Y entonces qué?
Por: Alfredo Molano Bravo
BRUTAL EL ASESINATO A SANGRE FRÍA de los estudiantes de biología de la Universidad de los Andes en un manglar de la desembocadura del río Sinú, en la Bahía de Cispatá.
Algún general de la Policía dijo que se trataba de una equivocación. Es decir, que los asesinos, integrantes de un verdadero ejército de paramilitares bautizado como ‘Los Urabeños’, no querían matar estudiantes sino que buscaban liquidar a los miembros de otro ejército paramilitar llamado ‘Los Rastrojos’. Ahora a los paramilitares de siempre se los llama de distintas formas para justificar la Seguridad Democrática. Pero la gente sabe que son los mismos y que tienen el mismo oficio de siempre: defender intereses creados —y pagados— entre los que el narcotráfico es el más lucrativo, pero no el único. También cuidan ganaderías, cultivos de palma, empresas mineras, compañías de transporte, puertos, manglares. El Gavilán, a quien le atribuyen el mando de ‘Los Rastrojos’, era —no sé si el tiempo verbal es el apropiado— hombre de confianza de Mancuso. Al repugnante asesinato de los universitarios hay que agregar otros homicidios no menos brutales y que no han conocido el mismo despliegue en los medios ni la cantidad de dinero “por información que conduzca al paradero de los delincuentes”. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, reveló que en la primera semana del año fueron asesinados en la región el profesor de Planeta Rica Esteban Tejada; el escultor y pintor de Tierralta Rubén Darío García; los campesinos Jaime Luis Acosta, Vladimir Guillén, John Mercado y Carlos Alfredo Mercado. El Meridiano, de Córdoba, ha reportado “25 asesinatos por parte de bandas criminales y las autoridades registraron seis asesinatos más en lo corrido del año”. O sea, 31 colombianos. La Policía y la Fiscalía anotan un asesinato diario en ese departamento. Un informativo del Ministerio de Educación Nacional informa que en 2010 la Fuerza Pública realizó 1.200 capturas, “casi todas por nexos con las bandas que surgieron tras el fin de la hegemonía de las Auc. Muchos de los detenidos eran oficiales y miembros de la Fuerza Pública, así como servidores públicos”.
La dramática situación no se limita a Córdoba. Entre Bahía Portete y Puerto Estrella, en la Alta Guajira, el dominio de los paramilitares es absoluto. Entre el Parque Tayrona y Camarones, también. Entre la Ciénaga Grande y el sur de Bolívar sucede lo mismo. Y ni qué decir de la región de Urabá, donde su poder empata con la serranía de Baudó y con el delta del río San Juan. Hacia el sur del río Dagua hasta Esmeraldas (Ecuador), ibídem. El 29 de diciembre cayeron en Buenaventura seis toneladas de cocaína. ¡Seis toneladas de perico!
Según El Espectador, la “Fiscalía General de la Nación ha documentado 173.183 casos de homicidio y 34.467 de desaparición forzada, el desplazamiento forzado masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad cometidos por paramilitares entre junio de 2005 y diciembre de 2010. Es decir, en los últimos cuatro años de la Seguridad Democrática. El país no se ha dado cabal cuenta de la tragedia que hemos vivido. La cifra sólo de homicidios casi iguala a la que los estudiosos de la violencia en Colombia (1946-1962) han establecido para esos monstruosos años: 200.000 muertos; y el número de desaparecidos en Colombia supera el de las dictaduras del cono sur en la década del 70, que fue de 30.000.
Ojalá la Fiscalía publique pronto también los casos documentados de homicidio, desaparición forzada y secuestro cometidos por las guerrillas para hacer el balance rojo de una guerra que no tiene fin ni objeto diferente al desangre sistemático del país. ¿Qué función han cumplido los miles de millones de dólares invertidos en armar y alimentar ejércitos de uno y otro tenor para llegar a concluir que ha sido una guerra inútil, pero administrada a favor de unos pocos y poderosos intereses? ¿Cuál ha sido el costo humano de mantener el orden social y de qué orden se trata?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario