VEREDICTO (DANIEL CORONEL-REVISTA CAMBIO)

 La historia la escriben los hombres, la padecen los congéneres, la propia naturaleza, para bien o para mal. Colombia, país de personajes y caudillos tiene como constante grandes confrontaciones, más que ideológicas solo buscan el poder, para usufructuarlo a sus anchas y con mucha tragedia como secuela y por supuesto muertos, desaparecidos y desplazados. Por la importancia del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, transcribo esta columna aparecida hoy en la revista cambio. No importa el resultado, el juicio y la sentencia fueron un buen comienzo para levar anclas de cambio y de justicia  CESAR HERNANDO BUSTAMANTE

Lo normal es que otros paguen por los delitos que tienen como único beneficiario a Álvaro Uribe. Mientras tanto, él se presenta como víctima y gana más poder. Sucedió en el episodio conocido como la yidispolítica. Con puestos públicos, notarías y contratos, compraron los votos parlamentarios para aprobar la reforma constitucional que autorizó la reelección inmediata. El único posible favorecido con ese delito era él, pero nada le pasó.

Quienes terminaron yendo a la cárcel fueron otros: Yidis Medina, la congresista que confesó cómo la habían convencido de venderse diciéndole: “hijita, hay que hacer patria”; Teodolindo Avendaño, a quien le pagaron por no votar y terminó aplastado por las evidencias; e Iván Díaz Mateus, quien hizo trato con el gobierno para silenciar a la principal testigo. 

También los ejecutores del soborno. Fue condenado a seis años de prisión el ministro del Interior Sabas Pretelt, un dirigente gremial tan feliz de haber llegado al gabinete que se saltó la ley para ayudarle al jefe. A la misma pena fue sentenciado el ministro de Protección Diego Palacio, un médico que habría podido tener una brillante carrera si Uribe no se le hubiera atravesado en el camino. Y Alberto Velásquez, el secretario general de la Presidencia, sentenciado a cinco años, también por comprar congresistas. 

Otro tanto sucedió en el caso de las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del que fueron víctimas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y el periodista Daniel Coronell. Por esa razón, han sido condenados el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, la directora del DAS María del Pilar Hurtado —quien me dijo que el propio Uribe la había instruido para burlar la justicia, asilándose—, y seis funcionarios más del organismo de inteligencia. Esta semana fue imputado por estos hechos Andrés Peñate, exdirector del DAS.

Durante el gobierno de Uribe, usaron las herramientas de investigación del Estado para espiar a jueces que estaban investigando la parapolítica, es decir, la relación de los aliados políticos del entonces presidente con paramilitares, a dirigentes de la oposición y a un reportero, porque querían identificar sus fuentes de información. 

Un documento de la Corte Suprema de Justicia, emitido esta semana, establece: “Los informes de inteligencia resultantes fueron compilados en documentos reservados y entregados directamente a la Presidencia de la República, sin autorización judicial, ni amparo en la seguridad nacional”.

Dice el auto con todas las letras que el resultado de los seguimientos ilegales llegaba a la “Presidencia de la República”, pero al máximo jefe de la entidad jamás le pasó nada.

Lo mismo ocurrió con el escándalo de “La Casa de Nari”. Una sentencia definitiva a 63 meses de prisión fue recientemente expedida contra el secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, quien sigue prófugo, y contra el secretario jurídico Edmundo del Castillo, quien cumple su condena cobijado con el beneficio de la detención domiciliaria. Otros involucrados en los mismos hechos como José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Eastman, siguen tan campantes que esta semana han salido a presionar la absolución del jefe, a quien el episodio –como es costumbre– le salió completamente gratis.

Un capítulo más es el de la carta falsa de Tasmania, fabricada para desacreditar al principal investigador de la parapolítica Iván Velásquez, participaron los presos Iván Roberto Duque y Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra. Este último, ahora testigo a favor de Uribe, declaró bajo juramento: “Quiero contar la novela de la carta, cómo llegó, que salió el presidente a decir que por medio de un abogado, que yo no sé qué, que me la entregaron ¡Miente! La carta la mandé yo, por medio de Sergio González Mejía”.

El Tuso, quien reitero, ahora oficia de testigo a favor del expresidente,  identificó también a quien daba las instrucciones para ese montaje: “El presidente manda la siguiente razón. A mí no me puede llegar una carta así, al sol de los tamarindos. Por una vía así tan folclórica. Esta carta la tienen que radicar en Presidencia. Entonces hay otra carta copia, que es la que se radica en Presidencia”.

También reveló los participantes en el plan de desprestigio: “entonces ahí aparecen José Obdulio Gaviria, Santiago Uribe Vélez, Edmundo del Castillo, Bernardo Moreno, Mario Uribe y el presidente Álvaro Uribe. María del Pilar Hurtado, Martha Inés Leal. Ellos hacen una carta, la famosa carta que lee el presidente”. 

El único condenado por estos hechos fue el abogado Sergio González, que era el Diego Cadena de ese momento. A él le tocó pasar un tiempo en la cárcel, a Uribe no le costó nada.

Ahora —a través de una feroz presión de opinadores, influencers, medios uribistas y partidarios del expresidente— buscan que la juez Sandra Liliana Heredia ratifique lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos años. La elogian, la apremian, la aconsejan: ¿para qué condenarlo si en todo caso no va ir a la cárcel? La amenazan veladamente con perseguirla, con desacreditarla, con el juicio de la historia, con la inteligencia artificial, con quitarle la visa a Estados Unidos. Le advierten sobre el terrible apocalipsis que se cierne sobre Colombia si ella se atreve a tocarlo, si toma el riesgo de ver lo que ellos quieren tapar. Y la estimulan, en cambio, para que valide la cómoda teoría que promueven.

De acuerdo con la versión de los áulicos del señor expresidente, un curioso bestiario se juntó espontáneamente para voltear testigos y ponerlos a favor de Uribe, sin que él tuviera participación alguna. 

De esa conspiración para favorecerlo, hicieron parte un abogaducho —más bien un fixer carcelario—, que mezcla en proporciones similares estupidez y maldad; el elegante secuestrador del suegro del expresidente Andrés Pastrana, un pelafustán del bajo mundo de Neiva que se declara “aférrimo” uribista, el vergonzoso presidente del Consejo Nacional Electoral, el buen Tuso, tres hampones de la órbita del jefe de la Oficina de Envigado, una abogada que llama al capo “mi Cesarín” y una fiscal condenada por recibirle millonarios sobornos al mellizo Mejía Múnera. Esa muy honesta y desinteresada comparsa quería ayudarlo, por supuesto, sin que él se enterara de nada, ocupadito como vive en hacer el bien.

Para ellos, esta larga impunidad no es el resultado del poder omnímodo que ha ostentado Álvaro Uribe en el último cuarto de siglo, sino un derecho natural que solo él tiene y que todos los ciudadanos tenemos que acatar.