Empiezo citando un aparte de la última columna del periodista Daniel Coronel:
" El expresidente Álvaro Uribe, y los medios a su servicio, están tratando de presentar su llamamiento a juicio como una persecución política. Algunos han llegado a afirmar que la Fiscalía debe seguir portándose como lo hizo bajo Francisco Barbosa y su paje Gabriel Ramón Jaimes: ignorando las pruebas y persistiendo en la petición de preclusiones contraevidentes hasta que prescriba la acción penal para que Uribe salga del problema por vencimiento de términos.
Citan a los vergonzosos fiscales delegados de Barbosa como ejemplo, olvidando que dos juezas del circuito rechazaron sus pobres argumentos de preclusión junto con el Tribunal Superior de Bogotá. Los alegatos de Álvaro Uribe también han fracasado en la Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Instrucción del mismo tribunal. La única manera de dirimir esta situación es un juicio aunque se inicie a partir de un documento de acusación tan precario, por corto y omisivo, como el presentado por el fiscal Gilberto Villarreal, una ficha de Jaimes".
De antemano sabemos que los abogados del doctor Uribe le apuestan a la prescripción. Igual reconocemos el inmenso poder de los expresidentes en Colombia, con la mayoría de los medios de comunicación a su favor y la férrea actitud del imputado frente al llamamiento a juicio.
En nuestro país no es de extrañar que un proceso como este lleve más de diez años, la defensa ha sido dilatoria descaradamente y pese a la popularidad que aún mantiene el expresidente, es la primera vez que se llama a juicio en la historia a un hombre de su dignidad.
Hay muchas cosas importantes que subyacen en la decisión y el juicio: tres acusaciones muy graves, incluyendo el fraude procesal, el intento de soborno de testigos y el hecho de demostrarse que el Doctor Uribe y su hermano son los fundadores del grupo paramilitar Bloque metro. Dos jueces del circuito, la corte suprema de justicia y la corte constitucional han ratificado la decisión objetada mediante diferentes recursos, lo que se traduce que hay suficientes pruebas que ameritan el llamado a juicio. Esperamos que sea justo, que se respete el derecho de defensa y sobre todo que, el país conozca la verdad.
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