LA FIGURA DE LA EXTRADICION EN COLOMBIA

La capacidad para ejercer el monopolio de la justicia frente a sus ciudadanos ha sido uno de los atributos del Estado moderno y uno de los pilares de la noción de soberanía; sin embargo, hoy en día, en un contexto de globalización, y más aún frente a la crónica situación de debilidad y fragmentación del Estado, producto de un conflicto que se ha prolongado y complicado a lo largo de varias décadas, las apelaciones a una soberanía absoluta no dejan de ser más que reminiscencias de un ideal nunca alcanzado. Diana Rojas .

La extradición es un instrumento clásico del sistema penal que les permite a los países evitar la impunidad detrás del concepto de soberanía. En nuestro ordenamiento está contemplada desde el código de 1936, pero desde hace “25 años fue instaurada como parte de la estrategia antinarcóticos, elaborada y promovida por Estados Unidos. Aunque indudablemente se trata de un instrumento jurídico consagrado por un tratado bilateral, ha sido ante todo un asunto político y un campo de fuertes e incluso sangrientas confrontaciones” (Diana Rojas). Es imposible olvidar las muertes que ocasiono esta figura después de haber sido puesta a operar por el presidente Belisario, tras el asesinato del ministro Lara Bonilla, con el tácito reconocimiento por el mandatario de ser el único instrumento que atemorizaba a los narcotraficantes y de hecho también la única forma de llevar tras las rejas a tan poderosos caballeros. En Colombia el narcotráfico había arrinconada a todo la sociedad. Mataba jueces, compraba funcionarios, tenía un nomina de oficiales a su servicio (de la policía, los cuerpos de inteligencia y el ejercito), compraba negocios y tierras generando una sobrevaloración sin parangón. En algún momento alguien decidió dentro de las esferas delincuenciales que se podían tomar también el congreso y figuras como Leder y Pablo Escobar llegaron inexplicablemente al congreso de la república e hicieron alianzas que sometieron a gran parte del país político que definitivamente puso al paìs en alerta. Con el lema de preferir un tumba en Colombia y no una celda en el extranjero, los extraditables iniciaron una campaña siniestra tendiente a eleminar esta figura con bombas, muerte de jueces, precandidatos (Pardo, Jaramillo, Luis Carlos Galán) en un viacrucis que difícilmente olvidaremos. Las instituciones cedieron y en la constituyente de 1991 se archivo la figura y se prohibió constitucionalmente. Error craso que después se demostró fue aprobado con sobornos y en una estrategia de filigrana elaboración urdida por pablo Escobar. El país después de la muerte del último gran Capo (Pablo Escobar) de la mano del presidente Samper de nuevo aprobó la extradición, después de los escándalo del ocho mil y el reconocimiento expreso de la penetración de los dineros calientes en su campaña. Paralelo a estos hechos vivimos el paramilitarismo y sufrimos las peores masacres y la más gravee penetración de grupo al margen de lal ey en todos los estamentos sociales e institucionales. Colombia reconocía que solo esta figura producía algún escozor a los delincuentes, a quienes nuestra justicia no atemoriza pues siempre resulta vulnerada con ardides jurídicas, soborno y muerte. Este es el periplo de una figura que bien puede servir para explicar las relaciones intricadas entre la sociedad y el narcotráfico en Colombia. Ahora El Consejo Ncional de la Judicatura decide negar la extradición de Macaco sobre la base de proteger a las victimas. Los peores asesinos que recordemos ahora, llenos de poder e intimidación, se la juegan con esta figura del derecho. Algunos incluso saben que el paz y salvo lo dará la justicia gringa y como chupete quieren arreglar sus cuentas de una vez con el país del norte. No son fáciles de entender estos entuertos. La extradición refleja al país en todos sus errores, en toda su tragedia y en su permanente ambivalencia.