“Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Este
párrafo de la ley, constituye una verdadera revolución legislativa, son
cincuenta años de rapiña, violencia y desplazamiento, para no hablar del siglo
XIX. León Valencia, en su última columna en la “Revista Semana” expone
asombrado el exabrupto del procurador, representante de la derecha inmaculada
de de este país, del Doctor Álvaro Uribe, del señor José Félix Lafaurie,
presidente de la Federación de Ganaderos, María Fernanda Cabal, parlamentaria y
esposa de Lafaurie, quienes de manera abierta y frentera conspiran contra
la ley de restitución de tierras. La semana pasada emprendieron una campaña en
su contra sin precedentes, sobra recordar que estos son representantes fieles
del país reaccionario, elitista, rentista y fascista, cuya vigencia es
indiscutible, pese al oprobio que significa. Estos señores aspiran a una
especie de pacto de chicoral, una vuelta atrás, que por su puesto desconocerá
los derechos de las víctimas, quienes son los verdaderos dueños de las tierras
usurpadas, estas fueron expropiadas a sangre y fuego por el paramilitarismo,
aun vigente, siguen asesinando y constriñendo a lo largo de todo el país en un
proyecto de limpieza de nunca acabar.
Nuestros
conspiradores, no solo han decidido darle duro con comunicados de prensa,
escándalos, acusaciones en los medios de comunicación, en un proceso calculado
de desprestigio y des-ideologización, sino que empezaron una cruzada en las
zonas vulnerables, allí donde se produjeron las peores matanzas, expropiaciones
y desplazamientos, su objetivo, crear ambiente en contra de la ley, de los
procesos en curso, para reformarla, dejarla letra muerta “Según Human
Rights Watch, al menos 500 reclamantes de tierras en 25 departamentos han
denunciado amenazas desde enero de 2012. Con las solicitudes de restitución no
sólo están aumentando las amenazas, sino también los nuevos desplazamientos de
quienes están reclamando de vuelta sus tierras. “Apenas inician el proceso,
comienzan a ser acusados, perseguidos y vigilados. Muchas familias de Montes de
María y el alto Magdalena están optando por fraccionarse, con el jefe de
familia normalmente quedándose para quedar al frente de tema y el resto yéndose
por seguridad. Y en Atlántico estamos viendo llegar muchas de esas familias”,
cuenta Bernardo Cuero, el representante del Atlántico en la Mesa Nacional de
Víctimas y líder de una organización de desplazados en Malambo”.
La
restitución hace parte de la justicia transaccional, para ello existe una
unidad de restitución, es el ente administrativo creado para acompañar a la
víctima hasta el logro de su objetivo, volver a su tierra, de acuerdo al
decreto ira hasta el 2021 y lleva tres años caminando en estos procesos. Es un
juez, llamado jueces de restitución, el que determina mediante un proceso la
devolución. Son varias poblaciones:
1.- El
campesino que se desplazo
2.- El
campesino o el finquero o empresario de buena fe que vive y adquirió la tierra
sin saber nada sobre su pasado, o en su defecto el testaferro que adquirió en
nombre de otro.
3.-
También existen comunidades que se asentaron en tierras producto de la dinámica
del conflicto.
Lo que
trata la ley, es cubrir la multiplicidad de casos para los legítimos
destinatarios de esta norma. Los controles son muy estrictos y muchas veces se
han utilizado para descalificar sus logros, que a la fecha son muchos. Está
demostrado que el 85% de los desplazados vuelve a las tierras.
El tema
es complejo, de absoluta importancia, se hace necesario evitar los oportunismos
alrededor suyo, ponerle palos a la rueda a su desarrollo es desconocer el punto
neurálgico que ha sido el caldo de cultivo de la violencia en los últimos
cincuenta años. La responsabilidad de la clase política es muy grande y el país
espera que esta, que tanto daño le hace al país, este por fin a la altura de
las circunstancias.
Nunca
hemos podido superar el cumulo de intereses particulares y el egoísmo que se
sobrepone al destino común, menos encontrar los puntos de convergencia necesarios en
toda sociedad civilizada, justa y democrática. El poder en Colombia se ha
utilizado para poder, a favor de una clase, de unas sanguijuelas que lo
usufructúan descaradamente y que siguen vigentes, con un ítem, cada vez son más
sutiles sus relaciones con este.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario