El CD propone votar el plebiscito que refrenda los acuerdo entre la FARC y el gobierno con el No. Siempre he
respetado las posiciones de la oposición a los acuerdos de la Habana y he
pensado que la discusión debe hacerse de manera abierta, respetando sus puntos de vista, no debemos olvidar por gracia de las diferencias, algunas muy radicales, lo que
está en juego en la Habana para el país, el trasfondo tan importante del momento, por
primera vez estamos ante un cierre total a un acuerdo con la FARC y por lo
tanto ante la posibilidad de incorporar a uno de los actores más fuertes y
antiguos en el conflicto interno de Colombia a la vida civil, con plenos derechos, lógico previos acuerdos, lo que significa,
el principio de una paz duradera, que debemos ayudar a construir entre todos, la discusión,
en el termino Aristotélico de la misma, será siempre política e ideológica, así
debemos asumirla desde la necesidad del objetivo supremo de la paz. Trato de explicar mis diferencias con las posiciones del CD.
El CD establece
condiciones que son imposibles de cumplir, como la exigencia que los
dirigentes de la FARC paguen cárcel, no admiten ninguno de las variables de la
justicia alternativa y menos aceptan la justicia transicional. Está claro que ellos exigen un sometimiento. Aducen el derecho
internacional humanitario y la corte internacional, la que curiosamente solo
respetan cuando les conviene, pero cuando esta se pronuncia en contra de sus
intereses, la desconocen absolutamente. Expresan que los delitos de lesa humanidad no son
transables para la corte, estos, según ellos, deben pagarse inexorablemente con cárcel. Se les olvida que este es un proceso político y que en todo caso el acuerdo en ningún caso admite la impunidad para este tipo de delitos. La firma final del documento de cierre contempla acuerdos mínimos de obligatorio cumplimiento: Reparación, no repetición, el acceso a la verdad, justicia, participación, inclusión, es lo más
importante por lo que significa, teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto, el daño a la sociedad en general, al desarrollo humano, el hecho de llevar cincuenta años de vigencia, con seis millones de víctimas y
una violencia continúa y lacerante. Como se analiza desde la perspectiva del
derecho estos acuerdos. Empecemos cuales son los argumentos que se sobreponen a sus posiciones categóricas con respecto a la necesidad de pagar cárcel que aducen. Esto expresa uno de nuestros Juristas más importantes, frente a la justicia transicional, desde donde abordaremos este tema.
“Estos problemas se
deben, en parte, a la atribución de objetivos demasiado amplios y ambiciosos:
primero, establecer un punto de equilibrio entre las exigencias de la justicia,
esto es, entendido en un sentido retributivo cercano al kantiano, que no quede
impune ningún delito ni ningún delincuente, porque la sociedad tiene que asumir
las consecuencias de tamaña omisión y las necesarias concesiones que habría que
hacerle a los autores de los hechos ilícitos más graves para que su
reintegración a la sociedad sea sincera y la paz que se pretende conseguir sea
duradera y sostenible; segundo, cumplir los derechos de las víctimas a ser
reparadas de los daños ocasionados y que, en lo posible, sean reestablecidos en
las condiciones previas al conflicto; tercero, garantizar el derecho, tanto de
las víctimas como de la sociedad en general, de conocer la verdad de lo
ocurrido, que a su vez se desdobla en tres propósitos específicos: a) saber
exactamente qué fue lo que ocurrió, b) conocer los autores, inspiradores y
beneficiarios de los crímenes y c) crear condiciones que garanticen la
no-repetición de la barbarie”( Rodrigo Uprimny y María
Paula Saffón. Citados en un texto de Julio Gonzales Zapata)[1]
. En una conferencia sobre nuestro proceso, el gran tratadista Italiano
Ferrajoli, expresa: “Tiene que consistir, si aceptamos lo dicho hasta ahora
sobre la paz como valor político supremo, prejudicial a cualquier otro, en un
tipo de justicia dirigida a una obvia finalidad: el cese de la guerra interna y
la pacificación entre todos los diferentes combatientes, sobre la base de una
efectiva reconciliación nacional que no deje sobre el terreno odios, rencores,
sentido de la injusticia padecida, deseos de venganza y por tanto el peligro de
una reapertura de la guerra. Tiene que además concernir a todas las partes de
un conflicto que ha durado, en Colombia, más de cincuenta años: las formaciones
guerrilleras, las organizaciones paramilitares, aquellas neo-paramilitares de
los “grupos emergentes” y sectores, en fin, del mismo ejército regular”. Lo
sustenta con mucha coherencia: Agrego que este fundamento, como ustedes saben,
está instituido expresamente en la Constitución Política de Colombia ; que, a
diferencia de otras constituciones que también tienen, como la italiana, el
rechazo a la guerra, establece que la paz es un derecho humano fundamental ,
“La Paz” , dice el art. 22 de la Constitución de Colombia , “es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento”: un derecho de la persona , y por ende, un
deber correspondiente de la esfera pública, que es el principal deber que el
Estado. Tiene que alcanzar. Consistiendo, el derecho a la paz, en un derecho
fundamental, como cualquier derecho fundamental, es contra mayoritario, cuya
actuación es “deber de obligatorio cumplimiento”, incluso contra la voluntad de
la mayoría. Por esto sería impropio e inaceptable someter la paz, o sea la
solución pacífica negociada del conflicto a cualquier tipo de consulta popular.
