LA DECISION DE LA JEP FRENTE AL CASO SANTRICH EN COLOMBIA

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no extraditar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich a los Estados Unidos, que lo pedía por supuesta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país luego del primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz. La decisión de los magistrados fue tomada por mayoría, en total la sala la constituían cinco magistrados, la votación quedó así: tres a favor y dos salvamentos de voto, está respaldada en derecho, con absoluto respeto de la ley, en ejercicio de plenas competencias nacidas de los acuerdos de la Habana que hacen parte del cuerpo constitucional, articulo 19  transitorio, además por la obcecada negativa del gobierno americano a enviar las pruebas necesarias para evaluar la temporalidad del delito, elementales para dilucidar sí se procedía a la extradición respectiva; además las presentadas no constituían evidencias contundentes que justificarán tal decisión, videos inaudibles, montajes poco vinculantes. Esto en carta blanca para profanos, quiere decir que existieron irregularidades en la recolección de algunas pruebas y nunca llegaron las solicitadas al gobierno americano, aspectos  que están sustentados en el fallo, las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal. Una de ellas realizadas por agentes de la DEA a través de una trampa, fue hecha sin las autorizaciones prevista en la ley, obtenidas mediante montajes, operación encubierta que fue autorizada por el fiscal, vicio imperdonable, pues siendo agentes extranjeros, queda claro que este organismo no es el que ostenta la competencia para autorizarlas.

El fiscal Néstor Humberto Martínez de inmediato renunció, su pronunciamiento no respetó la decisión de la JEP, órgano del sistema jurisdiccional de la misma importancia que cualquiera de las cortes, su declaración resulta ser un irrespeto a una decisión de un tribunal, al final del comunicado en un acto incomprensible  exhortó a la ciudadanía a una cruzada para defender la institucionalidad, curiosamente la que él no respeta, lo que es otra afrenta inexplicable y fuera de todo contexto.

El presidente Duque respetó el fallo y afirmó en su alucucion que en todo caso el caso de la extradición no está cerrado y que por lo tanto procede ahora apelar a través de la procuraduría. Varias lecturas generaron  estos hechos. Para el uribismo y el centro democrático constituyen la peor crisis de la institucionalidad, un oprobio. Para los sectores de la oposición, el falló demostró la independencia de la JEP y del sistema jurisdiccional, acto que constituye por si mismo en un respaldo a los acuerdos de la Habana y al proceso de implementación de los mismos. Un sector importante de la prensa aduce que fue el pretexto perfecto del fiscal para salir como un héroe frente a los casos de corrupción en que está involucrado.

No es cierto que la JEP este socavando al sistema de justicia, pues sus competencias están perfectamente estructuradas, ni menos cierto que atente contra el tratado de extradición, paso el fallo para que lo lean y en esta semana publicaré una columna con sus apreciaciones más importantes, incluyendo el salvamento de voto.

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