He querido maximizar
la información de carácter ecológico, tan necesaria frente a los retos que nos
impone un desarrollo irresponsable que afecta gravemente la salud del planeta y
por lo tanto la vida. Las columnas de Brigitte Baptiste publicadas por el
diario “La republica” de Colombia, no solamente son lúcidas, sino puntuales,
construidas desde una matriz científica rigurosa, sin desbordamientos y con la suficiente
pedagogía que nos ayuda a entender el lugar que ocupamos en todo el ecosistema
y las obligaciones que se desprenden desde esta conciencia. CESAR HERNANDO
BUSTAMANTE
Brigitte Baptiste
Tenemos claro que los actos ilícitos
mediante los cuales alguien se apropia del patrimonio público deben ser
prevenidos, perseguidos y castigados severamente, pues el bien común nunca
puede ser sacrificado en el altar de la pretendida competencia darviniana que
según algunos, a conveniencia, guía la vida social. El “triunfo” de unos
amenaza la continuidad del colectivo, una paradoja si se piensa que sin lo
segundo no es viable lo primero. Tal vez a eso se refería nuestro célebre
expresidente que pretendía definir la adecuada proporcionalidad de la
corrupción.
Una de las contradicciones de la
forma más simplista de entender el capitalismo es esa: pretender que la
rentabilidad derivada del ingenio particular se apropie al máximo de manera
privada, pero que cuando fracase, la pérdida se asuma solidariamente. Muchas
instituciones financieras juegan a esta, la fuente más perversa de las
inequidades, que no puede ser normalizada vía reformas fiscales, pues el
bienestar de una nación no se puede sustentar en la pretendida competencia
salvaje de humanos “perfectamente racionales” en un mundo de oportunidades
falsamente equivalentes y asimétricamente informado. Muchos corruptos pretenden
naturalizar las economías al acomodo de sus intereses, incluso desde los
órganos legislativos, de ahí la institucionalización de las mafias y los
carteles bajo la mirada complaciente de los regímenes.
La noción de justicia ambiental está
fuertemente anclada en el entendimiento de que el funcionamiento ecológico es
un bien común que subyace a todo emprendimiento (sensu lato), sea la
agricultura itinerante indígena, las economías pesqueras artesanales, la
agroindustria, el desarrollo inmobiliario o la provisión de servicios.
Detrás de toda apropiación de lo que
llamamos naturaleza existe un entramado funcional de vida, que si bien es menos
evidente que la integridad atmosférica del planeta, opera de manera
extremadamente conectada. De ahí que la salud climática de todos dependa de la
preservación del Amazonas (destruida por corruptos) o la capacidad de restituir
la funcionalidad de los páramos. Si los encadenamientos productivos que llevan
esa capacidad ecológica de producir riqueza (podría decirse que ricardiana) a
los niveles más abstractos de la monetización no garantizan el cierre adecuado
de sus ciclos funcionales, nos estamos robando a nosotros mismos en términos de
seguridad ambiental, es decir que nuestros actos productivos y reproductivos
representan una forma de corrupción de la cual apenas estamos haciendo
conciencia: comernos el futuro de nuestros propios hijos, un gesto nada
adaptativo. (De paso, bien por los 11,6 millones de colombianos que de manera
absolutamente autónoma participaron en la consulta del domingo pasado: se hizo
historia).
La sostenibilidad reposa también en
la construcción de equidad, por lo cual una política ambiental debe
concentrarse en la prevención de los conflictos y la construcción y
cumplimiento (lo subrayo) de acuerdos de gobernanza del territorio. Explosiones
de indignación ya rondan muchos sectores sociales para quienes “extractivismo”
significa el deterioro de las condiciones de vida locales en contraposición con
la concentración de indicadores de bienestar externo, así no haya presencia de
proyectos que exploten explícitamente el territorio. Deteriorar la seguridad
ambiental de nadie nunca es justo ni adaptativo.