Por lo tanto, la realización de la paz y el “nunca más” a la guerra
deben representar ya sea sobre un plano teórico y filosófico o sobre aquel del
derecho positivo, un objetivo político y una obligación jurídica prioritaria sobre
cualquier otra: un objetivo, entonces, que debe ser alcanzado a cualquier
precio. Preguntémonos entonces: ¿cuál es el precio que se debe pagar por este
objetivo? El precio es, precisamente, la renuncia a someter a los combatientes
a la justicia penal ordinaria y por lo tanto la estipulación, para ellos, de un
modelo diferente de justicia: el modelo, que en Colombia se ha llamado
“justicia transicional” y a la cual está dedicada nuestra conferencia”. Este
marco nos obliga a tener en cuenta marcos teóricos específicos: como definimos
nuestro conflicto, que óptica tienen las partes de la naturaleza histórica del
mismo. El CD, solo habla de terroristas y terrorismo, así se refiere a la FARC, elimina todo el valor político de la insurgencia, recordemos que en el gobierno del Doctor Alvaro Uribe se aprobó una ley que estableció taxativamente que en Colombia no había
conflicto armado, desconociendo totalmente la realidad por via de una interpretación y por ende la historia política del país, la guerrilla nace en los años 60 debido al proceso continuo de exclusión política por parte de los partidos tradicionales, sus traiciones, el exterminio sistemático de la izquierda, el surgimiento de los movimientos guerrilleros tiene razones históricas en pleno frente nacional, se
entienden las posiciones de la Derecha, pero se trata de transar para superar el conflicto y poder vivir en
paz, previos acuerdos y sobre la base que se respetarán los mismos. Las experiencias en el mundo al respecto son muchas...en fin. Ahora con respecto
a la verdad que es un bien supremo, haré el análisis desde la óptica de un análisis muy lucido de Julio Gonzales: “Sería una necedad desconocer la importancia que tiene
para el presente y el futuro del país conocer la verdad de lo que ha sucedido.
Es más, considero que para las víctimas, sus allegados y la sociedad en
general, más importante que el castigo de los responsables, es saber la verdad
sobre los crímenes que se han cometido, sus patrocinadores, sus planificadores
y financiadores. A pesar del reconocimiento anterior, no podemos omitir la
pregunta acerca de qué verdad queremos buscar, cuál estamos dispuestos a
recibir y, sobre todo, qué posibilidades tenemos de alcanzarla mediante un
procedimiento judicial Michel Foucault, en El orden del discurso, describe
la economía de la producción de la verdad en sociedades como las nuestras.
Hablar, escribir, enseñar, curar, investigar, más que llaves para abrir el
camino hacia una verdad por fin sin trampas, transparente, perfectamente
concordante con las cosas, constituyen, por el contrario, mecanismos de
constricción y exclusión que hacen de la verdad que se produzca un mero juego
sumamente complejo, en el cual semezclan, al modo de una intrincada red,
privilegios del sujeto, tabúes del objeto, rituales de la circunstancia,
policías del discurso, etc.(Cf. Foucault, 1980), y por lo tanto, más que de
verdad podemos hablar de políticas de verdad”. La verdad, debe aflorar, en el
contexto más general y en las situaciones particulares que sean requeridas por
las víctimas, pero también esta es una construcción con todos los componentes ideológicos
y las ópticas alusivas según los intereses superpuestos. Recuperar la memoria resulta fundamental y de hecho este es uno de los primeros puntos acordados por las partes.
