El problema más grave de
los países latinoamericanos es el de la inequidad y su consecuencia más
nefasta la marginalidad. Las ciudades son espacios donde estas dos realidades
en contravía de los imaginarios utópicos establecidos, se confrontan con una crueldad
sin precedentes, tristemente ya no conmueven a nadie, son parte del
paisaje natural de nuestras rutinas: opulencia y pobreza perviven en un mismo espacio, en unas tensiones permanentes, sin solución cercana. La violencia en Colombia, en un
conflicto de más de cincuenta años, ha producido emigraciones y cordones de
pobreza, collares que cuelgan en los extremos de las ciudades, reflejan de alguna manera las consecuencias de un conflicto que apenas empezamos a
resolver, sumado a otras variables sociales aun más difíciles de explicar.
Las relaciones entre
conflicto y marginalidad han dado para discusiones teóricas de carácter académico
harto conocidas. Pero la realidad cruda, muestra sus llagas sin que nada pase. En Medellín
Colombia, 107 personas, 25 familias, 37 niños, viven asentadas sobre la
quebrada Iguana, al frente de la universidad nacional de Medellín, desplazadas
por la violencia desde hace más de cinco años. Viven entre una zona comercial
muy importante y fuerte, un barrio de clase media alta y la propia universidad,
asentados en la ribera de la canalización en unas casas de madera expuesta a
los mayores peligros en estos días de invierno y lluvias perpetuas. “El derecho
a la ciudad, definido por Henri Lefebvre en 1967 como el derecho de los
habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad”, constituye el marco
cotidiano que pervive en medio de procesos no resueltos, no definidos y que
pese a los esfuerzos para generar procesos de inclusión, se caracterizan por la
indiferencia social, que se volvió el pan de cada día, como el caso típico de
estas personas.
La alcaldía de Medellín,
que se caracteriza por su diligencia, en este caso especifico, ha sido
negligente, indiferente y cruel. No ha entendió nunca el problema
central de estas gentes, no es otro que la re-ubicación, el derecho a
una vivienda digna y la necesidad de ser atendidos con toda la fuerza y la
capacidad del estado al respecto, son desplazados, violentados, su situación
es producto de presiones sociales muy fuertes. He decidido liderar y presentar una acción
popular, un instrumento jurídico idóneo para ese tipo de situaciones, busco
poner en manos del poder judicial este caso, para obtener soluciones sustanciales. Cuando me presentaron el caso, quede impertérrito ante esta situación, nunca imagine tal panorama, la mayoría de las veces nos encerramos en
urnas de cristal sin saber que pasa a nuestro lado. Recordé, hablando con sus
moradores, los análisis del peruano Fernando De Soto, experto en estas
economías, sobre la capacidad de la gente marginada para salir de sus problemas
coyunturales y de diario. Descubrí hasta donde llega la economía del rebusque
de estas gentes, su capacidad para no dejarse avasallar por tanta tragedia junta, su inteligencia para ir rasguñándole a la institucionalidad sus derechos y
como al final, sólo buscan una inclusión que se les niega todos los días. Pese a todo sobreviven,
tienen valores, atienden y educan a sus hijos y permanecen día a día en pie de
lucha tratando de hacer valer sus derechos. La alcaldía de Medellín decidió
desalojarlos sin solucionarles su problema central, su reubicación, sacarlos a
la calle, romperles su unidad, hasta la fecha, fuera del aviso de desalojo, no
hemos visto ningún trabajo social de sensibilización, de escrutación, de evaluación,
sólo una medida policiva por fuera de cualquier proceso de inclusión, de reubicación.
Hay una líder inteligente,
batalladora, la señora Xyomara, carga con la totalidad de este problema, vive
en esta comunidad, va de despacho en despacho gubernamental defendiéndose de
los atropellos, recopila todas las leyes que les favorecen, entutela cuando lo
necesita, abre espacios, habla con autoridades, recurre a la academia esperando
encontrar sentido y lucidez para su lucha,
busca soluciones por donde quiera que se
vislumbren, siempre solitaria, protegiendo a una comunidad desvalida. Cuando le
escucho en sus largos soliloquios, me asombró de su capacidad, se ha formado en
medio de esta tragedia, conoce las leyes sustanciales que la protegen, sus
derechos, corrige a los abogados que pretenden desvirtuar su lucha y sobre todo
es perseverante.
La lucha por los espacios,
la tierra el problema central de nuestro conflicto, atiende a una serie de
miradas, que se han olvidado. “En 1990 se produce una transformación en ese
sentido y las diversas disciplinas comienzan a recoger a la geografía y a los
estudios del espacio; comienzan a reconocerlos y a incorporarlos en sus
trabajos intransdiciplinarios […] lo que conocemos como giro espacial,
entendido como un cambio ontológico, una lucha ontológica, es decir, un cambio
en la manera más bien básica de ver la existencia humana, de comprenderla. Autores
contemporáneos no dudan en señalar que el espacio geográfico debe leerse como
el espacio construido, lugar en el cual se desarrolla la acción humana, el
territorio que se ordena y gobierna, donde se manifiestan los intereses
políticos y se ejerce poder, desde donde se puede interpretar el pasado y soñar
la construcción de un futuro, aquel que es habitado por diversidad de grupos
étnicos con dificultades y problemas sociales”. No podemos seguir viviendo con
realidades como está como sí no estuvieran pasando, indiferentes. Recurdo
conceptos que parecían obsoletos y es evidente que siguen vigentes: “Henri
Lefebvre (1901-1991) construyó su hipótesis de trabajo sobre el derecho a la
ciudad como la posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos y
principalmente de la clase obrera, de crear y producir la ciudad”. La academia trabaja
con esmero estos temas, pero ya es hora que se incorporen a la
institucionalidad. Espero que se le de solución a estas comunidades.
