a zonas remotas e inaccesibles del país. Esos grupos armados formaron el núcleo del principal movimiento de oposición armada durante los últimos 50 años, que en 1966 se consolidó como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas de grupos campesinos creados para defender las comunidades favorables al Partido Liberal. Las FARC son el grupo de guerrilla más grande del país, con unos 20.000 combatientes. El otro grupo importante que todavía existe es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 4.000 combatientes.


Gracias al frágil control estatal, las guerrillas establecieron amplios bastiones en muchas zonas del país, en las que, en la práctica, determinaban la política de gobierno local y ejercían un notable control sobre la población. Estas organizaciones guerrilleras atacaban con frecuencia las fincas rurales de los terratenientes adinerados: la extorsión y los secuestros se convirtieron en prácticas habituales en las zonas rurales. Desde la década de 1990, las FARC han tratado de aumentar significativamente los ataques en zonas urbanas, cuya población civil ha sufrido cada vez más el peso de esos ataques.


Los paramilitares respaldados por el ejército –que cuentan con entre 10.000 y 20.000 miembros, dependiendo de la fuente citada– tienen su origen en los grupos civiles de "autodefensa" legalmente constituidos que el ejército creó para que le sirvieran de auxiliares durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su base legal se eliminó en 1989, apenas se han hecho esfuerzos por disolverlos. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente su colaboración con las fuerzas de seguridad. También las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han documentado en sus informes fuertes vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad, y las investigaciones judiciales y disciplinarias siguen implicando a oficiales de alta graduación en violaciones de derechos humanos cometidas por unidades paramilitares. Durante las últimas décadas se ha hecho a los paramilitares responsables de la mayoría de los homicidios y "desapariciones" de civiles perpetrados.


Las fuerzas armadas, a medida que se han ido enfrentando a una creciente condena internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas, han ido recurriendo cada vez con más frecuencia al uso de auxiliares paramilitares para poner en marcha las tácticas de "guerra sucia" empleadas por el ejército en su estrategia de contrainsurgencia. En los últimos años, la atención nacional e internacional se ha centrado cada vez más en la necesidad de desmantelar los mecanismos de impunidad que han garantizado que, salvo en casos excepcionales, los miembros de las fuerzas armadas puedan eludir las investigaciones o los castigos pertinentes. Para evitar estas presiones, los responsables de diseñar y poner en práctica la "guerra sucia" han delegado muchas tareas en las fuerzas paramilitares, y ello les ha permitido continuar con su estrategia sin temor a ser procesados.


Las políticas del actual gobierno están dando marcha atrás a los limitados intentos de los gobiernos anteriores de desmantelar los mecanismos de impunidad, garantizando que los miembros de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares pueden seguir perpetrando violaciones de derechos humanos sin apenas posibilidad de ser procesados. La introducción de estas políticas coincidió con la declaración de una "tregua", el 1 de diciembre de 2002, por parte de la principal agrupación paramilitar del país, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).


A causa de su importancia estratégica en materia económica, militar y geográfica (principalmente debido a su riqueza petrolífera y al hecho de que hace frontera con Venezuela), todos los agentes armados han considerado que el control sobre Arauca es esencial y, a consecuencia de ello, la zona se ha visto fuertemente militarizada. En particular, durante los últimos 18 meses el gobierno ha utilizado el departamento como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, especialmente en lo que se refiere a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. El hecho de que estas zonas ya no estén legalmente en funcionamiento apenas ha aliviado los ataques constantes e indiscriminados de las fuerzas de seguridad contra la población civil, especialmente contra los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales. Mientras tanto, en los últimos años, los grupos paramilitares han reforzado su control sobre el departamento de Arauca en un aparente intento de defender los intereses de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales; para ello, han actuado en colaboración con las fuerzas de seguridad colombianas. Los grupos de guerrilla, especialmente las FARC, han respondido a las medidas de seguridad del gobierno y a la presencia cada vez mayor de los grupos paramilitares en Arauca aumentando su actividad para intimidar y atacar a sectores de la población civil, especialmente a los funcionarios del Estado locales.


