Nada más fatal para Colombia en estas circunstancias, que su sistema judicial este permeado por la corrupción, no es un
problema coyuntural, sino una crisis que afecta a todo su estructura, el
fenómeno llegó a las cortes, incluyendo la corte constitucional, que hasta la
fecha constituía un orgullo a nivel nacional e internacional, fue la
joya de la corona por el respeto que ganó en todos los niveles de su
competencia, con unas jurisprudencias excelsas.
El presidente de la corte costitucional Jorge Pretel tuvo que dejar el cargo por un caso de soborno. “Hoy está separado de su cargo
como presidente de la Corte Constitucional porque un abogado de nombre Victor
Pacheco le dijo a sus colegas que Pretelt le había pedido un soborno de 500
millones de pesos (algo más de 210 mil dólares) para comprar la conciencia de
otro magistrado, de Mauricio González, para que fallara una tutela que le
permitiera a la fiduciaria Fidupetrol recuperar 22 mil millones de pesos que
tenía embargados por orden de la Corte Suprema”.
Más grave que el propio
caso ha sido la actitud de este magistrado, quien a través de su abogado, ha
querido pasar el hecho como menor, pues ha expresado mil barrabasadas, categorizó en sus últimas declaraciones, que la justicia hoy no tiene nada
que ver con la ética. Por efecto del escándalo, han quedado al
descubierto una serie de artimañas que
realizó para llegar al cargo, propias de un político de la peor ralea, pues está claro que no tiene ni la calidad ni la experiencia para su
ejercicio. Miren además estas perlas:
“Ahora se sabe mucho más
sobre Pretrelt, como por ejemplo que a través de su esposa, una procuradora,
compra tierras a precios económicos, que han sido despojadas a sus propietarios
por paramilitares. Esas tierras que precisamente hoy deben ser restituidas a
las víctimas y que el magistrado pensó que podía convertir en su hacienda
personal, su Pretelandia, su parque de diversiones personal. Un caso de abuso
de poder soportado en las complicidades históricas de sociedades que siguen
dándose licencias por tanta impunidad”, su patrimonio económico, es muy alto y hasta ahora es injustificable, hay razones suficientes para pensar que tiene una cercanía perversa con
ciertos grupos de paramilitares al margen de la ley…en fin.
El caso nos ha permitido
conocer el virus de corrupción que afecta a las grandes cortes, por ejemplo, hay un clientelismo ejercido por los propios magistrados, se acostumbraron a usar una cantidad de artimañas y favores entre ellos mismos, para acceder a los cargos, jubilarse con sueldos altos, que han llevado a la majestad de la justicia a su peor nivel. También se ha develado un sinnúmero
de casos, donde a través del soborno se manipuló el reparto de algunas tutelas
donde están involucradas grandes cifras de dinero. A este punto de gravedad
llegó nuestro sistema judicial.
Pero en este país donde
nunca pasa nada, esperamos que se produzca alguna decisión al respecto. El juez natural del magistrado es la comisión de
acusaciones de la cámara de representantes, órgano lento, corrupto y que no está
preparado de ninguna manera para un caso como este, pero así lo determina la ley y no hay nada que hacer.
Hasta hace unos años, pese
a la gran lentitud del sistema de justicia en Colombia, teníamos en las cortes,
un verdadero magisterio: solemne, de mucho respeto y con jueces de una calidad
indiscutible. De alguna manera hoy todo esto se fue a pique. La realidad es
otra y el congreso es quien debe hacer una reforma para subsanar esta situación, los señores parlamentarios parecen no reaccionar para nada, por lo menos hasta
ahora.
La tarea no es fácil,
recordemos que este es un poder de suma importancia del estado. Colombia, llena
de oficinas de cobro, con un problema de violencia inmanejable, ningún favor le
hace la actual crisis a los problemas estructurales que padecemos.
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