El vil asesinato de dos menores en la ciudad de Medellín, quienes
fueron encontrados con signos de tortura hace tres días, el cierre de los
colegios de la comunidad de Robledo por presiones de los grupos armados y la tensión
permanente de varias zonas por los enfrentamientos entre combos y bandas,
mantienen la ciudad en vilo y reflejan la impotencia de las instituciones frente
al problema de la violencia, que
definitivamente se salió de madre.
El problema es absolutamente grave y requiere verdaderas políticas de
resocialización, inclusión y de acción inmediata donde aflore el concepto de
autoridad por encima de la intimidación reinante, frente a un fenómeno que no
ha podido ser entendido a cabalidad y que nace como consecuencias de las asimetrías
sociales de los últimos cincuenta años, las secuelas del narcotráfico, el paramilitarismo,
la violencia política y el desplazamiento.
El fortalecimiento de las Bacrim es consecuencia de los procesos de re-inserción fallidos con el paramilitarismo, después de los acuerdos de Ralito, que terminaron con la extradición de las cabezas de mando. Estos señores tenían un
control total sobre las bandas criminales en las principales ciudades. Al dejarlas acéfalas, súbitamente se generaron disputas entre los mandos medios, quienes hoy luchan por tomarse el control dejado por los capos. A esto se suma la multiplicación de pequeñas bandas, producto de la impotencia del estado.
Los lideres paramilitares, el proyecto de imponer un estado fascista con
la ayuda del narcotraficante, los enfrentamientos contra la guerrilla, las
alianzas con la clase política que les llevó a tener mayorías en el congreso y un número importante de alcaldías y gobernaciones, se consolidaron gracias a la permisividad del estado o su complicidad. Las consecuencias directas se tradujeron en batallas a granel contra los grupos guerrilleros, masacres, asesinatos, expropiaciones, durante casi una década. Estos fueron años convulsionados, se vivió en medio de tensiones sociales y el país se hizo el de la vista corta pensando que las acciones solo eran contra la guerrilla. Hoy sabemos que no fue así y la verdad fue que estos grupos se estaban tomando el país a sangre y fuego. Las consecuencias están a la vista y sólo basta ver la acción de los jueces para entenderlo. Hay en este momento más de cincuenta
congresistas en la cárcel, alcaldes, lideres regionales y políticos de todas los partidos, para no hablar de connotados personajes de la élite Esto quiere decir que se involucraron en semejante oprobio, sirios y troyanos y realmente son pocos los que se salvan de este fenómeno tan penoso de nuestra historia. Esta sopa se cosió gracias a factores como el narcotráfico, el paramilitarismo para-estatal, la corrupción y la proclividad al dinero fácil. Es un hecho, desde esta perspectiva, que el problema requiere un análisis juicioso y es preciso evitar visiones corto-plasistas.
Para entenderlo a cabalidad es preciso remontarse a seis décadas atrás. El desplazamiento
producido por la violencia partidista después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, las luchas fratricidas entre el partido liberal y el conservador, la exclusión política del frente nacional, los cordones de pobreza y marginalidad creados en casi todas las ciudades por el desplazamiento de familias enteras huyendo de la violencia, la inequidad y las asimetrías sociales fueron caldo de cultivo de estas bandas. A esto se suma el
fortalecimiento del narcotráfico y con él, la proliferación de opciones de vida delictivas
e ilegales, que le permitieron a la juventud acceder a la fantasía y engaño del
dinero fácil. En este juego les tocó la peor tarea: El sicariato, la extorsión y el control territorial.
La delincuencia y las Bacrim deben ser estudiadas desde los presupuestos de las
ciencias sociales, el derecho y las experiencias acumuladas sobre conflictos y comunidades
marginales. Entendemos que el
tratamiento policivo es de suma importancia por la gravedad de los hechos, pero
es pertinente hacer una mirada juiciosa de este fenómeno complejo desde donde se
le mire. Medellín y el Departamento de Antioquia han realizado esfuerzos muy grandes al
respecto, está descontado que no han sido suficientes. Pero por razones que
desconozco no se atiende el problema principal, que es volver a rescatar el respeto y la autoridad. Hablando con una agente de policía, quien padece la calle, nos resumió la situación con una frase
lapidaria: Señor, nos dejamos coger ventaja, así de simple.
En la ciudad de Medellín se construyeron bibliotecas, colegios, se
crearon verdaderas políticas públicas de inclusión, se generaron mecanismos de
financiación para el fomento de empresas familiares para atacar el problema de
manutención, se atiende el problema del desplazamiento con programas específicos
para este flagelo y se ha logrado que la ciudad tenga unos niveles de educación y cobertura altos, aún así, la violencia se ha incrementado y las disputas y balaceras entre bandas son el pan de cada día. Pero todos estos esfuerzos, no han
eliminado el problema de la idealización de la juventud por estas formas de vida. En esto ha jugado un papel preponderante la televisión, que ha lanzado series que revivieron la historia del narcotráfico y han servido de base para el fortalecimiento de estas idealizaciones macabras. La juventud a escogido
este camino, lo ha idealizado y poco le importan los peligros que el mismo
acarrea. Pa las que sea, dicen los parseros.
La ciudadanía no contribuye para nada. El problema es de valores desde
donde se le mire. Estas bandas que tienen entre sus actividades el cobro y la extorsión son utilizadas por el comercio y los ciudadanos de a pie de manera corriente para
recoger cartera, arreglar las pequeñas deudas, como si ello no implicara un
incentivo al delito. Se volvió corriente decir: si no me paga entrego la deuda.
Esto quiere decir que la dará a los grupos ilegales quienes harán el cobro a presión.
Las bandas ejercen control territorial, cobran tributos a través de las
vacunas, ejercen jurisdicción en los conflictos barriales y controlan el
comercio. Son un para-estado. Las instituciones deben asumir el problema con la
voluntad férrea de atacarlo en sus raíces y generar políticas de largo
plazo, pues es imposible remedir semejante problema en corto tiempo, realmente esto requiere una
verdadera política de inclusión desde el municipio y sus instituciones, con énfasis en lo
social, donde es necesario el apoyo total de la nación, dentro de un proceso de resocialización y erradicación de malas prácticas e implementación de valores y
principios, políticas que se van tomar décadas, pero que deben emprenderse cuanto antes. No es fácil, pero el reto es una necesidad
a voces.
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