No puede pasarse por alto la dimensión internacional del conflicto de Arauca. A causa de los intereses de empresas petroleras estadounidenses y, en menor medida, de otras empresas petroleras extranjeras en el departamento, el gobierno de Estados Unidos ha prestado especial atención a la región y ha destinado a ella importantes recursos militares, incluidos "asesores militares". El gobierno de Estados Unidos ayuda a financiar la brigada del ejército de Colombia que actúa en el departamento de Arauca, la XVIII Brigada. Según los informes, la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum también ha ayudado a financiar la brigada, aunque no ha confirmado si sigue haciéndolo. Esta brigada ha sido acusada de cometer violaciones de derechos humanos y de colaborar con las fuerzas paramilitares, y eso ha arrastrado invariablemente al gobierno estadounidense a una serie de controversias en materia de derechos humanos, como los homicidios de Santo Domingo de 1998, en la que 17 civiles, entre ellos 6 niños, murieron cuando un helicóptero financiado por Estados Unidos y pilotado.

Hay igualmente hechos recientes que reflejan la tensión que vive la región. En noviembre de 2002, los vecinos de Saravena, en el departamento de Arauca, se disponían a celebrar su fiesta tradicional. Para que pudieran disfrutar de su festividad, el ejército accedió a levantar algunas de las restricciones de circulación impuestas a los habitantes de Saravena y otros municipios de Arauca por el gobierno del Presidente Uribe en septiembre de 2002. Sin embargo, la tarde del 12 de noviembre, unos 700 soldados rodearon la localidad para que el ejército, la policía y miembros de la Fiscalía General(1) y la Procuraduría General(2) registraran casas, lugares de trabajo y comercios. Al concluir la noche se había detenido a punta de arma a más de 2.000 personas y se las había conducido al estadio de Saravena, donde las fotografiaron, las grabaron en vídeo, las interrogaron, comprobaron sus antecedentes y les marcaron los brazos con tinta indeleble.


Esta detención en masa de civiles, conocida como Operación Heroica y teóricamente destinada a detener a presuntos miembros de la guerrilla, ha sido la operación más grande de este tipo llevada a cabo por las fuerzas de seguridad colombianas en los últimos años. Entre los 2.000 aprehendidos aquella noche se encontraban la mayoría de los miembros de la comunidad de derechos humanos de Saravena, así como conocidos sindicalistas y otros dirigentes sociales. Sin embargo, sólo 85 fueron detenidos oficialmente. De ellos, 35 fueron puestos en libertad más tarde por falta de pruebas. De los 50 restantes, unos 40 eran sindicalistas. En el momento de redactar este informe, se creía que apenas 30 de los 2.000 aprehendidos aquella noche seguían sometidos a investigación.

El Presidente Uribe declaró el Estado de Conmoción Interior el 11 de agosto de 2002, tan sólo tres días después de ocupar su cargo, y el 9 de septiembre de 2002 emitió el decreto 2002, que le permitiría establecer el 21 de septiembre dos zonas de seguridad, las llamadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, una de las cuales abarcaba tres municipios de Arauca: Arauca, Saravena y Arauquita. El 29 de abril de 2003, la Corte Constitucional se pronunció contra la renovación del estado de emergencia y todos los decretos relacionados con él, incluido el decreto 2002. Sin embargo, en la práctica, el ejército sigue utilizando muchas de las medidas anuladas por la Corte. Aunque las Zonas de Rehabilitación y Consolidación se establecieron para reducir la violencia, al final se caracterizaron por un aumento de la inseguridad y de las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.

En esta región trabaja Mi hermano , cuando fue secuestrado, su labor era titánica y esperamos que pueda terminar las obras que emprendió en un Dpto, que necesita que se consoliden este tipo de proyectos civiles por encima de la guerra que padece

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