Pocas veces atendemos a los discursos presidenciales, que con el tiempo se convierten en documentos históricos de suma importancia para la memoria del país. Hay discursos emblematicos, como el pronunciado por el expresidente Alberto Lleras en el teatro patria, que aun se cita para conjurar crisis entre los militares y el ejecutivo, es una pieza magistral. El primer balance de un gobierno es el que hace el mismo presidente en la instalación del nuevo congreso. El doctor Uribe en cumplimiento de esta tarea presentó el suyo, que es preciso leer entre líneas:
“ La larga tradición colombiana de fomento, de práctica, de perfeccionamiento del Estado de Derecho está, en muy buena parte, atada a la solidez de la Corte Suprema de Justicia.
Con su práctica, nos ha facilitado aprender la enseñanza básica del Estado de Derecho, el estado en el cual el gobernante, por encima de cualquier otro, se tiene que someter de manera más rigurosa a la ley heterónoma, externa a él, no producto de su capricho, sino del procedimiento legislativo riguroso, controlado, originado en el debate popular.”
El presidente saluda al congreso invocando el estado de derecho y lo hace por razones bastante conocidas, frente a las denuncias sobre la desinstitucionalización de la nación bajo su mandato. Por eso ratifica enfáticamente:
"Llegan ustedes al país en un momento institucional muy importante, de prueba de instituciones."
Abría que preguntarle que pasó en la comisión nacional de televisión, como funcionaron los ministerios fusionados, cual es el balance de estupefacientes, en que quedo el programa de Agro ingreso seguro, cual es el resultado de los favorecimientos a sectores exportadores privilegiados, los escándalos por contratación, el tercer canal, las implicaciones de la casa de Nariño en la chuzadas del Das, en que culminó la investigación de los falsos positivos y cual es el balance en materia de contratación en el ministerio de obras públicas, para citar solo algunos.
Es innegable el liderazgo del presidente y la tarea de cohesión de la nación a través de la figura presidencial, pero esta que es su mayor virtud es su peor defecto. En esta materia es mucho lo que hay que hilar en materia de balances.
El presidente a renglón seguido defendió su modelo de seguridad democrática:
"Hoy todo el mundo las requiere, sin esas libertades, ningún proyecto político puede avanzar y esas libertades están totalmente sustentadas en la Seguridad Democrática y en ese elemento tan importante de la Seguridad Democrática que es la justicia.
La relación entre seguridad y cohesión social ya se entiende que es totalmente convergente, que no son categorías excluyentes. La seguridad es una fuente de recursos sin la cual no se puede construir la cohesión social. Y la cohesión social es un imperativo sin el cual la seguridad no se hace sostenible."
Este es un tema en el que la mayoría de los colombianos reconocemos muchas cosas positivas, pero que también requiere de ajustes, de igual manera cabe recordare que se cometieron verdaderas atrocidades bajo las sombras de la política de delación, de los incentivos y de la política de justicia y paz.
El presidente en el balance toca tres temas de suma importancia:
"Permítanme, honorables magistrados —y muy especialmente pido la licencia de los visitantes internacionales- para referir esta mañana a tres temas de importancia en la vida del país en este momento: el tema de la reglamentación de la acción de tutela, el tema del proyecto de la ley de penas y el tema de la investigación y juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia a congresistas vinculados a grupos paramilitares."
Sobre la tutela, la cual el gobierno quiso recortar en más de una ocasión y que paradójicamente se ha convertido en la única posibilidad de la gente del comun, para defender sus derechos frente a un estado paquidérmico y a ciertas instituciones como la EPS, que solo cumplen sus responsabilidades por mandato judicial.
El presidente sentó su posición con absoluta claridad:
"La Constitución del 91 —con aciertos y desaciertos- entre los aciertos más notables está la acción de tutela. Logró en este país que la ciudadanía empezara a percibir la Constitución como algo material, tangible, asible, inmanente, no trascendente; como algo cercano al pueblo, a cada ser humano, a la vida cotidiana. Y eso ha ganado mucha legitimidad para el Estado de Derecho en Colombia."
