INTRINGULIS JURIDICOS
EN COLOMBIA
La justicia y los
fallos de los jueces siempre tendrán un sustrato político, no solamente
por lo expresado en la ley, las normas, que están sustentados en la
constitución, sino porque estos reflejan sus propios intereses. La doctrina y la jurisprudencia también son mecanismos
procedimentales que le permiten al derecho renovarse y no se sustraen a este fenómeno.
Colombia es un estado
de derecho, con poderes independientes.
Existe independencia y colaboración entre ellos y una estructura de
contrapesos y garantías constitucionales entre los mismos. Como todos los países latinoamericanos, el
nuestro está lleno de leguleyos, abogados en exceso, normas infinitas e
intereses contrapuestos. Desde la constitución del 1991, que produjo cambios
sustanciales en la estructura del estado, los conflictos de competencia entre
las cortes y entre estas y el ejecutivo, han sido el pan de cada día, para no
hablar de la controversia que generó la creación de la Corte Constitucional y la
tutela, figura revolucionaria en materia de garantías, que terminó ejerciéndose
contra sentencias.
Durante el periodo presidencial
del doctor Uribe, las contradicciones entre la corte suprema de justicia y el
ejecutivo se recrudecieron hasta el punto de atentar contra la
institucionalidad del país. El ambiente desde el principio estuvo demasiado
enrarecido. Recuerdo que él presidente de la corte hace unos años, el
magistrado Francisco Ricaurte en el 2008 expresaba: entre el inventario de
inquietudes sobre "probados intentos el Gobierno por desacreditar a
los miembros de ese alto tribunal, preguntaba ¿Se comprometió el Presidente a desmontar un
dispositivo realizado por el DAS para escrutar incluso la vida privada de
algunos de ellos? Si el Presidente Uribe no tenía conocimiento de ello, ¿se
comprometió a activar una investigación administrativa para castigar a los
responsables? Esas fueron, entre otras, las preguntas planteadas al magistrado
Ricaurte por sus colegas, luego de su reunión con el Jefe del Estado. Paralelo
estaba la denuncia contra Julio César Valencia Copete, ex presidente de la
Corporación, denunciado por Uribe por injuria y calumnia después de haber
declarado que el mandatario le preguntó en una conversación telefónica por la
situación jurídica de su primo Mario, hoy preso por el escándalo de la
parapolítica. El segundo es el de Iván Velásquez, coordinador del equipo
especial que adelanta esa investigación, procesado por la Fiscalía a raíz de
una declaración de una carta enviada por 'Tasmania' a la Casa de Nariño y que
para los magistrados no es más que un montaje. Este fue el principio de un
marcado enfrentamiento, donde el ejecutivo en cabeza del Doctor Uribe, ha
quedado seriamente comprometido, algunos de sus funcionarios más cercanos están condenados y otros aun en investigación, quedando expuesto el develamiento
de una verdadera monstruosidad: Chuzadas, presiones indebidas, intervención de teléfonos, sobornos y desaparecimientos.
Dentro de este galimatías,
la corte suprema de justicia, envolató durante más de un año, la elección del fiscal general de la nación de la terna enviada por
el presidente Uribe, expresión tacita de un descuerdo político de sus miembros,
camuflada con argucias jurídicas, que no eran otra cosa que una posición política
y una defensa de su fuero, frente a la persecución flagrante del presidente.
Este era el ambiente de
hace tres años, el presidente Uribe, se ha caracterizado por tener un talante confrontacional, su
estilo es pendenciero y su terquedad impertérrita. Estábamos entre una
verdadera guerra entre el ejecutivo y la corte suprema de justicia, en medio de los conflictos graves de
siempre. Elegido el doctor Juan Manuel Santos a la presidencia, cambio la terna y la fiscal fue electa.
El consejo de estado
acaba de declarar la elección hecha por la corte suprema de justicia de la
fiscal nula, por vicios de forma y exactamente por violar su propio reglamento.
El Consejo de
Estado estimó que el reglamento no podía ser cambiado, esto no significa que
haya una falta disciplinaria, penal o fiscal. En ese momento, la Corte no tenía
a sus 23 magistrados porque cinco plazas estaban vacías y por eso estimó que la
mayoría calificada podía establecerse sobre quienes realmente estaban. Así las
cosas, la Fiscal Morales fue
escogida con 14 votos. “Quince magistrados del Consejo de Estado consideraron
que no estaba bien aplicado (el cambio) y 9 que sí. De manera que era un asunto
supremamente controvertible y eso significa que la Corte hizo uso de su facultad
de interpretar su propio reglamento”, consideró el ex magistrado Alfredo
Beltrán Sierra. Abelardo de la Espriella, columnista del heraldo expresa su
desacuerdo con el fallo de la siguiente manera: “La ley Estatutaria de la Administración de Justicia,(ley superior) señala
taxativamente que los miembros de las Altas Cortes pueden ser elegidos por la
mayoría simple de cada corporación. Según el reglamento interno de la Corte
Suprema, tanto sus miembros como el Fiscal General deben ser elegidos por una
mayoría calificada. No hay que ser un experto en derecho para entender que,
siendo una norma de más jerarquía, esa Ley Estatutaria tiene mayor fuerza
vinculante que el reglamento de la Corte. Por otra parte, y, en gracia de
discusión, si a los miembros de la Corte Suprema les es dado hacer su propio
reglamento, es apenas obvio que pueden modificarlo también, sobre todo si se
tiene en cuenta que la elección de Fiscal General se convirtió en su momento en
un tema que amenazaba seriamente la institucionalidad del poder público.”
Acaba de renunciar la
fiscal facilitando su remplazo, pero alegando una verdadera persecución. Está claro, que siendo una excelente fiscal
cometió errores que le costaron su puesto. No fue conveniente para nada la
posición frente a los intereses y actuaciones del Doctor Lucio, que le generaba
verdaderas inhabilidades, que ella no asumió. En todo caso hay un rifi-rafe,
entre los Uribistas de pura sangre y la corte suprema y entre esta y el consejo
de estado. Como para alquilar balcón. Sobra decir que las interpretaciones jurídicas
a esta nulidad, son infinitas. Siempre viviremos entre leguleyadas, este es el país
que nos toco por patria. Detrás de todo esto, se esconde también una visión de
estado y del derecho, fundamental tenerlo en cuenta.
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