Quiero abusar de nuevo
de mis citas y aportar una de Alfonso Cuellar de la revista “Semana” de
Colombia, que es un desglose que descifra las críticas del CD :
“El sustento de esa premisa es que “otros”
podrían lograr un mejor acuerdo con las FARC. Qué le han faltado “pantalones” a
la delegación del gobierno. Que un “no contundente”, generaría un alud de concesiones
por parte de la guerrilla. El problema con ese argumento es que no hay
evidencia alguna de que eso vaya a ocurrir. La historia reciente de “otros”
negociando con las FARC no es alentadora.
En 1984 se convino un
cese al fuego bilateral con esa guerrilla. Los titulares de la época hablaban
de paz y eso que para muchos colombianos, “Tirofijo” y sus muchachos eran unos
desconocidos. Era una farsa: en su séptima conferencia en 1982 las FARC habían
añadido la sigla EP -Ejército Popular-, una señal inequívoca de su decisión de
combinar todas las formas de lucha. En otras palabras, el diálogo con el
gobierno de Belisario Betancur era parte de una estrategia para incrementar la
guerra.
En el Caguán
(1999-2002) la negociación fue peor. La guerrilla aprovechó los 42.000
kilómetros cuadrados de la zona de distención para hacer y deshacer. Y la
agenda común acordada entre las partes incluía temas tan trascendentales como
la estructura económica y social y las fuerzas militares (dos asuntos que no
están en lo anunciado en La Habana).
La administración de
Álvaro Uribe tampoco se mostró muy ducha en el arte de negociar con las FARC.
Alegando “razones de Estado”, liberó en 2007 a alias Rodrigo Granda -quien
había sido capturado años antes en Venezuela a un gran costo-. Pensaba que con
ese gesto se lograría que las FARC regresaran a Ingrid Betancourt. No la
devolvieron. Y hoy Granda vive tranquilamente en La Habana como miembro de la
delegación de la guerrilla.
Se ha vuelto común
comparar el castigo que recibieron los paramilitares (5-8 años de cárcel)
frente a lo que se propone para las FARC (5-8 años de restricción a la libertad
a los principales responsables). Se omite un hecho clave: la propuesta inicial
del gobierno de Uribe en el 2003 contemplaba penas alternativas a la prisión.
El garrote llegaría después, gracias al Congreso y la Corte Constitucional.
En fin, es difícil
negociar; más aún con asesinos y secuestradores. Cualquier concesión es
inherentemente inmoral, pero necesaria si lo que se busca es que los antagonistas
dejen de matar y renuncien a la violencia. Ese es el quid del asunto. Por
primera vez las FARC han aceptado concentrarse, desmovilizarse y desarmarse con
verificación internacional. No perdamos esa oportunidad.
La victoria del “No” en
el plebiscito aplazaría indefinidamente ese desenlace. Con el riesgo de que las
FARC exijan renegociar todos los otros capítulos, incluyendo la barbaridad de
una Asamblea Constituyente.
Llevamos cuatro años en
un limbo por las conversaciones con la guerrilla. Prolongar esa incertidumbre
por unos meses bajo el supuesto de que ahora sí las FARC aceptarán todo lo que
queramos es aventurado. Es tumbar las piezas del tablero. Como Trump”.
Hacía dónde quiere ir
la oposición, concretamente el CD, esperamos que ellos lo sepan muy bien, el momento histórico que vivimos es de suma importancia, el hecho de estar casi al de cierre de un acuerdo final en es un hecho sin precedentes, nunca habíamos estado tan cerca, sería bueno traer a colación todas las muertes que hasta la fecha se han evitado gracias al cese al fuego acordado, los secuestros, sería muy bueno cuantificar y cualificar el alcance que tienen estas negociación en la vida cotidiana de vastos territorios del país .