La primera posición del gobierno al principio de su primer mandato es diferente a la que asume hoy, pero es preciso traerla a colación, como lo hizo el presidente en su discurso:
¿Cuál ha sido nuestra posición sobre la materia? Cuando empezaba el Gobierno en 2002, el entonces ministro (del Interior y Justicia) Fernando Londoño Hoyos presentó un proyecto —que yo como Presidente de la República apoyé- con varios puntos de reforma a la justicia, uno de los cuales era el artículo de que en el órgano de cierre de cada jurisdicción, se surtiera un proceso especial que reemplazara la competencia atribuida a la Corte Constitucional, para ser finalmente, el órgano que conoce de tutelas sobre sentencias de las diferentes Cortes."
El presidente reconoce que esta reforma sacó el debate a la palestra y pese a su fracaso quedó claro que ni el congreso ni mucho menos las ONG y la misma sociedad civil, no permitirán una reforma que recorte los derecho obtenidos, sobre el pretexto de la congestión judicial.
El presidente adelante sienta posición:
"Cuando uno mira la tesis de que se debe respetar el órgano de cierre de cada jurisdicción, también tiene que reconocer que el órgano de cierre en materias constitucionales es la Corte Constitucional. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para la tesis de la reglamentación que no del despojo de la competencia a la Corte Constitucional. Es el órgano de cierre de materias constitucionales en el ordenamiento jurídico colombiano.
Yo he preferido asignarle toda la importancia a la búsqueda de consenso, pero cuando avanza lo que ha sido la disputa de jurisdicciones, el Presidente de la República tiene que cumplir la misión de Jefe de Estado y proponer iniciativas que, sin afectar la independencia de las ramas del poder, puedan superar esas querellas. Querellas dañinas para la armonía que debe primar dentro de la independencia. "
Por eso, fracasados los intentos de encontrar el mayor consenso sobre la materia entre las diferentes Cortes. Por eso, profundizadas las querellas, angustiado el país por el choque de jurisdicciones, tomé la decisión de impulsar una reglamentación, que sin despojar a la Corte Constitucional del conocimiento de la competencia de conocer tutelas sobre sentencias de las otras Cortes, sometiera ese conocimiento a reglas que, a la Nación y a todas las instituciones, dieran mayor tranquilidad."
Remata claramente:
"Y, en favor de esa reglamentación, independientemente de que hubiéramos estado de acuerdo o no, con las definiciones de la Constitución del 91, reconociendo objetivamente el derecho institucional vigente hoy en nuestra Patria, invoco estos tres argumentos: primero, la Corte Constitucional es el órgano de cierre en materia constitucional. Segundo, los derechos fundamentales —que son los llamados a ser protegidos mediante la acción de tutela- están en el nivel constitucional. Derechos sociales que han sido también tutelados, se han tutelado no por tutelar en sí el derecho social, sino por su relación con el derecho fundamental. Y esa materia es tan delicada, que no admite dispersión jurisprudencial."
La posición sobre justicia y paz y la gran preocupación por los excarcelación y prisión domiciliaria sin previo el cumplimiento de los presupuestos procesales, es un problema de técnica jurídica que el congreso deberá asumir pero sobre el cual el presidente puso el dedo en la llaga.
Un tema más delicado es del juicio a los congresistas, que no elude el presidente en el informe:
"Vengo a decir eso, sin mayores adjetivos, con total convicción, como con total convección hemos procedido en todas las etapas de estos cuatro largos años, para defender nuestra propuesta de Seguridad Democrática.
Si hay sujetos que tienen que dar ejemplo en el Estado de Leyes, son quienes tienen el privilegio y los deberes del ejercicio de tareas públicas, bien en el ejecutivo o en el Congreso.
Y si hay que proceder con severidad frente a quienes quebrantan las leyes, es cuando se dan los casos de que esas leyes son quebrantadas por figuras de liderazgo público, bien en el Ejecutivo o que estén actuando en el Legislativo."
Este tema lo abordaré en el próximo artículo.
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